CIDH ofrece mediar para ley que combata extorsión en el transporte público

Durante una audiencia pública de la CIDH sobre la situación de personas que trabajan en el transporte extraurbano en Guatemala, la vicepresidenta primera de la CIDH, Margarette May Macaulay, se ofreció a estar presente como mediador entre el Gobierno guatemalteco y las empresas de ese sector para negociar una legislación que acabe con las extorsiones y la inseguridad.
 
Por su parte, el comisionado James Cavallaro recalcó su disponibilidad como figura mediadora para que el servicio de transporte en la zona rural y que conecta las ciudades y poblaciones guatemaltecas se pueda realizar de forma segura para los usuarios y los trabajadores.

Cavallaro defendió la necesidad de un método prepago del servicio para evitar el cobro en efectivo en los autobuses y, de ese modo, prevenir las extorsiones y los asesinatos por parte de las maras y las pandillas.
 
Sin embargo, solicitó al Estado de Guatemala que provea de subsidios al servicio de transporte extraurbano para llevarlo a cabo, ya que sus usuarios suelen ser las personas con menores recursos.
 
Los peticionarios, la asociación gremial Gretexpa y la Cámara Interamericana, dieron la bienvenida a las mesas de conversación que ya están celebrando con el Estado, aunque se mostraron reticentes a la modalidad de cobro prepago porque muchos de sus usuarios no pueden pagar de antemano.
 
Sin embargo, uno de los portavoces de Gretexpa, Daniel Ramírez, denunció que actualmente pagan 4 extorsiones distintas y que el Gobierno de Guatemala únicamente ejerce acciones judiciales contra los cobradores y no los jefes de esos grupos.
 
El portavoz justificó esos pagos ante las amenazas de asesinato de los conductores cuando se niegan.

Por ello, acusó al Estado de tratarles como un “servicio de segunda clase”  y de no actuar por su seguridad y no ayudar económicamente a la subsistencia del servicio.
 
Además, recalcó que en 2014 y, según datos de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, se registraron 418 muertes y más de 430 personas heridas contra conductores de autobuses extraurbanos y ayudantes.
 
Por su parte, la directora ejecutiva de la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos de Guatemala  (COPREDEH) , María José Ortiz, dijo que muchas de esas muertes se debían a accidentes por “negligencia, impericia e imprudencia” , aunque reconoció la inseguridad.
 
Ortiz aseguró que su Gobierno está implementando planes de seguridad asociados con la extorsión, y operativos para desarticular bandas organizadas.
 
La representante guatemalteca acusó a los gremios de los servicios de transporte extraurbano de la inexistencia del sistema prepago, que recomendó la CIDH, aunque manifestó que su oferta de mediación tendría que ser estudiada por el Estado.