El Título III de la ley PROMESA, que estableció una junta de control fiscal para manejar la crisis financiera de la isla, prevé en su Título III la quiebra como un recurso que permite reestructurar la deuda en caso de que el gobierno y sus acreedores no logren acuerdos.
Rosselló afirmó que de esta forma se asegura la prestación de los servicios esenciales al pueblo ante la imposibilidad de cumplir con los acreedores de la deuda pública de US$72 mil millones de dólares.
Esta acción se produce un día después de que varios tenedores de bonos rechazaron una propuesta del gobierno de Puerto Rico de pagar el 50% de su valor original y optaron por acudir a los tribunales federales en San Juan y Nueva York para reclamar la totalidad del dinero.
La bancarrota se consideraba inminente luego que el 1 de mayo terminó la moratoria establecida por la legislación PROMESA, acrónimo de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, aprobada a mediados de 2016 por el Congreso estadounidense.
“El objetivo final de esto es proteger a nuestro pueblo”, afirmó el gobernador, argumentando que los acreedores pretenden “reducir el dinero disponible para el pueblo de Puerto Rico”.
