El economista José Chavez, del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) explicó que la regionalización de los salarios existe en otros países como en México en donde no gana lo mismo un ingeniero en Monterrey que en la Ciudad de México ya que se basan en productividad de cada Estado, la cual varía dependiendo factores como la calidad de las empresas, el dinamismo económico local, el estudio de la persona.
El objetivo es ser más eficiente en la determinación del salario por región, agregó Chávez, mencionando que en la actualidad en Guatemala hay muchas regiones en donde no se paga el salario adecuado.
Expuso que muchas veces en la provincia que un ingeniero no puede ganar lo mismo que en la ciudad, por lo que todos esos salarios deberían de ser ajustados a los factores técnicos mencionados como la actividad económica en que se desenvuelve, la productividad local y que incluso existe un índice de competitividad local que determina todo este tipo de cosas.
Respecto a los salarios diferenciados se que se impulsaron en el gobierno del Partido Patriota, Chavez comentó que ese proyecto fue suspendido en las cortes, pero a su criterio se debió a una mala implementación de esa figura ya que el procedimiento es legal. Considera que esa figura podría instalarse en temas paritarios como en las comisiones de salarios por cada departamento. Sin embargo, este lunes 10 de agosto explicó que la ley que propone ahora el Cacif es poder implementarlo el salario regional en zonas específicas de desarrollo económico o donde la matriz económica y alcaldía local lo requieran, por ejemplo alrededor de proyectos de desarrollo de los puertos.
Roberto Ardón, director ejecutivo del Cacif dijo que se refieren a la posibilidad de poder hacer una estrategia de desarrollo que tome en cuenta la vocación productiva de las zonas, si hay decisiones de poder atraer inversión en distintas zonas, y que el Estado impulse procesos de formación técnica para el desarrollo del mercado de trabajo o necesidades de formación profesional a partir de vocaciones productivas de distintas zonas para los procesos de formación técnica.
Luis Linares, consultor en temas laborales de Asíes, indicó que tanto el tema del salario regional como la política nacional de salario deberá discutirse en la Comisión Nacional de Salario para lograr un equilibrio en la propuesta entre sector empresarial y laboral. Añadió que no se debe justificar alguna de estas reformas propuestas para hacer más precarios los salarios mínimos en Guatemala y menos en la coyuntura del covid-19 que trajo más precariedad laboral.
Conformación del plan de reactivación
Los directivos del Cacif explicaron que el Predes tendrá impacto positivo tanto en el económico como en el político, social y mediático para la recuperación después de la pandemia por el covid-19.
Si se cumplen con las acciones propuestas en el primer año se llegaría a generar 183 mil 700 empleos en el 2021 y cada año se le va sumando más puestos de trabaja hasta llegar a 590 mil 700 en el 2030, además influirían en lograr crecimientos de la economía desde 4.1% hasta 6.1% anuales en ese período, explicaron Nils Leporowski, presidente del Cacif, Ardón y Chávez.
Consiste en un conjunto de leyes además de acciones divididas en cinco ámbitos como el económico, institucional, infraestructura, mercado y clima de negocios, así como recurso humano.
“Se están viviendo tiempos extraordinarios y requieren decisiones extraordinarias, algunos temas llevan el debate muchos años y otros requieren construcciones de elementos importantes” dijo Leporowski, que junto al equipo de Cacif explicaron que el horizonte de la propuesta es de 10 años y es necesario tomar decisiones para lograr los efectos estimados.
17 de las 27 propuestas deben pasar por el Congreso
Analistas consultados, como Hugo Maul del Centros de Investigaciones Económicas y Nacionales (Cien) y Jorge Benavides de Fundesa, dijeron que no conocen a fondo la propuesta, pero con base a las acciones y fechas dadas a conocer el lunes mencionaron que es importante que se maneja un cronograma y posible impacto en crecimiento económico y generación de empleo por año.
Sin embargo, hacen ver que muchas de dichos temas dependen de aprobaciones de leyes en el Congreso y se deberá ver si tendrán los votos necesarios para ser aprobados.
Al menos 17 de estas requieren aprobación en el Legislativo como la derogación el impuesto de Solidaridad (ISO), pacto de eficiencia y simplificación tributaria, Ley de Leasing, Ley de Insolvencias, reformas a la Ley de Bancos, Ley de Interés Preferencial para Facilitar el Acceso a la Vivienda, Reforma a la Ley de zonas francas, acuerdos de doble tributación. Además, Ley antitrámites, crear una política pública para adoptar un sistema nacional de adquisiciones, reglamentar el tiempo parcial (Convenio 175 de la OIT), una nueva política nacional del salario, desarrollar la normativa del convenio 169 OIT (consultas a pueblos indígenas), Ley de estabilidad jurídica, marco regulatorio del comercio electrónico, la aprobación de la Ley General de Infraestructura Vial, y la reforma al Decreto 16-2010 que contiene la Decreta la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.
Hay que tomar en cuenta que algunas de estas necesitan acuerdos nacionales o internacionales logrados por el Organismo Ejecutivo antes de ser aprobados o ratificados en el Congreso, como la integración aduanera o que requieren leyes o reformas en el Congreso luego de haberse hecho una propuesta por el Ejecutivo como el sistema nacional de adquisiciones o la política nacional del salario.
Maul explicó que con algunas de estas leyes se pueden lograr mejoras en las condiciones de negocios y empleos. Sin embargo, expuso que se necesita una priorización de reformas con el objetivo promover sectores estratégicos con capacidad de generar empleos formales a gran escala, para ello se necesitan políticas verticales, dirigidas a sectores específicos.
Pero observa que, en base a políticas verticales como las que muestra el documento, de propuestas del Cacif, ve muy difícil que el país pueda superar las limitaciones estructurales al crecimiento de las últimas décadas. “Las reformas horizontales, que benefician a todos los sectores, son condición necesaria para la reactivación, pero no garantizan el brinco que el país necesita”, agregó.
Los consultores ven que en el cronograma de impacto económico, referente al año en que las propuestas empiezan a tener efecto se dejan muy lejanos las referentes al convenio 169 de la OIT, programada, que tendría efecto hasta en el 2026, según la propuesta del Cacif, así como la política nacional de salario en el 2024 y el pacto de eficiencia y simplificación tributaria para el 2026.
Y es que algunos de estos temas ayudarían a la generación del empleo y atracción de inversiones, mencionó Benavides.
Maul agregó que están incluyendo iniciativas que se vienen arrastrando desde hace varios años y es posible que no sean prioritarias en este momento. Comentó que una es la de la tasa preferencial para créditos de vivienda, ya que si bien es importante disminuir el déficit de vivienda, en la actualidad el problema no son las tasas de los créditos, sino que la gente no tiene empleo o le bajaron sus ingresos, por lo que no están buscando créditos.
Benavides opinó que el número de empleos que menciona el Cacif que se generarían los primeros años de implementación de las medidas incluyen no solo datos de puestos nuevos de trabajo sino de recuperación de empleos perdidos durante la pandemia del coronavirus.
Algunas de las iniciativas que más podrían ayudar a la generación de trabajos son las iniciativas que tienen relación a la infraestructura, zonas francas, vivienda.
En tanto Maul considera que para la recuperación del turismo, un sector estratégico en el país por la generación de recursos y de empleos, se necesitarán más que campañas de invitación a viajar, por lo que ese tema se debería fortalecer.
