El MP, en la acuasión, señaló a ochos personas: siete funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; y una persona que está vinculada a una de las empresas constructoras relacionadas con el proceso penal. Los nombres de las personas acusadas formalmente son los siguientes:
- Gustavo Alejandro Fong Araujo
- Mario Alberto Rojas Alvarado
- María Alejandra Gordillo Mendoza
- Yorik Alexander Campos Morales
- Juan José Hanser Pérez
- José Mario Muñoz Estrada
- Álvaro Castillo Valdez
- Boris Abilio Palma Montenegro
El MP dio a conocer que la acusación que fue presentada constituye la segunda formulada en este caso.
Una construcción polémica
En abril de 2019, el gobierno de Jimmy Morales inauguró el Libramiento de Chimaltenango. El objetivo de esta obra vial era agilizar el tránsito en la ruta CA-1 Occidente. El costo del Libramiento fue de alrededor de Q500 millones y estuvo a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ), que contrató a la empresa Proyectos de Constructora Nacional S. A. (Conasa).
La inauguración de este tramo carretero de 14.5 kilómetros de longitud, fue hecha por el expresidente Jimmy Morales quien la calificó como una “mega obra”, pese a que horas antes del evento se observaban tramos carreteros inconclusos y se miraba cómo los trabajadores corrían a contra reloj para culminar la vía.
A menos de un mes de su inauguración, el libramiento presentó daños, inundaciones, con las primera lluvias del 2019. Desde ese momento, se han reportado constantes deslizamientos y derrumbes.
Varios expertos pusieron en duda la efectividad en la construcción de esta obra que llevó a la Fiscalía contra la Corrupción del MP a abrir una investigación. En octubre de 2019, fiscales realizaron una inspección ocular para verificar los derrumbes en el lugar y detectar posibles irregularidades.
En diciembre de 2019, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio informó que tenía indicios preliminares sobre deficiencias en la planificación del libramiento de Chimaltenango.
En enero de 2020, la Contraloría General de Cuentas confirmó 10 hallazgos de anomalías en el proyecto de construcción de la obra y presentó cuatro denuncias penales al MP en febrero de 2020.
En julio de 2020, el MP informó que luego de 9 meses de investigación habían encontrado anomalías técnicas, financieras y administrativas en la construcción del Libramiento de Chimaltenango. El 10 de julio de ese año capturaron a 17 personas.
El fiscal Stuardo Campo reveló en esa ocasión que el 30 de julio de 2014 la Dirección General de Caminos suscribió el contrato 047-2014-DGCCONSTRUCCIÓN con la Constructora Nacional Sociedad Anónima (Conasa), por un valor de Q312 millones 997 mil 671.55, pero este se modificó en 17 veces, se pagaron otros Q74 millones 205 mil 487.80, por lo que el costo total de la obra subió a Q387 millones 203 mil 159.35.
Agregó que el 13 de noviembre de 2017 se suscribió otro contrato modificatorio por la suma de Q64 millones 533 mil 855.20 por lo que el valor del libramiento llegó a los Q451 millones 737 mil 014.55.
Según el MP, la Ley de Contrataciones del Estado le impedía a Conasa participar en una segunda licitación para concluir dos kilómetros del libramiento que estaban pendientes, pues había llegado al límite máximo para las modificaciones. Debido al impedimento de Conasa, se constituyó la Sociedad Anónima denominada Renova Ingenieros, S.A., para poder concursar en los futuros eventos de contrataciones estatales para la ejecución de obras públicas.
Como resultado de las investigaciones, en febrero de 2021 se giró una orden de captura contra el exministro José Luis Benito, quien se encuentra prófugo de la justicia. Mynor Moto, quien entonces fungía como Juez Tercero de Instancia Penal, recibió una orden de captura por haber presuntamente recibido un soborno de personas relacionadas con el Libramiento de Chimaltenango.
