El grupo criminal era dirigido por Juan Hernández Sánchez, quien según los registros del Ministerio de la Defensa integró el Estado Mayor Presidencial de 1987 a 1991 y su último grado militar antes de causar baja por faltas graves fue sargento segundo especialista. Su función en el ataque en que murió Cabral fue disparar al sitio en que viajaba el cantautor.
La gavilla dirigida por Hernández Sánchez está integrada por Byron Cortez Lima, René Lima Muralles, Marvin Giovanni Reyes Navarrete, Luis Arturo de León Ojeda, Gustavo Adolfo Camey Amaya, Elgin Enrique Vargas Hernández y Wilfred Allan Stockes Arnold, todos ligados al proceso entre julio y septiembre últimos. Aún hay un prófugo.
Todos están sindicados de asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada y encubrimiento propio.
Ricardo Guzmán, jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, explicó que esta organización salió a luz después de las investigaciones por el caso Cabral y que trascendió a Escuintla.
“Este es un grupo de amigos que se conocen desde hace tiempo y que se dedicaban al sicariato y al robo”, dijo el fiscal.
El día de la aprehensión de Hernández Sánchez, el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, aseguró que este “integraba una estructura de sicarios que trabajan con el crimen organizado, particularmente el narcotráfico que opera en el área de Escuintla”.
En ese departamento se reportan 256 muertos —138 baleados— de enero a julio últimos.
Cotizados
De acuerdo con las investigaciones de la PNC, la referida banda había sido hasta julio último una de las más cotizadas.
Las pesquisas demuestran que sus integrantes eran contratados para matar a personas en diferentes puntos del país y a escala internacional.
Los investigadores afirman que una de las razones para contratarlos era “su disciplina; no se equivocaban y tenían conocimientos sobre armas, ataques y robo de droga”, pero quedaron al descubierto en este caso.
En el proceso de investigación se ha establecido que por cada asesinato cobraban unos Q50 mil.
El dinero se repartía entre los integrantes de la banda. En algunos casos participaban todos y la ganancia era de Q5 mil para cada uno.
Al recibir la petición iniciaban con la vigilancia de la víctima e identificaban posibles rutas de escape.
En las investigaciones del MP se vincula a la banda con la seguridad a grupos del narcotráfico que operan en la región, para la carga y descarga de droga.
Según el expediente de investigación, el lugar de reunión del grupo delictivo era una tienda de conveniencia en Puerto San José.
Un colaborador en el caso Cabral declaró que después de los hechos el jefe de la organización les dijo que no les habían pagado porque fallaron con el objetivo.
En su perfil laboral Reyes Navarrete aparece como trabajador de la Portuaria Quetzal; otros, como pilotos, agricultores, mecánicos y electricistas. Además, ofrecían servicios como guardaespaldas.
Casos
Una de las muertes que se le atribuyen a la banda es la de Cabral, en un ataque que iba dirigido al nicaragüense Henry Fariñas, propietario de los clubes Élite.
En el expediente se incluye la declaración de un testigo que asegura que fueron contratados en mayo último para cometer el crimen.
En ese hecho participaron al menos cinco integrantes del grupo, quienes se encargaron de vigilar los movimientos de Fariñas.
El contratante fue Alejandro Rodríguez, alias el Palidejo, señalado de lavar dinero en Costa Rica.
El 11 de julio último, dos días después de la muerte de Cabral, fueron capturados Stokes Arnold y Vargas Hernández.
Los presuntos sicarios prófugos habrían participado el 20 de julio —11 días después del ataque contra Cabral— en la muerte de Carlos Humberto González Álvarez y Karen del Socorro González, en la calle La Cabaña, parcelamiento Santa Isabel 2, Puerto San José.
La Policía capturó a Hernández Sánchez el 31 de julio, cuando jugaba futbol, en Escuintla.
A pesar de que la mitad de integrantes de la banda ya estaban en prisión, el resto se reunía en la misma tienda de conveniencia, y el 6 de septiembre último, cuando estaban listos para cometer otros asesinatos, fueron capturados cinco más.
Guzmán informó que la Cámara Penal autorizó que el Juzgado de Alto riesgo conozca los casos ocurridos en Escuintla.
