Y advirtió también que “la campaña electoral puso de relieve las debilidades en la gobernabilidad que son una limitación clave para la solvencia soberana de Guatemala”. Prensa Libre consultó a diversos analistas sobre el contenido del documento y estas son sus apreciaciones:
Gobernabilidad
La firma afirma que la gobernabilidad en el país es débil y aunque menciona que no ha tenido grandes efectos macroeconómicos, sí es una barrera importante para un mayor impulso al alza de las calificaciones de riesgo país. Los consultados coinciden en que se sigue teniendo instituciones débiles y problemas en la ejecución del gasto público, lo cual afectan la gobernabilidad.
Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, indicó que el gran problema del país es que se tienen instituciones muy débiles en los poderes del Estado, que son disfuncionales. En el caso del Ejecutivo, hay muy poca capacidad de implementar programas innovadores que puedan solucionar los problemas del país, además de que la educación está cooptada y sin posibilidades de reformas importante en el corto plazo.
Una situación similar se da en el tema de salud, que son dos pilares fundamentales para mejorar las condiciones de vida y el capital humano. Y en el caso del capital físico, como infraestructura, que podría incrementar la productividad del país, tampoco hay posibilidad de ejecución que permita mejorar de forma significativa las condiciones, en aspectos como el tránsito de mercancías.
Opina que en el Congreso tampoco hay voluntad política para hacer las reformas que se necesitan para que el gobierno sea más efectivo y eficiente: “sabemos que en el Congreso lo que se tiene es una agenda de negociación y de repartición del presupuesto que no es ni siquiera ideológica, sino clientelar, y las Cortes están en una situación grave porque se les percibe como sujetas al poder político y no tienen independencia suficiente”.
A su juicio, con ese panorama es difícil que se pueda aumentar la calificación de riesgo país porque siempre está la posibilidad y el riesgo de caer en una crisis mayor que impida cumplir los pagos de la deuda externa, aparte de que es el principal obstáculo para lograr un crecimiento económico mucho más robusto.
Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), coincide con la debilidad en la gobernabilidad y opina que se deben superar esos aspectos que han contribuido a alejar al país de una mejor calificación, lo cual implica que no se ha podido atraer más inversiones (con un costo de oportunidad implícito). “El desarrollo mejoraría las condiciones de vida e incluso, disminuiría la migración al extranjero, ya que muchos jóvenes siguen buscando oportunidades afuera”.
En tanto, Edgar Balsells, consultor independiente y exministro de Finanzas, expuso que las calificadoras y otros entes internacionales cruzan información importante y siempre han recalcado las dificultades en el tema social y de la institucionalidad aunque muchas veces, en Guatemala no se quiere hacer ver eso.
“Por ejemplo, en la parte macroeconómica hay estabilidad, no hay restricción de divisas y ven que hay un déficit fiscal aceptable; pero eso no lo es todo, ya que hay otros temas que pueden tener una gravedad muy alta, como la denuncia del plan para matar al binomio presidencial electo”. Entonces, recalca que condiciones como esas generan una gran incertidumbre y tienen una relación directa con el tema de riesgo en general.
Déficit fiscal y recaudación
Por aparte, Fitch expone que el plan económico del presidente electo Bernardo Arévalo prevé un aumento sustancial en el gasto social, lo que puede incrementar el déficit fiscal y la deuda pública.
Boteo refiere que el nuevo gobierno intentaría tener un déficit más alto (4% del producto interno bruto, PIB) para cubrir ese gasto, pero ve que hay muy pocas posibilidades de viabilidad política para que pueda concretarse, pues enfrentaría una fuerte oposición en el Congreso, donde el Movimiento Semilla es minoría.
“Como lo menciona la calificadora, somos una sociedad muy contraria a impuestos nuevos o más altos, por lo que al nuevo gobierno le sería muy difícil impulsar una reforma fiscal, por lo que tendrá que financiarse con más recaudación fiscal y ataque a la informalidad, que existe a un nivel significativo”.
Prado considera que las medidas de política fiscal que se adopten deben coadyuvar al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y en ese sentido, es necesario que el déficit procure esa estabilidad. Pero explica que existe la necesidad de que los recursos públicos se focalicen en el gasto social, como en la educación y el acceso a los alimentos, debido al impacto negativo de la pandemia. “De no resolverse, habrá un impacto directo en el desarrollo físico y cognitivo de los niños y en el crecimiento económico futuro”.
Añadió que en el 2020 se llegó a casi a un 5% de déficit, aunque se justificó por la emergencia sanitaria, pero no significa que los ingresos de las familias no se deterioren.
Balsells mencionó que él no ve el tema desde el punto de vista de la ortodoxia porque el déficit fiscal depende de dónde se inviertan los recursos: si se invierte en la sociedad, trae una retribución posterior en el PIB, así que todo depende de la calidad del gasto y del combate a la corrupción. Como ejemplo, cuestiona “de qué sirve tener un financiamiento y niveles de ampliaciones en el presupuesto de hasta Q3 mil millones, si las carreteras del país siguen mal”.
No hay espacio para más impuestos
El otro comentario que Fitch incluye en su boletín es que “el establishment político de Guatemala se ha resistido durante mucho tiempo a los aumentos de impuestos y a la acumulación de deuda”, a lo que Boteo indicó que la recaudación ha aumentado con medidas administrativas bastante efectivas, por lo que no visualiza una reforma fiscal en el corto plazo, pero tampoco la judicialización de los casos.
En cuanto a la reforma fiscal dijo que los gobiernos solamente tienen la oportunidad de realizarla al inicio de su período, cuando gozan de mayor popularidad, aparte de que actualmente, la gente percibe un alto grado de corrupción dentro del Estado. “Aunque se tenga la percepción de que es un gobierno anticorrupción, dudo mucho que la sociedad guatemalteca vaya a estar dispuesta a un nuevo pacto fiscal o a una reforma tributaria”.
Prado añadió que es importante también reconocer que el país se esforzado en fortalecer los ingresos tributarios, sin embargo la población merece resultados con el uso de los impuestos que paga. “Creo que cuando se ven muestras de que con lo poco que se tiene se puede dar resultados, el país se puede plantear la idea de aumentar los ingresos por la vía del aumento de tasas impositivas, pero en este momento no creo que sea conveniente”.
“Es decir, el país sí requiere una reforma fiscal de carácter integral, pero en este momento no es recomendable tocar las tasas, sino más bien dar muestras de calidad del uso de esos recursos” con transparencia y calidad del gasto.
Balsells opina que el incremento de la recaudación después del 2020 ha sido por lo que denomina “un efecto látigo”. Es decir, una recuperación de actividades luego de la caída drástica por las restricciones del covid, “pero ese comportamiento ya no tendrá tanto impacto en años posteriores”.
El analista critica además que las actuales autoridades fijan metas muy conservadoras junto con el Ejecutivo para poder superarlas sin problemas y coincide en que nadie quiere hablar ahora de una discusión fiscal, ni siquiera el Movimiento Semilla. A su criterio, ellos prefirieron obviarlo, porque “si (en la actualidad) a como están de moderados, los quieren matar, imagínese si estuvieran proponiendo una reforma progresiva con impuestos directos”.
