Marco Livio Díaz, titular de la SAT, explicó que se identificó lo que se denomina tipología de incumplimiento del pago de impuestos en la compraventa de propiedades: hipoteca; escritura más hipoteca, enganche más hipoteca y propiedades de alta plusvalía.
En el primer caso, el inmueble se registra a un menor costo en la escritura de compraventa, mientras que la hipoteca se formaliza ante un banco por un monto superior que no se reporta, para efectos de la determinación del impuesto.
O sea que, en este escenario, la escritura de compraventa indica que la transacción es por un monto determinado, el cual no ha sido pagado. No obstante, existe una hipoteca ante un banco, formalizada en escritura pública y que forma parte de los documentos de intercambio con el Registro General de la Propiedad (RGP), pero esta hipoteca es por un monto superior a la transacción que obra en la escritura pública de compraventa.
En cuanto al enganche más hipoteca, la transacción se fracciona y se reporta la transacción. Sin embargo, se omite la hipoteca, para evitar el ajuste del pago del impuesto correspondiente. Es decir, que según el documento de compraventa, esta se realizó por un monto que el vendedor recibió en efectivo a su entera satisfacción, pero adicionalmente existe una hipoteca ante un banco, formalizada en escritura pública que, según el análisis realizado, forma parte de la transacción en su conjunto.
Y en el tercer caso, enganche más hipoteca, el incumplimiento en el pago del impuesto se produce cuando se registra únicamente el enganche y no se reporta la hipoteca formalizada ante el banco, como complemento de la transacción.
O sea que existe un enganche en efectivo o transacción bancaria, además de un monto pendiente de pago, pero también está una hipoteca ante un banco, que no se reporta.
Según Díaz, el ente recaudador también está fiscalizando las propiedades de alta plusvalía, a través de la información bancaria, aunque están pendientes los resultados.
Asimismo, dijo que los primeros hallazgos son de transacciones entre personas, pero están realizando estudios sectoriales a nivel de desarrolladoras, inmobiliarias y constructoras, aparte de investigar a posibles estructuras de abogados detrás de las legalizaciones mencionadas.
Resultados
La Intendencia de Recaudación informó que, en el 2021 y lo que va de 2022, la SAT detectó 154 casos de este tipo y logó el cobro de Q6.8 millones. Y a través de una delegación fiscalizadora en el RGP, se identificaron 3 mil 46 casos con pago voluntario, lo que permitió la recaudación de otros Q53.8 millones.
“Eso ya se veía venir desde el 2017, cuando se levantó el secreto bancario. Hoy, la SAT tiene en sus manos una herramienta, que es pedir a un juez el acceso a movimientos bancarios con fines tributarios, de cualquier persona que venda un inmueble”, opinó el experto tributario Óscar Chile Monroy.
A su juicio, la recomendación para quienes intervienen en una compraventa de inmuebles, es que lo hagan por su valor real, pues quienes incurran en este tipo de incumplimientos, también deben responder administrativamente ante la SAT y una posible acción penal por defraudación fiscal.
