En la acusación, el MP presentó 119 medios de prueba, entre los que se encuentran los informes del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) del autopatrulla DG-OO2, asignado a la Dirección General de la Policía.
También se incluyeron las fotografías de la escena del crimen, los informes de las necropsias y las armas encontradas en la unidad usada por los agentes, entre otras.
Se adjuntaron las declaraciones de tres testigos protegidos, quienes explicaron la forma en que el 21 de septiembre de este año, cuatro agentes vestidos con el uniforme del Grupo de Acción Rápida aprehendieron a los cinco jóvenes cuando jugaban futbol en una de las calles del barrio El Gallito, zona 3.
La acusación cuenta con 417 folios, y también se incluyen los informes de la prueba balística y de luminol practicada en el autopatrulla.
Ahora, la petición quedó en manos del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, para que después de una audiencia, pueda resolver si los envía a juicio.
Buscan a cómplices
Álvaro Matus, fiscal de Delitos contra la Vida, comentó que dentro de las pesquisas se trata de dar con el paradero de otros dos agentes que también participaron en el hecho.
Una de las diligencias pendientes es el despliegue de las llamadas telefónicas entre los integrantes que efectuaron la captura y posterior ejecución, pero el problema al que se han enfrentado es que los teléfonos eran prepago.
“Pediremos que se dicte la clausura provisional a favor de nuestros clientes, pues consideramos que lo que el MP ha presentado no son pruebas contundentes; lo único que realmente tienen es la prueba del GPS”, expresó Gustavo Gudiel, abogado de Tobar y Ramos.
Las madres de los cinco jóvenes muertos solicitaron al juzgado ser tomadas en cuenta como querellantes adhesivas en el proceso.
