Al contario, por ser una herramienta que usa todo el mundo con excelentes resultados en atracción de inversiones y generación de empleos, es que insistimos en que se entienda qué son, qué se hace dentro de ellas y cómo controlarlas eficientemente para que el país tenga un retorno real de ingresos tributarios, resultado del crecimiento económico.
En el Congreso se discuten reformas a las regulaciones para zonas francas que quedaron establecidas en la ley aprobada en el 2016 que dio por finalizados los incentivos fiscales a la gran mayoría de actividades productivas que existían en la Ley de 2989, (Ley de la Actividad Exportadora y de Maquila) para cumplir con la OMC que obligaba a eliminarlos. Desconozco por qué razones en esas reformas se mezcló otra ley, la Ley 65-89, Ley de Zonas Francas, que es un régimen aduanero distinto.
El Convenio de Kyoto 2006, principal convenio de facilitación del comercio aduanero mundial creado por la Organización Mundial de Aduanas y según el CAUCA, la Ley que nos rige en materia aduanera, Artículo 101. La zona franca es el régimen que permite ingresar a una parte delimitada del territorio de un Estado, mercancías que se consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero con respecto a los tributos de importación, para ser destinadas a las operaciones que establezca la autoridad competente.
Lo anterior nos dice que las zonas francas son parte de la legislación. En la práctica, suelen ser el lugar más controlado que existe. Están estrechamente vigiladas, son cerradas con muros perimetrales con una única puerta de entrada y salida controlada por la SAT.
No sé si por falta de análisis técnico profundo o debilidad de la autoridad responsable de autorizar a quien sí reúne los requisitos para estar en una zona franca, se prefiere emitir disposiciones que prácticamente ahorcan la existencia de las zonas. Si ese temor tuviera fundamento no existirían 134 países donde hay 4 mil zonas francas que cumplen las expectativas de la política pública.
Colombia es el país latinoamericano con 109 Zonas Francas; República Dominicana, 53; Honduras, 43; Costa Rica, 21; en Guatemala —todavía medio funcionando— quedan 12; El Salvador, 17; y Panamá, 17.
La pregunta es si estamos legislando para revivir el crecimiento económico o para que quienes tienen la responsabilidad de autorizar empresas correctas para zona franca, y exigir cumplimientos para evitar malos aprovechamientos, tengan menos trabajo.
Mientras tengamos esa actitud, los países que nos rodean al norte y sur del continente, felices de la vida seguirán llevándose nuestras empresas y nuestros empleos. La pregunta que el legislador tiene que hacerse es: ¿por qué otros sí han sido capaces de administrarlas con eficiencia y controles, cosechando envidiables resultados y miles de empleos?
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