La recuperación de los ríos, remarcó el ministro en conferencia de prensa, es una labor colectiva que requiere de la participación de los pobladores locales, a los que es necesario “educar” en la conciencia medioambiental.
El Ministerio está investigando ya el estado de los ríos y analizando los posibles desvíos de ríos para usos empresariales.
Uso del agua sin control
El domingo último Prensa Libre publicó un reportaje donde se evidencia la problemática de la escasez del agua, el incremento en las tarifas por el servicio, la potabilidad del líquido para consumo humano y el desvío de los afluentes que genera conflictividad en varias comunidades.
La iniciativa de Ley de Aguas será analizada en la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de la República, aunque “quizás no con ese nombre tan polémico”, afirma Ronald Sierra, presidente de esa sala legislativa.
Sierra no es el único congresista que pretende tratar el tema, Ferdy Elías, presidente de la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, tiene otra iniciativa encaminada a regular el uso del agua, y una tercera propuesta podría surgir de la Comisión de Salud y Asistencia Social.
Sierra se inclina por revisar la “iniciativa de ley que sitúa bajo la rectoría técnica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a las autoridades a cargo de los diferentes cuerpos de agua”, que data de 2008.
El proyecto de ley avanzó hasta segundo debate, y cómo ocurrió con otros de esa naturaleza, quedó estancado.
La futura normativa debiera contener, según Sierra, regulaciones sobre el uso del agua para consumo humano, la agroindustria y la conservación de los recursos hídricos.
¿Mejor calidad?
Tener sistemas de agua, sin embargo, no se traduce en que el acceso a esta sea el mejor, debido a que no se cuenta con procedimientos estandarizados de saneamiento o cloración.
Las reglas del juego que rigen al sector están contenidas por ahora en la Constitución de la República, la Ley de Descentralización, el Código Municipal y de Salud, pero no hay un marco específico, según el estudio Servicios de agua potable y saneamiento en Guatemala, de Emilio Lentini.
La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso evaluará los otros proyectos de ley de agua existentes y propondrá, de ser necesario, uno nuevo.
Divergencias
No hay una sola iniciativa de consenso. Incluso se prepara una nueva, con la participación de las autoridades indígenas, comenta el diputado Amílcar Pop.
Cualquier intento de aprobación, a juicio del legislador, encontrará al menos tres escollos: el uso industrial del agua, su utilización como bien público y la resistencia cultural.
La utilización del líquido vital en la industria incluye normar, por ejemplo, el aprovechamiento que hacen las mineras, dice el diputado.
El empleo del agua como bien público implica “garantizar el acceso a fuentes potables y la debida utilización como bien público por las municipalidades”, añade.
