La actividad empezó con las peticiones de Alberto Marroquín, autoridad indígena, quien refirió que Colom no vistió el “sute” que le fue impuesto el 23 de noviembre último en Chichicastenango, como un símbolo de respeto y autoridad que le confirieron.
Las peticiones
Una de las demandas al gobernante fue que instruya al Ministerio de Educación para que reconozca e incorpore al sistema educativo del país el llamado “Modelo educativo con pertinencia ancestral, Nawal Tzij, sistema psicográfico en idioma maya k’iche'”.
También exigieron que las autoridades estatales respeten unas 47 consultas comunitarias de buena fe que han efectuado en el ejercicio de sus derechos en defensa de su territorio, en las cuales habrían participado más de 700 mil personas, entre hombres, mujeres, ancianos y niños.
“En representación de nuestros hermanos de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa —San Marcos—, exigimos al Gobierno que haga efectivas las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la suspensión inmediata de la explotación minera en esos territorios”, dijo Marroquín.
Concluyeron sus peticiones al Ejecutivo demandando la suspensión y cancelación de licencias de reconocimiento, exploración y explotación minera, hidroeléctricas y megaproyectos en el territorio nacional.
Sistema judicial ancestral
Respecto del Organismo Judicial, los dirigentes pidieron respeto y el reconocimiento del sistema de justicia ancestral como mecanismo de resolución de conflictos sociales.
“Queremos que quede claro que las autoridades indígenas no promovemos los linchamientos, estamos en contra de esa práctica y de encarcelar a los delincuentes; preferimos la imposición de sanciones económicas, físicas o de trabajo comunitario como medida de resarcimiento del daño que cometieron”, expuso José Macario Morales, primer Kamalb’e —guía en idioma maya k’iche’—.
Al Legislativo le exigieron que inicie el proceso de nacionalización del servicio de energía eléctrica, debido a los miles de abusos cometidos, según ellos, por parte de las empresas distribuidoras.
Por su parte, Álvaro Colom aseveró que algunas de las peticiones “son bastante complejas”, por lo que instalarán mesas de trabajo, para encontrarles solución.
“Ya es hora de que reconozcamos que las autoridades tradicionales tienen un espacio privilegiado en nuestra sociedad, y al fin de cuentas son a los que les hace caso la población”, afirmó.
