Entre los detalles que aportó el denunciante destaca el tiempo y la forma de operar de la red, nombres de integrantes, ubicación de los negocios y trato a las víctimas.
Alexander Colop, fiscal contra la Trata de Personas, del MP, explicó que con apoyo de investigadores de la PNC dio seguimiento a la denuncia durante tres meses. “Se montó vigilancia, se corroboraron direcciones de los negocios y seguimiento a quienes ingresaban y salían de los lugares. De esa forma se individualizó a los sindicados”, expresó el fiscal.
Los negocios
Las investigaciones determinaron que la estructura era liderada por Juan Mateo Hernández Coj, de 46 años, su hijo Walter Mateo Hernández Julián, 21, y su esposa Tatiana Esquivel Gómez, 35.
Los sindicados son propietarios de negocios que funcionan con fachadas de venta de licor, comida y hoteles, ubicados en la capital y Amatitlán, donde mantenían esclavizadas a las menores.
Después de tres meses de investigación, las autoridades descubrieron los horarios, días y lugares a donde eran trasladadas las víctimas. “Los viernes por la tarde las tenían a todas en los negocios; por eso aprovechamos a realizar 20 allanamientos en Mixco, Villa Nueva y La Terminal de la zona 4”, refirió el fiscal.
Agregó: “Así determinamos la función de cada uno y logramos desarticular a la banda. Liberamos a las 14 menores, que fueron trasladadas a albergues temporales. Dos de ellas, en estado de gestación”.
Las pesquisas revelaron que la familia era apoyada por Cornelio Silvestre Luis Cux, 32, quien intimidaba a las menores con armas de fuego. “Eran vigiladas para que no salieran y no tuvieran comunicación con sus familiares, para que no pidieran ayuda y no revelaran las operaciones de la banda”, informó Colop.
Esquivel Gómez tenía la función de cocinar y repartir los alimentos a las adolescentes y otros trabajadores de los negocios, mientras que Mateo Hernández supervisaba a los encargados y los lugares, en diferentes horarios y días específicos.
Las otras 11 personas detenidas se desempeñaban como encargadas y facilitaban la explotación de las menores.
Todos fueron aprehendidos por los delitos de trata de personas, asociación ilícita, y promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución.
Colop explicó que las jóvenes eran del occidente del país. “Eran contactadas por otras jovencitas que trabajaron con la estructura. Recibían pago de Q500 o Q700; otras, nada”.
Según el MP, Mateo Hernández inspiraba confianza porque era pastor evangélico y viajaba a la provincia, lo cual “pudo facilitar el reclutamiento de las menores”.
