Pimentel explicó que también han tenido reuniones con otros actores. En este momento se está preparando la documentación del proceso y lanzar las convocatorias oficiales.
¿Cuánto podría tardar?
En la fase en mención se establecerán los pasos y el cronograma para la consulta comunitaria para ejecutar la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) y podría tardar entre 2 a 3 meses, pero el plazo es variable en cada caso, comentó Pimentel.
Según los plazos estimados por el MEM, un proceso de consulta y de preconsulta de los proyectos en general abarca seis fases, además de labores administrativas y puede abarcar entre 20 y 22 meses aparte del monitoreo que es parte de la sexta fase, aunque se pueden acortar o ser mayores dependiendo del avance que se logre.
En el caso de la mina de San Rafael, está en la fase dos de convocatoria y preconsulta, es decir, ya han recorrido por lo que de cumplirse la estimación de fases de un proyecto le podría faltar entre 11 y 13 meses además de la fase del monitoreo, pero también dependerá de que avances y dificultades enfrente.
Las operaciones de la mina, ubicada en el departamento de Santa Rosa, están suspendidas con resolución provisional de julio del 2017 y posterior sentencia de septiembre del 2018, la Corte argumentó que no se había realizado la consulta respectiva.
El funcionario indicó que prevén que la preconsulta pueda llevar alrededor de dos a tres meses, pero dependerá del avance.
Quelbin Jiménez, abogado del Parlamento del Pueblo Xinca, no se les ha convocado oficialmente para esa fecha, pero reconoció los acuerdos alcanzados en el diálogo con las autoridades el año pasado.
El diálogo inició en febrero del 2020 y en octubre se acordó retomar el proceso para la preconsulta, se tenía previsto definir una fecha en noviembre, sin embargo, es hasta el presente mes que el ministro confirma una fecha.
Jiménez explicó que se logró solventar la diferencia de criterios acerca de quienes podían participar por lo que se estableció que proceso se realizará dentro del marco de la cosmovisión, instituciones y sistemas propios de toma de decisión de dichos pueblos indígenas y el MEM aceptó que parte del pueblo Xinca participen los 59 representantes a quienes reconoció y acredita como sus interlocutores y representantes en el proceso de preconsulta y consulta.
La primera acción dentro del proceso de preconsulta será la Evaluación del Impacto Cultural y Espiritual del proyecto minero El Escobal en el Pueblo Xinca, dijo el abogado pero mencionó que no sabe cuánto tiempo se necesitará.
Jimenez agregó que otro de los acuerdos es que el MEM debía informar los representantes de la compañía Panamerican Silver Guatemala (propietaria del derecho minero El Escobal) el sentir del Parlamento del Pueblo Xinca acerca de las actividades que realizan en la región y las cuáles consideran un acto de mala fe y que atenta contra el carácter libre de la consulta.
La postura de Minera San Rafael
La compañía Pan American Silver Guatemala respondió que entiende que el MEM y el Parlamento Xinca han acordado iniciar las reuniones de preconsulta según el Convenio 169 de la OIT ordenado por la CC pero también reconoce que ha existido un retraso en dicho proceso, por una parte por las elecciones generales del 2019 en el país, así como por el impacto que la pandemia del covid-19 ha tenido en Guatemala.
“Estamos satisfechos de contar con una fecha en firme para el inicio de la fase de preconsulta y esperamos que ésta se lleve a cabo de manera inclusiva, con una amplia participación y respetando el derecho del Pueblo Xinca a ser consultado. Como empresa participaremos cuando seamos convocados y esperamos que la proceso avance sin más retrasos cumpliendo con lo ordenado por la CC”, se agregó en su respuesta por correo electrónico.
Expusieron que la mina El Escobal no está operando y continúa con las actividades de cuidado y mantenimiento, además de que aún no cuentan con una fecha para el posible reinicio de la mina o del proceso de consulta. Añade que las actividades de cuidado y mantenimiento están enfocadas en los requisitos para cumplir con el Plan de Gestión Ambiental, incluyendo actividades limitadas de relacionamiento comunitario, así como respetando los compromisos existentes y respondiendo a las solicitudes de información relacionadas con las actividades de la compañía.
“Como parte de estas actividades hemos sido abiertos y transparentes con autoridades nacionales y locales sobre el transporte de insumos esenciales necesarios para cumplir con nuestras actividades de cuidado y mantenimiento”, detalló la empresa al ser consultada sobre denuncias de que estaban operando.
“Hemos participado en un diálogo abierto, transparente y sincero con las comunidades cercanas a la mina El Escobal, atendiendo sus preocupaciones y apoyando a aquellas que, por la pandemia, solicitaron nuestra ayuda en el inicio de la crisis, apoyo que dimos sin ninguna condición”, se informó al ser consultados sobre lo expuesto por Jiménez acerca de intención de buscar apoyo de la población dentro del proceso de consulta.
Otros proyectos
El ministro indicó que respecto a los otros dos proyectos que también tienen resoluciones de la CC, en el caso de la mina El Tambor o Progreso VII Derivada, conocida como La Puya, ubicada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, así como del proyecto Fénix, ubicada en El Estor, Izabal, y es operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, han tenido acercamientos con comunitarios pero los procesos de consulta no se pueden iniciar aún porque se está a la espera de la ejecutoria de las dos sentencias emitidas en el 2020 la cual está pendiente de aclaraciones y ampliaciones interpuestas. Sin embargo, se espera poder iniciarlas en el segundo semestre del presente año.
Fénix fue suspendida de manera provisional por la CC en julio del 2019 y resolución definitiva en junio del 2020 con la que decidió mantener suspendida la licencia suspendida, además resolvió que el MEM debía delimitar el espacio territorial de la licencia minera, que fue emitida por ese ministerio por 247.99 kilómetros cuadrados, a solo los 6.29 kilómetros cuadrados porque es la que sí cuenta con el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
El MEM deberá realizar dentro del plazo de 18 meses el proceso de preconsulta y consulta previsto en el Convenio 169 de la OIT con los pueblos asentados en el área de influencia del proyecto minero Fénix. Pero la CC ordenó mantener en suspensión la explotación minera de los 6.29 Kms2, en tanto no concluya el proceso de consulta.
Respecto de La Puya, la operación fue suspendida en el 2016 por un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de forma provisional por la CC. También en el 2020 la CC emitió sentencia, confirmó la suspensión y ordenó efectuar la consulta comunitaria. Inversionistas del proyecto demandaron un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por US$300 millones.
Licencias y producción
- Según datos del MEM al 30 de noviembre había vigentes 304 licencias de explotación de minerales metálicos y no metálicos, 27 de exploración y 1 de reconocimiento. En el 2020 solo se otorgó un a de exploración.
- La producción minera de no metálicos en el 2019 fue de Q241.8 millones, y la de metálicos fue de Q75.3 millones.
- Los años recientes de mayor producción de materiales metálicos fue el 2011 con Q7 mil 110 millones, el 2014 con Q5 mil 741 millones, nivel que se mantuvo en el 2015 y 2016. Posteriormente bajó.
