En julio de 2019 el Transnational Security Report, elaborado por el Munich Security Conference, señaló que el comercio ilícito de operaciones transnacionales criminales era entre US$1.6 y US$2.2 trillones por año. Solo en el primer año de pandemia alcanzó el máximo proyectado en ese informe.
Los datos del año pasado fueron compartidos durante el conversatorio “El impacto del covid-19 en las redes de comercio ilícito”, en el cual se abordó la forma en que los grupos criminales transnacionales y los mercados ilegales están evolucionando durante la pandemia, organizado por Americas Society/Council of the Americas.
Brian Winter, editor jefe de Americas Quarterly, comentó que por la emergencia sanitaria los grupos de comercio ilícito están expandiendo sus operaciones y reclutamiento, y se observa que están pasando a segmentos de la economía y del comercio donde antes no estaban presentes.
Actualmente, se están trasegando toda clase de productos ilícitos como mascarillas N95 y vacunas anticovid falsas, alcohol, cigarrillos y más, añadió.
En opinión de Fernando Vieira, director de Asuntos Exteriores de Philip Morris Brasil, el comercio ilícito siempre va a encontrar su camino, sin importar el escenario y el costo, incluso si es en medio de una crisis sanitaria”, manifestó.
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Diversificación
Angélica Durán-Martínez, profesora asociada de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts-Lowell, enfatizó tres aspectos que se han observado en la pandemia en ese ámbito criminal: la diversificación de los campos delictivos, la adaptación de grupos más pequeños en las prácticas de extorsión y la fragmentación de las redes de comercio ilícito.
“Los segmentos de la delincuencia transnacional generan ingresos estimados y hasta superiores al tráfico de drogas y el de trata de personas”, subrayó Durán-Martínez.
Luis Mazariegos, director del Observatorio Contra el Contrabando (OCC), reiteró que en el caso de Guatemala el comercio ilícito se tipifica, principalmente, de dos maneras: el contrabando y la defraudación aduanera. Añadió que, según estimaciones oficiales, en conjunto suman aproximadamente Q17 mil millones anuales en mercadería no declarada al fisco.
El OCC elaboró una evaluación del comportamiento del comercio ilícito, específicamente del contrabando, durante el 2020, y se comprobó que a pesar de las restricciones de movilidad y toque de queda establecidos en el país el movimiento de mercaderías ilícitas en este período se efectuó sin ningún inconveniente. Algunos segmentos registraron un incremento, entre ellos productos limpieza como desinfectantes, jabones, detergentes y papel higiénico, que se sumaron al ingreso cotidiano de diversidad de alimentos y bebidas.
Consultado al respecto, Axel Romero, gerente de Gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala, indicó que se han identificado desde la comisión el contrabando de medicamentos, insumos hospitalarios y artículos de limpieza relacionados con el covid-19.
“Es un tema de preocupación que se aproveche la necesidad de adquisición de productos para suministrarlos de forma ilegal. Ya estamos provocando una colaboración público-privada con insumos, información y logística para prepararnos ante la posible comercialización ilegal de las vacunas”, aseveró.
Proponen ley modelo
La Universidad de la Paz de Naciones Unidas, Parlatino y Crime Stoppers trabajaron en una propuesta sobre una ley modelo para combatir el comercio ilícito y el crimen transnacional organizado, el cual fue aprobado por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño el 11 de febrero de este año.
Según la propuesta, siempre han existido contrabandistas y traficantes, pero nunca como ahora, con la capacidad de operar a nivel mundial y con un poder económico que mueve más del 10 por ciento del comercio mundial.
Los objetivos de la ley modelo son mejorar la coordinación multisectorial entre los países en materia de prevención y combate al comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada; contribuir con la respuesta normativa, oportuna y eficiente, a una necesidad legislativa de la región, y consolidar en la ley modelo la diversidad y dispersión normativa que existe actualmente en los países.
Alejo Campos, director Regional de Crime Stoppers International para Caribe, Bermuda y América Latina, resaltó que existe la necesidad de hablar un mismo lenguaje. Por ejemplo, solo en Panamá, para que se considere un delito de comercio ilícito, debe superar los US$500 mil, cuando el promedio en la región es de US$2 mil.
