En marzo pasado, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) logró que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) aceptara ampliar el plazo para la construcción de las plantas de tratamiento debido a que el acuerdo gubernativo determinaba que en este año comenzarán a funcionar los sistemas de saneamiento.
Los alcaldes argumentaron que no tenían recursos para construir los sistemas de tratamiento de aguas residuales, por esa razón solicitaron un nuevo plazo.
Con la nueva fecha, mayo del 2019, las municipalidades no tienen excusa para cumplir con el requerimiento de Ambiente.
Se estima que la implementación de una planta de tratamiento tendría un costo de Q1.5 millones.
Prueba de la necesidad de implementar plantas de tratamiento de aguas residuales es la contaminación periódica en el Lago de Amatitlán y el río Motagua.
Carencia de sistemas
Más del 60 por ciento de los municipios del país no tienen plantas de tratamiento de aguas negras, lo que supone un verdadero riesgo debido a que la mayoría de aguas residuales contaminan los afluentes naturales.
Una de las opciones que impulsan las autoridades de Anam es permitir a las municipalidades adquiera deudas para cosnstruiir sistemas de tratamiento de aguas a través de préstamos que se pagarían luego del periodo de administración
