Juan Carlos Méndez, Gerente General de Operaciones de CMI Energía, y actual vicepresidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER), indicó que Renace IV, que entró a operar en enero recién pasado, tiene capacidad de 55 megavatios (MW).
El ejecutivo explica el impacto que significan estas plantas generadoras para el sistema de electricidad del país además que detalla la estrategia social que han seguido, que les valió no solo la aceptación de las comunidades, sino que se les otorgó el reconocimiento del “Programa Diversificado de Responsabilidad Social Corporativa” Standard & Poor’s Global Platts.
Este reconoce las estrategias de valor compartido en el sector de energía a nivel mundial, y fue elegido de entre más de 250 participantes de todo el mundo.
¿Ya se encuentra en operación todo el complejo de hidroeléctricas Renace?
Renace fue un proyecto de muchos años, arranca en el año 1991 cuando se le otorga la autorización para utilizar parte del río Cahabón y luego este se amplía en 1994. Y ahora, casi 22 años después estamos cerrando en ciclo con la construcción de la última fase.
Son tres plantas hidroeléctricas en cascada (que usan el cauce del mismo río) sobre el río Cahabón como Renace 1, 2 y 3 con capacidad de 66 megavatios (MW), 114 MW y 66 MW respectivamente.
Hay una adicional que está sobre el río Canlich, un afluente del Cahabón, que es Renace 4 con 55 MW.
Con esto sumamos 301 MW de capacidad instalada.
¿Cuándo entró en operación Renace 4, la última fase que se encontraba pendiente?
Empezamos pruebas en septiembre del 2018 y esta última fase entró en operación comercial en enero de este año.
¿Cuál es el impacto o aporte que tiene en la matriz de generación eléctrica del país?
Todo el complejo en conjunto vamos a generar alrededor del 13% de la energía que necesita el país.
Es importante también que la matriz eléctrica en Guatemala es 60% renovable y 40% térmica, como país hemos hecho un gran avance en los últimos 20 años para cambiar esto que al principio de los años 2000 ese esquema era al contrario.
En el caso de Renace, con las adjudicaciones de contratos que obtuve en las licitaciones de largo plazo del Plan de Expansión en Generación (PEG) como en la PEG 1 y PEG 3, las tarifas que se ofertaron y se adjudicaron son de las más baratas en el país.
El 73% de la capacidad de Renace está comprometida en contratos con (las distribuidoras) Eegsa como con Energuate. Y el excedente de energía que no está en los contratos de largo plazo se usan para proveer a grandes usuarios básicamente usuarios industriales.
Ambientalmente el impacto es que el complejo generará 1 mil 350 Gigavatios (GW) hora de energía anual y con esto se logra evitar emisiones de efecto invernadero por alrededor de 750 mil toneladas de CO 2.
¿A cuánto ascendió el monto de inversión?
Para todo el complejo la inversión fue de US$800 millones en una de las áreas más pobres del país y lo cual tiene un impacto muy positivo en la economía local en el desarrollo de empleo.
El 70% de esa inversión se queda en Guatemala, esa es una de las grandes ventajas que tienen los proyectos hidroeléctricos que muchas veces el costo más importante es la importación de equipos.
De ese porcentaje, entre el 40% y 50% se queda en la región en este caso en Alta Verapaz, donde con el proyecto se generó empleo, servicios, la necesidad de hoteles, comercio.
Y aparte a lo largo de los últimos siete años, no incluyendo generación de empleo, hemos invertido unos US$30 millones en proyectos sociales, con proyectos de desarrollo social sostenible cuyo propósito es beneficiar a las 29 comunidades que están alrededor del complejo, con alrededor de 21 mil personas en el área de influencia.
¿Cómo detectaron qué tipo de actividad podían hacer con ellos y concretar proyectos?
Es un proceso largo que inicia con hacer un diagnóstico, conocer el área donde a uno le va a tocar trabajar, qué comunidades existen, cómo son lo liderazgos, la situación social y económica de la zona y partiendo de este diagnostico se definió una estrategia que fue diseñada en etapas. Es difícil de primas a primeras llegar y tratar de cambiar la situación, todo eso requiere hacerse de una forma planificada, organizada y con recursos. Cómo decidimos hacerlo, entonces fue un proceso de discusión y de consenso de priorización con las mismas comunidades, no podemos llegar a hacer cosas e imponer modelos, entonces lo que se tiene que hacer es básicamente hablarlo, comenzarlo, acordarlo y consensuarlo con las comunidades.
¿Qué estrategia usaron?
Nuestra estrategia está basada en tres grandes ejes que fuimos confirmando a lo largo del tiempo.
Un eje es que tuvimos muy claro desde el inicio, es actuar y trabajar con valores, se debe trabajar con excelencia, integridad y respecto porque esa es quizá la mejor fórmula para poder tener una relación de confianza con las comunidades.
Lo segundo tiene que ver con buenas prácticas de relacionamiento comunitario y desde ese punto de vista nos hemos adherido a los principios del Banco Mundial, a los principios de Ecuador, la ISO 26,000 y todos aquellos sistemas que de alguna manera nos permitían traer mejores prácticas a la zona.
Luego está el planteamiento de la Estrategia de Desarrollo Social y Sostenible, porque cuando uno llega a invertir a una zona tan lejana, con tan pocos recursos, marginada históricamente, lo lógico es que las comunidades le preguntan a uno “yo que gano con que ustedes vengan a mis tierras y y a donde yo vivo”. Y esa quizá ha sido la gran diferencia con respecto a otros proyectos y a otras iniciativas en áreas rurales complejas como la zona de San Pedro Carchá, y nuestra respuesta fue en por medio de siete programas de desarrollo social sostenible que se ha implementado de forma sistemática en las 29 comunidades.
