Las capturas se realizaron tras dos allanamientos efectuados en la Calle del Río, sector norte, y en el callejón Las Armonías, ambas viviendas ubicadas en la zona 1 del referido lugar.
La población y el MP identificaron a Juan Manuel Ralón Solórzano, de 52 años, y a Víctor Manuel Anleu Mogollón, 64, —capturados— como presidente y vicepresidente de un grupo ilegal que opera desde hace año y medio en ese sector.
Manuel Santiago Cululen Cumes, 37, el tercer involucrado, está prófugo.
Los tres están sindicados de detenciones ilegales, lesiones graves y lesiones leves.
Según Benedicto Tenaz Arévalo, fiscal del MP de Sololá, en la entidad investigadora se han presentado denuncias por varios delitos, como destrucción de viviendas, allanamientos ilegales y desapariciones forzadas de personas.
Agregó que el grupo patrulla en especial por las noches, selecciona a las víctimas y ordena a sus colaboradores que las golpeen con leños, bates de béisbol y armas de todo tipo.
Desaparición
De acuerdo con Tenaz, los detenidos son sindicados de la desaparición de Luis Gilberto Tian, el 4 de octubre último.
Lorena Caal, esposa de la víctima, asegura que fue retenido por el grupo de encapuchados.
“La investigación ha sido lenta porque no tenemos suficientes testigos, pues aquí la gente tiene miedo”, señaló Caal.
En cuanto a las capturas, dijo: “No estoy satisfecha, porque queríamos que capturaran a los demás; se fugaron dos”.
Tian fue retenido cuando regresaba de la feria local. Según testigos, los encapuchados se lo llevaron en un picop de doble cabina. Días después de la desaparición de Tian, en el lugar conocido como Jacuzzi, a orillas del río San Francisco, localizaron ropa y zapatos de la víctima.
La denuncia de ese hecho la efectuó la periodista Lucía Escobar, directora de radio Ati y columnista de El Periódico.
Escobar acusó en un programa al alcalde de Panajachel de “representar y defender a los encapuchados” como individuos que con el rostro oculto patrullan de noche las calles para supuestamente velar por la seguridad de la ciudad.
La periodista recibió mensajes amenazantes en los que le advierten que “acabará en el fondo del Lago —de Atitlán—”, en alusión a la ocultación de cadáveres en ese lugar, que Escobar refería en uno de sus artículos.
Por medio de un comunicado, Reporteros sin Fronteras pidió ayer a las autoridades del país que garanticen la protección de Escobar e investiguen “de manera seria y eficaz” a los autores de las amenazas de muerte y acusaciones de tráfico y consumo de droga.
Juan Luis Font, director de El Periódico, vio positivas las capturas, pero reprochó que “las autoridades se tomaron mucho tiempo para realizarlas”.
Manifestó: “Existe el riesgo de que en otros lugares del país se produzca la misma situación”.
Capacitados
La gobernadora departamental de Sololá, Elena Yojcom, dijo a Prensa Libre que el año pasado se integró una junta, en la que participaron los 19 alcaldes de Sololá y el Ministerio de Gobernación.
“Se dio capacitación de seguridad ciudadana, participación ciudadana y planificación en diferentes talleres en Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna y Panajachel, pero los alcaldes son los principales que dirigen las juntas de seguridad”, afirmó.
Añadió: “Cuando supimos de denuncias en contra de los grupos, fui con el alcalde y le planteé el problema. Vino la viceministra Lorena Guerra y se comprometió a mandar agentes, patrullas y motos”.
La funcionaria manifestó: “De esa cuenta, Panajachel tiene 33 agentes, cuatro autopatrullas y dos motos. Al persistir el problema, investigaron y confirmaron que los encapuchados no eran las personas que formaban la junta de seguridad”.
Preocupación
El abogado penalista Jorge Barrios refiere que por las condiciones de inseguridad que se viven en el país se ha relajado “mucho” la aprobación de ciertas organizaciones privadas de seguridad.
“Es muy preocupante que se establezca la existencia de organizaciones al margen de la ley, y que encima de todo tengan patrocinio de funcionarios. Esto coloca a la ciudadanía en una situación de altísimo riesgo y absoluta indefensión”, manifestó.
Añadió: “En este caso —Panajachel— se supo porque fue afectada una persona que tiene acceso a medios de comunicación, pero cuántas situaciones similares habrá en que las personas no tienen capacidad de denunciar o están atemorizadas sin ninguna alternativa de protección”.
“Es necesario que haya una clasificación previa —de los grupos que darán seguridad—. Normalmente, cuando se piden las autorizaciones para asociaciones o grupos privados, siempre hay alguien que tiene que hacerse responsable de los actos de las personas que lo conformen”, señaló.
Agregó que la solicitud y exigencia para el MP y los tribunales es “que, en el caso de Panajachel, investiguen para determinar qué otras personas tienen injerencia en esos hechos, independiente de la posición que tengan”.
Antecedentes
Ralón Solórzano, uno de los capturados y principal sindicado por la población de liderar el grupo de encapuchados, participó en la contienda electoral como candidato a alcalde por el Partido de Avanzada Nacional.
Los lugareños agregaron que fue deportado de Estados Unidos hace varios años, pues en aquel país fue sindicado de dos delitos —que no detallaron—.
En Panajachel, los acusan de haber aceptado dinero del narcotráfico para pagar su campaña política, así como de haber participado en una golpiza contra Gerardo Montejo, presunto expendedor de drogas, quien migró a Huehuetenango.
Anleu es señalado de ser el máximo cómplice de Ralón.
Según dicen los pobladores, a pesar de usar capuchas, muchas personas los han reconocido.
El alcalde indígena Juan Quiché no dio ninguna declaración sobre el asunto, pues afirmó que le correspondía al alcalde Higueros, quien indicó que no podía atender por estar reunido con el concejo local.
