La evaluación estuvo a cargo de Omar D. Bello quien presentó los siguientes resultados:
- Sector social: Q394 millones.
- Infraestructura: Q102 millones.
- Sector productivo: Q1 mil 033 millones.
- Ambiente: Q88 millones.
- Costo de emergencia: Q20 millones.
- Sector Público: Q201 millones.
- Sector Privado: Q1 mil 441 millones.
“Fue un análisis y es una estimación piso, por lo que el informe tuvo ciertos atrasos por situaciones de la propia emergencia”, dijo el especialista de la Cepal.
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Moir de Segeplan refirió en junio pasado que los resultados serían la base para empezar con el proceso del plan de recuperación con transformación y definir los criterios de intervenciones por cada ministerio en sus áreas.
La delegación
El equipo técnico fue liderado por Omar D. Bello, coordinador de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Evaluación de Desastres de la Cepal, a solicitud del Gobierno de Guatemala.
La Comisión fue conformada por 75 personas, entre especialistas de organismos internacionales y técnicos de varias instituciones estatales que harán la medición en Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.
El reporte de @cepal_onu señala que los efectos para el sector público por #TragediaVolcán fueron Q201 millones y para el privado Q1 mil 441 millones. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/d5ySthNc4u
— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) July 11, 2018
Karin Slowing, exjefa de Segeplan, indicó que cada evaluación de una catástrofe natural tiene un proceso diferente de medir y que lleva un tiempo determinado.
“No es lo mismo hacer un recuento de daños y pérdidas por un huracán, una inundación, un terremoto o una erupción”, dijo.
Recordó que en la erupción uno de los riesgos son los lahares —deslizamientos de tierra— que pueden representar un peligro para los técnicos y podría ser que a eso se deba el retraso del informe de daños y pérdidas.
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Fase decisiva
En junio, el Consejo Científico de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró como inhabitables la comunidad de San Miguel Los Lotes, Escuintla y la finca La Reunión, Sacatepéquez.
Con esa medida se adoptarán las decisiones para la fase de reconstrucción, según Moir. En la resolución de Conred se determinó cuáles son las áreas propensas a sufrir descensos de lahares y flujos piroclásticos, y que se recomiendan ser declaradas inhabitables.
También se identificó que 172 comunidades cercanas al volcán son áreas de alto riesgo, lo que se considerará en la reconstrucción.
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