El foro contó con la participación de representantes del ente regulador, expertos legales y oficiales de cumplimiento, quienes abordaron temas como la vinculación de la Ley 6593 con las 40 Recomendaciones del GAFI, las diferencias y similitudes con la Iniciativa de Ley 5820 y las implicaciones legales y regulatorias para los sectores supervisados.

Actualmente Guatemala tiene la Ley contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo data del 2001, y derivado de ello es necesario hacer una actualización. Dichas actualizaciones de la ley permitirán esclarecer e incluir aspectos y especificaciones de que personas están obligadas, de las metodologías que también la Intendencia de Verificación Especial puede tomar en cuento acciones, especialmente en financiamiento al terrorismo y lavado de dinero; y en términos generales, lo que hace es esclarecer normas que previamente ya existían pero que no contaban con todas las herramientas para poder ser aplicadas.

“Como país tenemos la responsabilidad de actualizar esas normas, de poder incluir nuevos métodos y nuevas metodologías que nos permitan estar a la vanguardia, esto nos va a dar una fuerte sostenibilidad a la economía a largo plazo. Contamos con un fuerte riesgo de que, al no actualizar las normativas vigentes, podríamos entrar a una fase que podría complicar al país si entrar a una lista gris de países no cooperantes y nos traería repercusiones económicas para nuestra sociedad”, mentó Lic. Erickson González, vicepresidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas.

González añadió que actualmente esta ley se encuentra dentro del congreso pendientes a que pueda ser asignada a una mesa técnica. “En 2027 Guatemala va a estar sujeta a supervisión y de no cumplir o tener actualizadas, pueden caer en los riesgos previamente descritos”.

Por su parte, Alejandro Arriola, abogado y notario, y socio IBR Law & Conslting, indicó que, “el comercio y la dinámica de los riesgos financieros han cambiado. Precisamente por ello, este proyecto de ley constituye una oportunidad para fortalecer nuestra capacidad técnica y garantizar que el país avance en armonía con los estándares internacionales más recientes. Esta reforma no debe entenderse como una imposición, sino como un paso estratégico que permitirá desmitificar percepciones, generar certeza jurídica y construir estrategias conjuntas que aseguren un sistema financiero más transparente, robusto y confiable. Con su aprobación, Guatemala podrá proyectarse como un referente regional en materia de prevención, fortaleciendo la confianza de los usuarios, inversionistas y organismos internacionales".