Sin embargo, la semana pasada, en el marco de una reunión de dicho Consejo -y que agrupa a entidades de gobierno, universidades, sectores indígenas, campesinos, ONGs y sector privado- el ministro de Ambiente Mario Rojas confirmó la intención de retomar la discusión para tener una hoja de ruta.
“Como equipo, en consejo, creemos que ya es tiempo de que Guatemala cuente con una Ley de Aguas y estamos buscando algo que sea consensuado, con aportes de trascendencia y basado en proteger el recurso hídrico”, señaló a través de un comunicado.
El Consejo se reuniría a discutir la agenda el próximo 28 de febrero.
Regular y ordenar la gestión
De acuerdo con Rojas, los miembros del Preconsejo abordaron la importancia del agua y la posibilidad de crear una mesa técnica para trabajar en la formulación de un documento que permita regular y ordenar la gestión integral de los recursos hídricos en el país.
Para Alex Guerra, director general del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, la iniciativa es positiva “porque los mayores impactos del cambio climático están relacionados con el agua, por exceso o por escasez. El manejo del agua es la columna vertebral de la adaptación al cambio climático” manifestó.
Una ley de aguas podría dar pie a la creación de un ente rector que administre temas como el uso, permisos e inventarios para la sostenibilidad del recurso.
El Consejo fue creado mediante la Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad ,la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero.
Sin una ley de aguas
Como lo han pronunciado analistas de instituciones como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes),la falta de gobernanza en la materia hídrica ha dificultado desarrollar mecanismos de financiación del agua, así como capacidades para mejorar la gestión, solucionar los problemas de calidad y cobertura, sobre todo en áreas rurales.
Y aunque el agua cuenta con legislación a través de códigos, acuerdos gubernativos y ministeriales, y la misma Constitución de la República, la falta de certeza por no tener una ley general (como sí existe en la mayoría de países de América Latina) ha provocado vacíos legales que redundan, en muchos casos, en conflictividad.
