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Sectores privado y público se oponen a la condonación de millonarias deudas municipales con el Inde

Comisión legislativa dictaminó favorablemente la iniciativa de ley 6349 que propone “borrar” un endeudamiento acumulado por servicio eléctrico que supera los Q3 mil millones.

La deuda en algunas  empresas eléctricas municipales se ha acumulado por años. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

La deuda en algunas empresas eléctricas municipales se ha acumulado por años. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

El sector privado organizado representado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), así como el Ministerio de Energía y el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) se manifestaron en contra de una posible condonación de la deuda que más de diez empresas eléctricas municipales (EEM) acumulan con dicho instituto.

La postura de los sectores se dio a conocer luego de que la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso emitiera el jueves 22 de agosto un dictamen favorable a la iniciativa de ley 6349, que establecería la condonación mediante un decreto.

Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas, y presidente del Inde, expuso que no es conveniente apoyar esta iniciativa, pues aparte de que el tema requiere un análisis más profundo, si se aprueba el decreto tendrá que acudirse a otras instancias porque es una ley que incumple con preceptos legales y constitucionales.

“La condonación de la deuda afectaría la certeza jurídica del país y desmoralizaría a aquella población que anhela contar con electricidad, por lo que se insta al Pleno del Congreso a analizar de forma profunda esa iniciativa de ley que “aliviaría” a los gobiernos locales, pero castigaría a la población que los eligió, con el afán de vislumbrar un futuro próspero”.

Añadió que perdonar alrededor de Q3 mil 200 millones de deuda perjudicaría las finanzas del INDE, provocando que ya no se pueda continuar con inversiones en electrificación rural y redes de transmisión, aparte de que estaría en riesgo la sostenibilidad del aporte a la tarifa social como subsidio.

Datos actualizados al 5 de marzo de 2024, dan cuenta que la deuda de las EEM llegaba a Q3 mil 186 millones y según el ministro, ese monto significaría unos tres años del aporte al subsidio a la tarifa social (que representan aproximadamente Q1 mil millones anuales), o no poder conectar a 100 mil familias con electrificación rural (alrededor de medio millón de personas).

En el 2024 y 2025 podría no verse el efecto inmediato en el aporte (subsidio) a la tarifa social, pero sí en el 2026 y 2027, se agregó.

Al ampliar sobre el efecto de esa ley en la transparencia, comentó que esta debe regir en las instituciones públicas, ya que las empresas municipales que tienen adeudo y solicitan condonación, ya cobraron la energía a los usuarios, aparte de que no cumplir esos compromisos tampoco contribuye a la prestación eficiente del servicio.

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El Cacif coincide

Consultada al respecto, la presidenta del Cacif, Carmen María Torrebiarte, expresó que “estamos hablando de más de Q3 mil millones de deuda que el Inde dejaría de percibir, lo  que sin duda alguna, compromete la posibilidad de invertir en electrificación rural, que es una de sus tareas primordiales. Eso sería realmente lamentable, pues se limitarían las oportunidades para que más guatemaltecos accedan a este servicio básico”. Las asociaciones de empresarios, en este caso por medio del Cacif, tienen una silla en la junta directiva del INDE con un integrante titular y un suplente.

El INDE se pronunció institucionalmente por medio de un boletín divulgado el viernes por la noche. La entidad enumera cinco aspectos por los cuales dicha iniciativa es un acto lesivo a los intereses de la población.

No procede

El analista y exviceministro de Energía, Jorge García Chiu, estuvo de acuerdo con los impactos mencionados y dijo que no solo se crearían condiciones para que en el futuro se sigan pidiendo condonaciones, sino que “las comunas manejan como su caja chica los fondos de las EEM, por lo que se necesita más fiscalización.

A consideración de García, la cifra que se busca borrar es escandalosa y no puede permitirse porque “sería un mal precedente, ya que quienes le compran energía, podrían aducir las mismas causas para dejar de pagarles a ellas”.

Acerca del impacto que significaría en las finanzas del Inde, explicó que ya esa entidad tiene una carga muy grande con el subsidio y el aporte para la tarifa social. Además, esos Q3 mil 200 millones podrían servir para instalar una hidroeléctrica con capacidad de generar de 150 a 200 megavatios.  

Contra la seguridad jurídica

Al solicitar opinión a las distribuidoras privadas de energía eléctrica, Energuate respondió que la iniciativa de ley no es  positiva para el mercado eléctrico, el cual se basa en la confianza de que todos los agentes van a cumplir sus obligaciones y honrar los pagos por los servicios o bienes recibidos en su momento.

“En este caso, el Inde cumplió con la entrega de energía a las empresas eléctricas municipales, que cobraron a los vecinos por la energía distribuida. Entonces, una decisión como esa es contraria a la seguridad jurídica”.

Añadió que la propuesta de ley podría ser inconstitucional, al afectar la libertad de comercio e industria del Inde (que compite con las empresas privadas), así como atentar contra el derecho de igualdad de las empresas EEM que sí pagan lo que les corresponde. 

 “Las deudas son recursos del Inde que en su momento no fueron recibidos y tampoco utilizados en uno de los objetivos principales, que es contribuir a llevar energía eléctrica a los guatemaltecos que carecen del servicio, mediante los proyectos de electrificación rural. Esos recursos tampoco fueron invertidos en obras de generación y transporte, necesarios para garantizar calidad y precios competitivos, que le hubieran permitido al Inde fortalecer su presencia en el sector eléctrico y al país contar con un sistema de transmisión robusto”.

Energuate concluyó en que cualquier monto que se adeude a la entidad que sea y no se pague, se evada o se condone, genera una afectación para futuras inversiones, mejoras o continuidad de desarrollo.

La Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A., (EEGSA) indicó que no emitirá comentarios al respecto.   

Dictamen

El dictamen detalla 10 empresas eléctricas municipales a las cuales se les condonaría la deuda: Zacapa, Gualán, Jalapa, Puerto Barrios, Guastatoya, Quetzaltenango, Retalhuleu, Huehuetenango, Santa Eulalia, y San Marcos.

La comisión en el Congreso emitió el dictamen con modificaciones respecto de la iniciativa de ley original. Establece que el INDE deberá suprimir de su contabilidad los saldos de deudas al momento de entrar en vigencia la ley, además que la Contraloría General de Cuentas deberá fiscalizar por lo menos dos veces al año, por cinco años a las EEM incluidas en la ley que se busca aprobar, y deberá hacer auditorias especiales al momento que el INDE le reporte que las EEM están cayendo en incumplimiento de pago.

ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.