El pacto fue firmado por el superintendente Marco Livio Díaz Reyes, y el secretario general del sindicato Pablo Antonio Gordillo Urioste, por una sentencia dictada el 5 de noviembre de 2020 por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.
Es decir, se está cumpliendo una orden judicial por un Laudo Arbitral del 9 de enero del 2020 por el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, dentro del conflicto colectivo económico social.
Díaz Reyes asumió la jefatura de la SAT en abril del 2020, semanas después de haberse declarado la emergencia por el covid-19 en Guatemala, pero la resolución ordenó firmarlo.
La vigencia del pacto colectivo es de un año, pero las partes tendrán que sentarse para discutir el nuevo convenio, no obstante, ya hay derechos adquiridos.
Prensa Libre intentó tener la versión de Díaz Reyes, pero tras varios intentos la semana pasada por medio del Departamento de Relaciones Públicas, no se logró respuesta.
Pacto ‘covid-19’
Parte del razonamiento para la nivelación salarial a los trabajadores del ente recaudador son los efectos causados por la pandemia en Guatemala.
“En virtud de la especial y delicada situación económica que vive el Estado de Guatemala, por el estado de Calamidad Pública, inducido por la pandemia SARS-CoV 19, (…) por el momento obliga a una contención salarial para asegurar el empleo”, indica el art. 15, que trata sobre hacer los ajustes salariales para dos grupos de trabajadores según la clasificación o categoría interna de la SAT.
El primer grupo de análisis será para aquellos trabajadores que tienen ingresos no mayores de Q6 mil y se utilizarán criterios de acuerdo con los puestos de trabajo que representen igualdad de condiciones, en cuanto a desempeño profesional.
Este proceso tiene como fecha de conclusión marzo 2021, y se creará una comisión paritaria para hacer el proceso de estudio. El otro grupo de aplicación es para los salarios entre Q6 mil a Q8 mil, y el ajuste debe concretarse en septiembre próximo.
Pliego de bonos
Además de la nivelación salarial para los trabajadores, el pacto establece una batería de bonos adicionales, que, aunque ya existían se fija un monto especifico, que representarán una erogación adicional.
El próximo 23 de junio, cuando la SAT cumpla 23 años de fundación, cada uno de los trabajadores recibirá Q2 mil como bono de aniversario en forma permanente y continuada por la creación de la entidad.
El otro beneficio, que equivale a Q2 mil adicionales, se otorgará anualmente a todos los funcionarios y empleados públicos del denominado “bono de productividad o mejor desempeño”, el cual será pagado en la segunda quincena de enero de cada año.
Consultados algunos exfuncionarios de la SAT, expusieron que este bono de desempeño estaba condicionado al cumplimiento de las metas anuales de recaudación del año fiscal previo, sin embargo, ahora quedó permanente, se cumpla o no con la programación de los ingresos tributarios.
Por bono escolar se otorgarán Q1 mil 500 en la primera semana de enero de cada año a cada trabajador y cubrirá para los hijos de los trabajadores comprendidos en las edades de 5 a 17 años.
Finalmente, la SAT tendrá la obligación de consolidar o unificar como salario total o devengado cualquier bonificación que actualmente o a futuro pague a los trabajadores, tomando en cuenta para el cálculo de prestaciones laborales que correspondan –ventajas económicas–.
“Incentivos perversos”
Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), reiteraron la necesidad de llevar a cabo los análisis financieros en la suscripción de este y otros acuerdos con los trabajadores del sector público y entidades descentralizadas.
“La lucha de la clase trabajadora queda desvirtuada por estas injusticias, privilegios para unos, precariedades para otros”, declaró Barrientos.
Reconoció que son derechos para los trabajadores, pero cuando se negocian estos bonos de aniversario o por productividad, ya no es una remuneración justa, legal y legítima, sino se vuelve un sistema de incentivos perverso.
Citó que el bono de aniversario ya cae a una categoría de remuneraciones cuestionables, tal como sucedió con el bono antiestrés que se otorgaron hace algunos años a los trabajadores del Registro de la Propiedad de Inmueble, así como de otras prebendas que organizaciones sindicales han negociado.
“Las remuneraciones ya se vuelven un problema fiscal porque son erogaciones que implican recursos públicos, pero, sobre todo, en la entidad que genera la principal fuente de financiamiento del presupuesto”, aseveró Barrientos.
Lavarreda señaló que es necesario hacer una discusión más amplia sobre este tipo de pactos y promover la iniciativa de Ley Sobre Servicio Civil, ya que existe poca transparencia en las remuneraciones de los empleados públicos en general, sobre todo en los beneficios de los bonos que son complementos a los salarios.
“Es muy difícil saber verdaderamente cuánto están ganando los trabajadores del sector público con este tipo de bonos adicionales y otros beneficiosos no salariales”, subrayó.
Presiona la caja
Lavarreda añadió que todo este tipo de incrementos salariales y de bonos adicionales impactan en el incremento de la masa salarial del sector público que viene con una tendencia hacia el alza en los últimos años, que se hace en el detrimento de la inversión pública.
Por otro lado, la carga tributaria sigue estancada, lo que genera un ciclo de problemas sobre la sostenibilidad de esas prestaciones planteadas en los distintos pactos colectivos, que no solo tienen un impacto de corto plazo, sino también en las clases pasivas.
Recomendó que todos estos análisis deben realizarse en un marco de la capacidad financiera.
