La más reciente de las protestas fue protagonizada por médicos de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt que piden el pago de sueldos atrasados, medicamentos e insumos para poder trabajar.
El aumento de manifestaciones y bloqueos en carreteras que reporta la Policía Nacional Civil (PNC) es un indicador de que la conflictividad va en aumento y de que los problemas que enfrentan ciertas comunidades desde hace años no han sido atendidos y se han agudizado.
Un reporte de la Subdirección General de Operaciones de la PNC detalla que, solo en enero pasado, se registraron 283 manifestaciones en todo el país, mientras que en los 12 meses del año pasado hubo mil 656; es decir, un promedio mensual de 138. Si se toma el dato de enero pasado, tenemos que el aumento del promedio mensual de estas movilizaciones fue de 105 por ciento en el primer mes del año.
Del total de protestas que hubo en enero pasado, en 253 hubo bloqueo de alguna carretera, un incremento del promedio mensual del 344% en relación con el 2021, puesto que el año pasado se contabilizó una media por mes de 57.
El sector empresarial calcula pérdidas millonarias por cada día de bloqueo. ¿Pero quién es el responsable de que se llegue hasta estas medidas? ¿Qué hace que un grupo de manifestantes adopte estas acciones?
El estado como promotor de conflictos
El analista independiente Miguel Ángel Balcárcel explicó que un conflicto se genera a partir de un problema no resuelto que a su vez surge de una necesidad no atendida. De esa cuenta, afirman, el Estado se ha convertido en “el principal generador de la conflictividad” puesto que no ha sido capaz de cumplir con su papel de satisfacer las necesidades mínimas.
Al explicar el porqué de los bloqueos, dijo que el Estado no tiene la capacidad que se necesita para atender la creciente conflictividad y la sociedad no halla los canales o instituciones para expresar sus demandas. Además, con recurrencia se suelen implementar mesas de diálogo que no cumplen los ofrecimientos, entonces, los problemas se amainan, pero luego regresan con más fuerza.
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Balcárcel cree que la falta de capacidad de respuesta del Estado se ha agravado en los últimos años, y como muestra citó la nueva protesta de los médicos del Roosevelt y del San Juan de Dios.
“Vea los hospitales, ni una planilla pueden armar. Colocar mil o mil 200 personas en una planilla, meterlos a una plataforma electrónica para que a fin de mes les salga el pago… No han podido hacer una operación administrativa-financiera, no hay ni preparación, ni eficiencia.”, señaló el analista.
Agregó que parte del problema es que no existen procesos de selección de servidores públicos y las plazas se terminan dando, no por capacidad, sino por amiguismo.
Institucionalidad desmantelada
Los problemas agrarios representan el mayor número de conflictos en el país, seguidos por el control de los recursos ambientales, las diferencias limítrofes, la falta de servicios básicos y la seguridad democrática.
Pero atender estas demandas, para el Gobierno, es cada vez más difícil porque han desaparecido instituciones cuyo fin era atender atenderlas; por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.
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En 202 el presupuesto de estas era de Q166.1 millones, en su lugar quedó la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, cuyo presupuesto este año es de Q35 millones, ni siquiera el 25%. Además, la Comisión Presidencial de Diálogo sufrió un recorte de su presupuesto este año y pasó de Q10 millones asignados en 2021 a Q8 millones en 2022.
El historiador y analista político José Alfredo Calderón expuso que no se han atendido las causas estructurales que provocan los conflictos y que están íntimamente ligadas al modelo económico que genera desigualdad social.
Dijo que, en vez de haber desmantelado las instancias encargadas de resolver conflictos, la Comisión de Diálogo debería tener el rango de una secretaría que no solo atienda, sino que identifique problemas para llegar a acuerdos básicos antes de que estalle el conflicto.
“El Gobierno reacciona hasta que hay muertos y enfrentamientos. Un mecanismo de diálogo debería ser permanente”, subrayó Calderón. El problema con las mesas que se instalan, agregó, es que quienes participan por la parte gubernamental no tienen el poder de decisión o no son los involucrados directos, entonces estas “no resuelven nada y solo sirven para que los gobiernos de turno ganen tiempo”.
Precisó que no ha existido voluntad del Gobierno para cumplir con lo que en estas mesas se promete. “Ni Los Acuerdos de Paz (1996), que Guatemala aceptó y ratificó internacionalmente se han cumplido, entonces qué podemos esperar de acuerdos menores”, subrayó.
Para el politólogo y antropólogo Ricardo Sáenz de Tejada, los conflictos y las diferencias son condiciones naturales de los seres humanos. Coincide con que “buena parte de la problemática” se explica por la desaparición de la institucionalidad alrededor de los Acuerdos de Paz, a lo cual se añade el deterioro del sistema de justicia lo que ha causado la pérdida de confianza de los ciudadanos.
¿Habrá más conflictividad?
No obstante, los múltiples conflictos que enfrenta el país, Sáenz afirma que en la cultura indígena hay esfuerzos notables para resolver conflictos que se han implementado ante la ausencia del Estado, lo cual podría servir como una guía para enfrentar estos desafíos.
Destaca que la firma de los Acuerdos de Paz demostró que “era posible ponernos de acuerdo” para identificar las causas de los problemas y las bases para su resolución, sobre todo se coincidió en que “la miseria es una fuente de conflictos en Guatemala”.
Si no se encuentran soluciones duraderas y de fondo, expuso Sáenz, el siguiente paso como sociedad es una escalada de la confrontación que pasará de la verbal a la física.
Calderón advirtió que “va a llegar el momento en que la gente se va a hartar”. Recordó que las causas que originaron el conflicto armado interno que tardó 36 años todavía “siguen ahí”, aunque cree que no hay condiciones para que ocurra un levantamiento armado de este tipo.
Sin embargo, señala otros riesgos, como el que la población esté dispuesta a aceptar que el poder recaiga en un gobierno autoritario a cambio de que atienda sus necesidades básicas.
“La gente cree cada vez menos en la democracia y en la institucionalidad y va a tratar de encontrar válvulas de escape y la conflictividad irá más allá”, enfatizó Calderón. En este escenario el gran ganador será el crimen organizado que poco a poco “está atravesando la realidad política y económica del país”, dijo.
“La gente va a encontrar en el anarquismo la forma de resolver los conflictos y eso va a ser mucho más grave que en los tiempos de la guerra”, concluyó.
Postura
La Comisión Presidencial de Diálogo indicó que el número de conflictos “se ha mantenido” según la base de datos que manejan. De momento están por hacer una actualización, ya que para julio de 2021 se contaban 160 casos en todo el país.
Explicó que dirigir un proceso de diálogo es algo “complejo” ya que hay conflictos históricos que se han vuelto multicausales.
“Como institución del Estado siempre manifestamos voluntad política para desarrollar nuestro papel de concertación, diálogo y mediación, con —entre— las instituciones del Estado y organizaciones de los pueblos para que se aborden los procesos y se llegue a consensos”, refirió en una comunicación con Prensa Libre.
