Las familias han sido invisibilizadas, el hambre se ha agudizado, porque miles de familias perdieron sus cultivos de subsistencia, se quedaron sin lo básico, incluso, algunos sin hogar.
Los municipios con más familias afectadas son: Jutiapa, Moyuta, Chiquimula, Jocotán, Camotán, Conguaco, Esquipulas, San Agustín Acasaguastlán, San Juan Ermita e Ipala.
En estos 10 municipios hay 44 mil 527 familias afectadas, según los últimos reportes del Centro de Información Estratégica Agropecuaria del Maga.
Al compararlos con el Índice de Competitividad Local (ICL) elaborado por la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) se encuentran entre los más bajos con puntuaciones que no superan los 55 puntos sobre 100.
Hay algunos municipios que tuvieron un impacto mucho mayor que otros, aunque es prematuro concluir totalmente, por lo reciente de los fenómenos, explicó Fabián Juárez, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
El indicador de familias afectadas, como proporción de su población muestra el impacto que sufrió cada municipio. Con este indicador se observa por ejemplo, que los municipios más afectados fueron San José la Arada (Chiquimula), San José Acatempa y Zapotitlán (Jutiapa).
En cuanto al daño a los cultivos y a la agricultura, este puede ser representado por las hectáreas dañadas.
Un indicador para evaluar el daño proporcional de cada municipio es el de área dañada por extensión territorial. Es preocupante que algunos municipios en el corredor seco mostraron daños de hasta el 60% de la totalidad de su territorio, lo cual los deja con pocas posibilidades para generar otras fuentes de ingreso en el corto y mediano plazo, refirió Juárez.
Condiciones de desarrollo
Al observar y analizar las características de estos territorios, sale a la luz lo poco ordenados, inclusivos y competitivos que son, lo que confirma que tienen una alta vulnerabilidad ante embates ocasionados por desastres naturales, comentó Jorge Benavides, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
Cada territorio necesita al menos cuatro condiciones para procurar desarrollo a su población, las cuatro se refuerza entre sí, y cuando una falla, afecta a las demás, dijo el investigador. Las cuatro condiciones son las siguientes:
- Orden catastral y financiero.
- Inclusivos.
- Competitivos.
- Resilientes (reacción ante los cambios ocasionados por fenómenos climáticos).
En opinión del analista, lo que más afecta a estos territorios es que la base sobre la cual se construye su desarrollo es muy frágil, muchas veces dependen de situaciones momentáneas, incluso, en algunas ocasiones dependen de fenómenos ajenos a su propia realidad, por ejemplo, la dependencia a las remesas.
“Lo que termina por suceder es que cuando las bases de su desarrollo se ven amenazadas, su debilidad es tanta que estas poblaciones fácilmente regresan a situaciones de precariedad que ya habían superado, y de las cuales serán sumamente difícil reponerse, dado que no cuentan con los instrumentos para hacerlo”, expresó Benavides.
Para David Casasola, analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), hay una situación aún más grave y es “condenar a otra generación a vivir en desnutrición y pobreza, sin la esperanza de tener una mejor calidad de vida que la de sus padres”.
Las condiciones precarias de vida de la población afectada se pueden prolongar y por ende aumentar el riesgo de desnutrición y deserción escolar, enfatizó el analista.
En ese sentido coincidió Érick Coyoy, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales en Universidad Rafael Landívar, quien consideró que no solo es posible que se haya dado un aumento de la pobreza general sino también de la pobreza extrema en las áreas más afectadas donde la asistencia gubernamental no ha llegado, y especialmente en el caso de comunidades que aún están aisladas y anegadas por los desastres ocurridos.
Vulnerables y desprotegidos
Fabián Juárez, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) observó que los municipios en los departamentos de Jutiapa y Chiquimula son los que tienen menores índices de urbanización en promedio.
A su vez, esto ocasiona que tengan menores indicadores de desarrollo (según el ICL de Fundesa), los municipios en estos departamentos muestran los (Producto Interno Bruto PIB per cápita menores); ya que muy probablemente su producción esté ligada a actividades poco productivas o de subsistencia.
Tal como se registró en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI-2016), de los departamentos del corredor seco, Chiquimula (70.6%) y Jalapa (67.2%) son los que registran mayores índices de pobreza, lo que hace que la mayoría de la población esté en situación de especial vulnerabilidad.
Juárez resaltó que las actividades ligadas a la agricultura dejan márgenes muy reducidos para los pequeños productores, que se explica por una tendencia de reducción de precios de las materias primas y baja productividad en el proceso de cultivo.
Además, son propensas a un mayor riesgo ante eventos climáticos (cambios de temperatura, desastres naturales, entre otros).
Sumados los factores anteriores crean una alta dependencia a este tipo de actividades sin tener mecanismos de protección ante estos eventos, que afectan a miles de familias que dependen de esta producción, “lo cual ocurrió en esta situación”, destacó Juárez.
Frágil recuperación
En opinión de Coyoy es necesario que el Instituto Nacional de Estadística elabore nuevas estimaciones de pobreza en el país para medir los efectos en las condiciones de vida la población, tanto por la crisis causada por la pandemia de covid-19 como por las tormentas que afectaron al territorio nacional.
Para Benavides los factores que se vuelven urgentes de atender son los relacionados con la institucionalidad, el ordenamiento y la parte de infraestructura ligada a la competitividad.
Agregó, que se necesitan presupuestos que anticipen la posibilidad de mitigar y responder ante riesgos naturales; establecer protocolos de atención inmediata y cobertura de poblaciones afectadas.
También, se debe minimizar la construcción en áreas proclives a ser afectadas, y, finalmente, se debe desarrollar una red de comunicación que facilite la movilización de recursos y personas, recomendó Benavides.
Al revisar los indicadores de Guatemala, lo que más preocupa es la porosidad de la línea que divide la pobreza de la no pobreza, y la pobreza extrema de la pobreza general.
“Limitados sistemas de protección social, débiles estructuras de formalidad laboral, y prácticamente nulas prácticas de ahorro y diversificación de activos, son de las condiciones que harán que la población afectada vea disminuida su calidad de vida y ponga en riesgo la vida actual de las familias y el futuro productivo de los niños y jóvenes”, expresó Benavides.
Otro punto importante es recuperar las capacidades productivas de la población que se dedica a la agricultura en las zonas afectadas.
“La distribución de alimentos por el gobierno resuelve transitoriamente la situación, pero lo indispensable es dotarles de los medios necesarios para la producción de sus alimentos”, dijo Coyoy.
A mediano plazo las condiciones de los suelos y la infraestructura productiva podría tardar en recuperarse.
Sin ayuda de parte del gobierno, de la sociedad civil, cooperación internacional y la ciudadanía muchas de estas personas probablemente buscarán migrar a otros departamentos o al exterior; siendo sujetas siempre a un estado de pobreza que ponga en riesgo sus vidas, concluyó Juárez.