Eso ha generado confianza con las comunidades y eso ya empezó a dar resultados positivos en los indicadores sociales.
No es perfecto lo que hacemos, es perfectible, pero cuando lo hacemos de buena fe y de una forma sistemática ellos reconocen que nosotros somos un actor positivo para ellos. Que no somos alguien que llega a robarles, que se quiere robar el río, que les quiere robar sus tierras o que le quita derechos, sino que es al contrario ya que desde el inicio del proyecto, pero en especial estos últimos siete años hemos reforzado muchísimo la parte social y ambiental.
¿Hay todavía alguna comunidad o un grupo que no esté conforme y con quienes necesitan trabajar más?
Creo que no. Hacemos mediciones cada dos años aproximadamente sobre la percepción que las comunidades tienen de nosotros, cómo ven nuestro trabajo y aporte al desarrollo, y en general de los indicadores de aceptación que medimos de parte de las comunidades tenemos aproximadamente un 88% de aceptación en términos muy positivos, que en términos sociales es bastante alto. Siempre hay problemas porque eso es inevitable pero cada vez es un poco más raro este tipo de acciones.
Hace varios meses nos mencionó que 16 proyectos hidroeléctricos están suspendidos por diferentes motivos relacionados a la conflictividad. ¿Cómo observa el sector de electricidad en este momento?
El sector eléctrico en general está muy bien desde el punto de vista que tenemos capacidad instalada bastante superior a la demanda. Hoy tenemos 4,700 megavatios instalados en el país contra 1,800 megavatios que consumimos, por lo que tenemos un margen de reserva importante.
El sector renovable ha avanzado muchísimo porque aparte de la generación hidroeléctrica el país tiene generación solar, eólica, geotérmica y también como biomasa con el bagazo (de caña de azúcar).
El único país en toda Centroamérica donde se han reducido las tarifas eléctricas es Guatemala y el país se ha convertido en un referente importante a nivel de la región porque tiene el modelo más abierto y más competitivo, con muchos más agentes participando.
Guatemala es un referente al tal punto que Honduras, que está en un proceso de reestructuración importante lo que quiere es implementar el modelo del sistema eléctrico guatemalteco.
¿Cómo siguió la situación para las hidroeléctricas en el país?
Alrededor de 16 hidroeléctricas se quedaron en el camino, algunas de ellas en forma definitiva, otras que tienen aún problemas, pero sobre todo las condiciones de mercado actuales quizás con uno de los impedimentos más importantes.
La mayoría de las hidroeléctricas que fueron adjudicadas en las licitaciones del 2012 y 2013, están construidas, algunas se quedaron en el camino y la última que está en un proceso muy avanzado y que esperamos que termine muy pronto, son las hidroeléctricas que están en Huehuetenango.
¿Cómo ve el futuro del sector eléctrico ya que la oferta se ha saturado un poco y la demanda nacional no crece al mismo ritmo y hay obstáculos para poder exportar más a la región?
El país a la fecha es el mayor exportador de energía a la región centroamericana y se exporta también a México. Entre ambos se está exportando más de 400 megavatios y eso viene a mitigar un poco la situación del exceso de generación.
Guatemala se quiere convertir en ese hub energético para la región centroamericana porque ya tiene buena parte de la inversión hecha, aunque todavía hay problemas a nivel regulatorio y de gobernanza en el Mercado Eléctrico Regional que es uno de los grandes retos que tenemos que resolver muy pronto.
El futuro viene con más energía renovable, esta es una tendencia mundial, creo que la sostenibilidad, la preocupación por el planeta, el cambio climático, el recalentamiento de la atmósfera. Todo eso lleva a todos los países a enfocar sus esfuerzos a mitigar los impactos ambientales.
En la COP 21 se alcanzó un acuerdo a nivel mundial de asumir obligaciones para mitigar el cambio climático y Guatemala se autoimpuso que quiere llegar al 80% de la generación de energía con recursos renovables. Vamos en el buen camino, pero aún no estamos en la meta fijada para el año 2027. Ahora vamos por el 60%.
Lo que viene es más inversión en tecnologías como la solar y la eólica que han reducido costos en una forma considerable. Guatemala tiene mucho recurso hídrico, talvez no tan bien distribuido como quisiéramos, pero tiene mucho. Son más de 100 mil millones de metros cúbicos de agua que discurren en todos los ríos al año.
¿Y cuáles con los retos para aprovechar de forma sostenible esos recursos?
Los grandes retos que vemos es cómo vamos a lograr construir los proyectos del futuro si al final tenemos problemas tan serios como la implementación del convenio 169.
Lo que más preocupa al inversionista es la incerteza jurídica, la relación con las comunidades se puede manejar con buenas prácticas, con inversión social, con un acompañamiento por parte del Estado, donde le toca al Estado y el cual sabemos que es el gran ausente de las áreas rurales.
Pero la incertidumbre legal y jurídica es un asunto que ahuyenta a cualquier inversionista, especialmente a los extranjeros.
¿Qué falta para mejorar esas condiciones?
Hay cinco grandes retos que tenemos en el sector eléctrico. Uno de ellos es el convenio 169 de la OIT, es una regulación que existan esas normas claras y que el Estado tenga la capacidad de hacer esos procesos de consulta previos e informados como establece ese convenio.
Nos preocupa muchísimo que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad vayan un poco con el propósito de parar inversiones o de inclusive de parar las operaciones de proyectos que ya están en operación.
Otro es el robo de energía eléctrica, esto se ha extendido en varios departamentos del país y desgraciadamente se ha convertido en una práctica de grupos que viven de ello. El algo que al final todos pagamos.
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