Novellino destacó que las AFP tienen “una obligación legal de compra” de los Certificados de Inversión Previsional (CIP A) del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) , pero que el Código de Comercio los respalda para dejar de adquirir esos títulos.
“Nuestra legislación plantea en el Código de Comercio que si persiste el incumplimiento de pago, sería totalmente inconveniente y queda fuera de consideración el hecho de seguir comprando un título de alguien que ha incumplido un pago” , acotó.
No obstante, la legislación del FOP es una ley que “por su carácter especial prevalecerá sobre cualesquiera otras que la contraríen” , es decir que está por encima del referido código.
“Las AFP no prestan dinero propio, sino de los trabajadores, seguir invirtiendo en los CIP A, si no hay un cumplimiento por parte del Estado en cuanto al pago de los intereses y a abonar al capital, no podría ser posible” y es “una condición a la que no quisiéramos que el país llegara” , añadió.
Empero, sostuvo que “la compra obligatoria tiene un impacto negativo grande en el ahorro de los trabajadores afiliados a las AFP, porque el Estado no ha estado pagando una tasa de interés adecuada” .
“Los trabajadores hemos estado subsidiando al Estado” porque “nos paga una tasa de interés menor” a la que paga a otros acreedores de préstamos, bonos o Letras del Tesoro (Letes) , lamentó.
Bajan calificación
Como consecuencia del impago, las agencias Fitch Ratings, Standard & Poors (S&P) y Moodys bajaron las calificaciones soberanas de El Salvador, lo que podría repercutir con el alza en los intereses de préstamos y en la atracción de inversión extranjera al empobrecido país centroamericano.
Pero a juicio de Novellino esta situación también afecta a los cotizantes y futuros jubilados, porque las AFP también invierten en otros bonos salvadoreños, que por la baja de las calificaciones podrían bajar su rendimiento.
Novellino también advirtió que el panorama se muestra más complicado para julio próximo, cuando el Gobierno debe pagar otros US$41 millones de su deuda de pensiones y las AFP alcanzan el porcentaje máximo de compra de CIP A que la ley les obliga, por lo que urgió una reforma al sistema de pensiones.
“Si seguimos caminando” sin reformar el sistema y aunque “se ponga al día con los 55 millones, en julio el Gobierno ” tendría que poner los 41 millones de dólares para el pago de capital e intereses y tendría que buscar una fuente de financiación” para los 160.000 pensionados, explicó.
Detalló que la deuda total del Gobierno con las AFP asciende a más de 5.700 millones de dólares desde el 2006, cuando se creó el FOP, y que equivalen al 60 % de los fondos de pensiones.
Según la Superintendencia del Sistema Financiero, desde que se formó el FOP, el Gobierno ha pagado a las AFP un total de 1.016 millones de dólares, de los que 569 son por intereses y 447 de amortización de capital.
