El presupuesto asignado a la atención de niñez vulnerable, como de personas en inseguridad alimentaria, no es suficiente. Se tienen Q5 mil 9 millones asignados al Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán) pero las acciones que están relacionadas a este no necesariamente reflejan una inversión efectiva y objetiva que responda a las necesidades de los guatemaltecos.
“Que en el Poasan se vinculen más acciones, no significa que haya una calidad en las intervenciones para reducción de la desnutrición y de la inseguridad alimentaria, simplemente se hace creer a la gente que se tiene mayor inversión en ese tema cuando no es así, porque ponerle una etiqueta a una acción no significa tener una mejor inversión o mayor ejecución y mayor presupuesto en las acciones que están dirigidas directamente a la población”, señala Gabriela Lima, de Instancia de Consulta y Participación Social (Incopas).
Situación que como sociedad civil les preocupa, porque hay una baja ejecución en las actividades sensibles a la nutrición, a la atención a población en inseguridad alimentaria y a las vinculadas al fortalecimiento de la agricultura familiar, y los ministerios que presentan mayor ejecución son los que no tienen acciones tan directas para atender la problemática, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que sobrepasa el 60 por ciento, en tanto que el Ministerio de Desarrollo Social está en 39.42 por ciento en atención a población vulnerable en inseguridad alimentaria.
“Reconocemos que las bolsas de alimentos o programas que den alimento no van a solucionar la problemática, pueden ayudar a paliar la crisis de manera inmediata, por eso estamos exigiendo el cumplimiento de las acciones que sí van para largo plazo, como la agricultura familiar, el cambio de comportamiento, monitoreo de crecimiento y suplementación”, refiere Lima.
No solo es la baja ejecución sino también las modificaciones presupuestarias que disminuyen recursos a las principales acciones para combatir la desnutrición y ayudar a la población en crisis alimentaria, un punto que, según William Maldonado, profesional de la Defensoría de Seguridad Alimentaria Nutricional de la Procuraduría de los Derechos Humanos, refleja el poco interés de las autoridades de atender la situación.
Lea además: Programas del Maga de asistencia a campesinos muestran baja ejecución
“Uno de los objetivos del gobierno era el combate de la desnutrición, con esa disminución (de presupuesto) lo que se puede entender es que no es su prioridad el atacar este flagelo”, dice Maldonado, cuando el tema debería convertirse en una “emergencia nacional” para tener respuestas más efectivas, así como fortalecer o blindar el presupuesto destinado a las acciones que buscan reducir la cifra de niños afectados.
El que se modifique la asignación de recursos precisamente a estas actividades puede atribuirse a que estas no son tan visibles dentro del Poasán, refiere Maldonado, y no hay voluntad política para fortalecerlas con más presupuesto.
La recomendación de la Defensoría de Seguridad Alimentaria Nutricional ha sido fortalecer los programas y los mecanismos que abarcan el Poasán, y si no se puede aumentar los fondos sí mantenerlos, además de que los acciones impacten en donde se necesitan, “que salgan del área urbana y que lleguen al área rural”.
Se requiere de atención inmediata pues, si bien la estimación actual es de 4.6 millones de guatemaltecos en crisis alimentaria, el incremento de los precios en los productos de la canasta básica, de los fertilizantes, como también los efectos del cambio climático y de la guerra entre Ucrania y Rusia tendrán serías repercusiones en los hogares guatemaltecos.
“La cifra será superior en los primeros tres meses del próximo año, veremos una crisis más grande de lo que estamos viendo, podemos pensar en una crisis de hambruna”, indica Lima, que desde World Visión han identificado a familias que comen cinco veces a la semana porque sus recursos no dan para más.
