El directivo explicó que aunque el juez levantó la intervención, el proceso de extinción de dominio, la nulidad del contrato y las acciones penales en contra de exdirectivos que suscribieron el contrato se mantienen.
El primer buque fue atendido el 19 de febrero pasado.
En el semestre se han recibido 29 barcos para movimiento de carga y descarga.
La terminal ha movilizado 13 mil 331 contenedores.
El total del movimiento de carga es de 187 mil toneladas métricas.
El puerto se especializa solo en el manejo de contenedores con mercancías diversas.
La orden de intervención del Juzgado de Extinción de Dominio duró un año.
La recaudación de impuestos representa, en promedio, el 10% de lo que capta TCQ. En mayo último el recaudo fue de Q43 millones.
“Fue una intervención de caja; es decir, de la Tesorería, lo que significa que cuando la terminal recibía dinero se destinaba para el pago de salarios, servicios y deudas”, explicó Enrique Godoy, comisionado de Competitividad e Infraestructura Crítica.
Esas acciones las ejecutaba el ahora exinterventor Alexander Aizenstatd.
El comisionado reiteró que la Fiscalía Especial contra la Impunidad continuará con las investigaciones.
A partir de ayer, la administración queda a cargo de Gabriel Corrales, director general de TCQ.
Camino libre
Javier Reyes Navarrete, secretario del Sindicato de Trabajadores Organizados de EPQ, afirmó que el motivo de la intervención fue haber dejado libre el camino a los inversionistas de la terminal.
“Es un contrato que nació bajo la sombra de la corrupción y lo que debió proceder es declarar nulo”, aseguró.
El sindicalista dijo que, a su criterio, era necesario mantener la intervención o que el juez de Extinción ordenara otro interventor, para mantener el control.
La medida, enfatizó, se debe a que aún no han finalizado los juicios.
TCQ estuvo intervenida durante 12 meses.
El Ministerio Publicó solicitó a la jueza Isabel Guerra retirar la intervención, con el objetivo de evitar la pérdida de la maquinaria y para poner a operar la terminal.
TCQ fue intervenida luego de un proceso judicial originado en la supuesta entrega irregular del terreno donde opera la firma, y que derivó en la entrega de Q30 millones en sobornos a exfuncionarios.
