Arévalo agregó que la norma es similar a la ya existente de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que son sujetos de un seguimiento especial por el sistema bancario y financiero.
En el caso de los contratistas y proveedores del Estado se regirán en un marco de control antilavado, de acuerdo con los cambios a la Ley de Contrataciones del Estado.
De acuerdo con los reportes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), en 2015 se recibieron un total de 1 mil 311 RTS que generaron 135 denuncias y ampliaciones ante el Ministerio Público (MP).
“Las personas obligadas (bancos y entidades del sistema financiero) tendrán que utilizar un sistema distinto al de los usuarios normales, especialmente cuando los montos sobrepasen los Q900 mil, como lo establece la Ley de Contrataciones”, afirmó Arévalo.
Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, opina que los nuevos controles permitirán rastrear el destino de los recursos del Estado.
“Los contratistas se ponen de acuerdo con la empresa B o C y tienen un patrón. Los controles determinarán quién en realidad se queda con el dinero”, expuso Lavarreda.
Respecto de los proveedores del Estado, el portal Guatecompras establece que 20 mil de ellos tienen adjudicaciones, mientras que con contratos abiertos existen 91 mil y 32 mil están inhabilitados.
Transacciones sospechosas
Por aparte, Arévalo informó que en lo que va de 2016, la Superintendencia de bancos (SIB) ha registrado 56 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) y ha presentado cuatro denuncias equivalentes a Q12 millones.
De acuerdo con los reportes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), en 2015 se recibieron un total de 1 mil 311 RTS que generaron 135 denuncias y ampliaciones ante el Ministerio Público (MP).
Según los datos, las denuncias implicaron a 5 mil 785 personas por transacciones de Q2 mil 400 millones.
