Si el consumo es de 100 kWh al mes, hay un cobro de 83.8% sobre este.
El malestar de los usuarios no solo es por el monto, sino porque tampoco cuentan con un buen servicio. “Ya estamos cansados de indicar sobre esta tarifa, y no nos hacen caso. Varias de las lámparas están en mal estado, el servicio público es pésimo y pagamos mucho más que otros municipios”, indicó Lucrecia Collí, vecina de San José.
Isaac Tesucún, residente en el barrio Nuevo San José, se unió al malestar del vecindario. Refirió que visitarán la comuna para exigir una solución a ese problema. “No es justo que paguemos mucho y ni siquiera hay luz en la calle”, comentó.
En un recorrido por la zona urbana de San José, Prensa Libre constató que varios postes del tendido eléctrico tienen lámparas rotas o quemadas.
En el país no hay estandarización en los montos.
Del área de cobertura de las distribuidoras de Energuate, 293 municipios agregan ese servicio como cargo fijo, mientras cuatro según cada rango de consumo, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
En el área cubierta por Eegsa, que incluye Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez, la mayoría cobra por porcentaje sobre el consumo. Aun así, en algunos de esos lugares el porcentaje es más alto del que debiera, porque se incluyen los cobros de energía por el bombeo de agua, dijo el consultor Jorge García Chiu.
La tasa de alumbrado público es aprobada por el concejo de cada municipio. Luego, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) aprueba su inclusión en la factura de energía que emiten las distribuidoras.
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A pesar de que algunas municipalidades han logrado cambiar las lámparas de mercurio por led o tecnologías más eficientes para bajar el consumo de electricidad, esa labor no ha sido suficiente. Según Jorge García Chiu, es necesario que en las discusiones en pro de una iniciativa de ley que establezca el cambio y estandarización en el cobro de ese servicio también se impulse un cambio del alumbrado público, el cual califica de ineficiente.
El plan tiene que ayudar a que sean sostenibles las nuevas tecnologías y la extensión del uso de esas lámparas, agregó.
Altos cobros
El caso de la energía eléctrica ha sido uno de los conflictos que se han generado en la última década, motivado por el efecto del alumbrado público en la factura mensual. El subsidio que se ofrece al servicio prácticamente es anulado por los altos cobros, se quejan usuarios. Sin embargo, a través de los años no se ha concretado alguna solución.
El MEM propuso en la mesa técnica, integrada por varios sectores, elaborar una iniciativa de ley para que el cobro no supere el equivalente al 30% del consumo.
En la segunda reunión, efectuada recientemente, representantes del Ministerio explicaron dos fórmulas para calcular el cobro de alumbrado público, uno por tarifa fija y otro proporcional según el consumo. Sin embargo, la idea es que en ambos casos no supere el equivalente al 30% del consumo, según indicó esa institución.
A esa mesa también asisten diputados o sus asesores, representantes de entidades estatales y de la Anam.
Aunque hay dos iniciativas de ley en el Congreso para legislar este asunto, se busca una tercera propuesta, consensuada y que llene requerimientos para estandarizar y mejorar ese cobro.
Según García Chiu, hablar del equivalente a no más del 30% sobre el consumo por cliente en algunos municipios no alcanzaría para pagar la energía que demanda el sistema de alumbrado público.
Agregó que años atrás se efectuaron estudios que determinaron que en todos los municipios el equivalente al cobro debiera estar entre Q40 y Q50 al mes, e incluso un poco por arriba de esas cifras.
Para el cálculo, se toma el número de lámparas que posee el municipio, se multiplica por un consumo de 12 horas diarias y por 365 días del año. Ese total se divide entre el número de usuarios, expuso el consultor.
“A todos le cobran lo mismo, no importa que sea una gasolinera, una casita, una residencia o un negocio”, refirió al explicar que en algunos casos el problema es que son pocos usuarios, por lo que el monto resulta alto, y en otros se incluyen cobros adicionales, como la energía que se gasta por el bombeo de agua o la que se usa para edificios municipales.
El problema se origina, según García Chiu, en que fue un error de los diputados que aprobaron hace años las reformas al Código Municipal y dejaron en manos de los concejos la aprobación de la tasa de alumbrado público. En algunos casos no se hace en forma técnica y en otros se le agregan los costos de rubros diferentes, como los mencionados.
Otra debilidad es que si bien la CNEE es el ente que aprueba la inclusión de las tasas de alumbrado público a las facturas de las distribuidoras de electricidad, quienes han dirigido ese órgano regulador argumentan que a ellos no les corresponde aprobar o improbar los montos, sino solo incluirlos en las facturas, refirió.
El consultor habla de dos visiones. Es un tema sensible, pues afecta el bolsillo de los usuarios y se ha politizado, al no manejarlo de forma técnica y según las necesidades de las municipalidades. Sin embargo, el problema también radica en que algunos municipios subsidian esa tasa para no trasladar a los usuarios el costo, ya sea por conflictividad, por evitar desgaste político o por ser un tema delicado.
La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) pide que se reformule la iniciativa de ley que se impulsa, para definir un porcentaje justo y equitativo al consumo, pero sin violentar la autonomía municipal.
Cinco puntos
En la primera reunión de la mesa técnica se definieron cinco puntos, que serán la base para cambiar la forma actual del cobro por ese servicio.
Uno de estos señala que el pago sea proporcional al consumo, mientras el segundo propone que en la tasa que se incluye en las facturas de energía eléctrica solo se contemple el cobro por ese servicio.
En la actualidad, algunos municipios incluyen el cobro por extracción de basura, agua o costos de la operación de las bombas para servicio de agua entubada, así como energía de edificios municipales.
El tercer punto plantea tener “una efectiva contraprestación del servicio”; es decir, que los usuarios que no cuentan con el servicio no paguen alumbrado público o que las municipalidades estén obligadas a costear ese servicio.
El cuarto punto propone que todos los usuarios paguen, incluidos los grandes consumidores (industrias y comercios grandes).
Para efectuar el cambio se busca definir una metodología y la fórmula que debería aplicarse para garantizar un correcto cobro, “que permita que la prestación del servicio sea sostenible”, refirió en su oportunidad Luis Chang, ministro de Energía y Minas.
Los participantes en esa mesa de discusión creen que es necesario impulsar la transparencia en el manejo de fondos recaudados, para que sean auditados por la Contraloría General de Cuentas, lo cual se fijó en uno de los cinco puntos por discutir.
Según datos de las distribuidoras, para seis de cada 10 usuarios es más alto el cobro por alumbrado público que por el consumo propio, de acuerdo con cifras de las distribuidoras de energía y autoridades.
Dependiendo en qué municipio se ubique el usuario, por un mismo consumo, por ejemplo de 50 kWh, pagará montos que van de Q47 a Q125, debido a las distintas tasas de alumbrado público.
Sin embargo, también hay municipios, como Ixcán, Quiché, que cobran Q0.42 al mes.
