El acuerdo del MEM fue firmado el 13 de enero del 2020 por el entonces ministro de Energía y Minas Luis Chang, un día antes de que finalizara el período del Gobierno de Jimmy Morales.
Castillo argumentó que también existen dictámenes desfavorables para el proyecto emitidos por entidades como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosque (Inab) por riesgos en el ecosistema alrededor del Parque Laguna Lachuá.
Esta es la segunda acción legal contra el acuerdo ministerial ya que el 11 de febrero la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (Une) presentó una inconstitucionalidad en contra del mismo acuerdo. A la fecha la Corte de Constitucionalidad no les ha notificado al respecto de alguna resolución dijo el jefe de ese bloque Carlos Barreda.
Tanto Castillo como Barreda coincidieron que se emitió la tercera licencia ambiental para la hidroeléctrica basados en el mismo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se usó para autorizar la primera licencia en el 2016 que fue suspendida por la CC.
Asesores legales de la bancada indicaron que, aunque se haya suspendido la licencia ambiental por parte del Marn la empresa puede buscar que se firme el contrato o entablar una demanda contra el Estado por lo que es necesario que quede sin validez el acuerdo del MEM.
La empresa presentó un recurso de revocatoria en contra de la decisión del Marn de cancelar la licencia y mientras este no lo resuelva la firma es del criterio que sigue en vigencia y el MEM debe firmar el contrato.
La Bancada Semilla presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se deje sin efecto el acuerdo ministerial 019-2020 del @MEMguatemala con el cual se aprobó a la hidroeléctrica Central Rocja Pontila usar el cauce del río Icbolay por 50 años @Economia_pl pic.twitter.com/cVBl2jkwP5
— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) February 27, 2020
Ejecutivos de la empresa inicialmente indicaron que a su criterio el plazo para la firma del contrato entre el ministerio de Energía y la propietaria del proyecto vence este 27 de febrero tomando en cuenta que la ley fija un plazo de 30 días calendario a partir del día de publicación en el diario oficial. Sin embargo, el MEM es del criterio que es el 9 de marzo porque se trata de 30 días hábiles.
Edgar Sandoval, director de la firma indicó que revisaron la fecha para ver en que normativa se basa el ministerio y esperan que se logre firmar el contrato antes de 9 de marzo. Agregó que ya preparan acciones legales de no efectuarse la firma.
Sandoval agregó que “es una pena que paralicen el proyecto. El único perdedor es el pueblo de Guatemala porque la energía seguirá subiendo de precio. En específico, las comunidades de la zona perderán los beneficios (que les ha programado empresa)”.
Comentó además que “está claro que hay intereses obscuros atrás de este movimiento. Aquí han utilizado a políticos y falsos ambientalistas para detener un proyecto que supera ecológicamente a muchos otros que ya están en operación. Existe documentación con respaldo científico que desmiente las falsas acusaciones”.
El directivo que confían en el sistema jurídico y seguirán los pasos legales que correspondan para la aprobación del proyecto, además mencionó que cuentan con el apoyo de las comunidades de la región “las cuales han sido olvidadas, y son quienes nos abrieron las puertas para poder desarrollar este proyecto en beneficio del desarrollo del país”.
El MEM por su parte respondió que tomando en cuenta la decisión del Marn de suspender la licencia ambiental emitida en diciembre del 2019 pidieron dictámenes a su oficina jurídica del MEM y posteriormente este se enviará a la Procuraduría General de la Nación (PGN). Por lo que a la fecha “están a la espera de los dictámenes legales correspondientes” para resolver.
