El negociador gubernamental afirma que cada conflicto tiene distintas aristas, matices y subdivisiones más específicas. Los puntos identificados son el control de los recursos naturales, el suministro de energía eléctrica, la conflictividad agraria, el incumplimiento en determinados puntos de las políticas sociales, los problemas de límites municipales e intercomunitarios y la ausencia de la fuerza pública en determinados puntos del país.
Tierra en disputa
El primero de los puntos de conflictividad se relaciona con el usufructo de la tierra, ya sea debido al uso del agua para fines productivos agrícolas o a los beneficios derivados de la industria extractiva minera, la generación de energía mediante las hidroeléctricas y la sostenibilidad ambiental.
Según Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), los gobiernos no terminan de comprender que la visión indígena va más allá de ver los recursos naturales como un activo económico. “Hay aspectos que no son evaluados por el sistema extractivo occidental, y es que los pueblos indígenas tienen otra forma de ver los recursos naturales, se les trata con respeto, con una cosmovisión más profunda; no solo se trata de ver en dónde se puede hacer negocio”, agregó.
Según el ministro de Energía y Minas, Érick Archila, los conflictos no se presentan en todo el país, “más bien están focalizados alrededor de algunos grandes proyectos”.
“Mediante el Viceministerio —de Desarrollo Sostenible— hemos trabajado con bastante precisión en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, y en otros lugares de conflictividad. Se han abordado reuniones permanentes con las partes a favor y en contra para procurar un balance y tomar en cuenta todos los puntos de vista”, dijo Archila.
Agregó: “En el área de San Rafael Las Flores, Santa Rosa —donde en el 2013 hubo conflictos por una mina— los problemas han disminuido considerablemente”.
Costos de energía
En relación con la energía, los conflictos a menudo se originan por las tarifas del alumbrado público y calidad del servicio. “Hay una oposición directa al pago de la energía, porque se han reportado problemas con la facturación”, expone Balcárcel.
En cuanto al problema de conflictividad agraria, aseguró que esta tiene sus orígenes en el acceso a la tierra, la disputa de los derechos de titularidad y posesión, los títulos ancestrales y las invasiones. “Estas se convierten en un círculo perverso, donde se invade, se desaloja y se reinvade”, comentó.
Pascual ve necesario contextualizar con mayor profundidad los conflictos agrarios, pues “es un problema que se arrastra desde hace décadas, que tiene que ver con la necesidad de tierra que tienen las comunidades.
El dirigente señala una “intencionalidad” de mantener ociosas tierras que podrían ser aprovechadas por los campesinos.
La Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia (SAA) registró mil 370 casos en el 2013; de estos, el 71 por ciento se deriva de disputas de derechos sobre tierras.
El Sistema Nacional de Diálogo ve otro gran foco de conflictividad en las políticas sociales en salud, educación y en disputas por condiciones laborales.
Seguridad local
Otro foco de conflictos se da cuando dos comunidades reclaman por límites territoriales y llegan incluso a enfrentamientos. Asimismo, se da el caso de pueblos que exigen ciertas extensiones como propias, tal el caso de Santa María Xalapan, Jalapa. “Ahí hay personas que tienen títulos reales otorgados por la corona española. Hemos tenido que contratar los servicios de un paleógrafo —experto en interpretar escrituras antiguas— para poder ver de qué forma se soluciona ese conflicto”, expresóÁxel López, titular de la SAA.
El último de los focos detectados y no por eso menos importante es el de la seguridad democrática, y se refiere a la ausencia de la fuerza pública en buena parte del territorio nacional. Según Gobernación, en 34 municipios no hay presencia policial.
Confictividad
1,370 conflictos agrarios se registran actualmente en el país.
285 licencias de explotación de metales y no metales dio el MEM.
17 proyectos hidroeléctricos operan en Guatemala actualmente.
34 municipios no cuentan con presencia policial en todo el país.
1.- Tenencia de la tierra
Algunos conflictos se remontan a la época colonial.
La conflictividad agraria tiene sus orígenes en la época colonial, reconoce Áxel López, titular de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República (SAA). El funcionario pone como ejemplo la disputa por la tenencia de tierras que existe en Santa María Xalapán, Jalapa, donde pobladores reclaman porciones de tierra con títulos otorgados por la corona española en el siglo XVII.
Actualmente, esa conflictividad heredada persiste. Entre 1997 y 2013 se registraron seis mil 528 conflictos agrarios en el país, según datos de la SAA. De estos, cuatro mil 901 se refieren a derechos de tierra en disputa. Del universo de casos, cinco mil 128 lograron ser resueltos, por lo que persisten mil 370.
López indica que cada año se resuelven unos pero ingresan otros. En el 2013 ingresaron 545 y se resolvieron 447. El 71.6 por ciento de los casos se refieren a la disputa por derechos, el 18 por ciento se trata de ocupaciones ilegales, mientras que los asuntos de regularización y límites representan un 6.9 por ciento y 3.5 por ciento, respectivamente. Los que tienen mayor incidencia son Quiché —340 conflictos—, Alta Verapaz —213— y Petén —147—. López explica que los conflictos se tratan de resolver mediante la creación de equipos técnicos que analizan caso por caso para establecer si existe documentación que respalde la propiedad. “Hacemos mesas de diálogo y utilizamos un método de arbitraje, previo a que el conflicto sea judicializado”, explica.
Deuda histórica
Mario Itzep, coordinador del Observatorio de los Pueblos Indígenas dice que estos tenían sus tierras comunales pero que fueron despojados por grandes terratenientes.
“El problema es estructural y es una deuda histórica del Estado para con los pueblos indígenas, pues no se ve voluntad política para resolver esto. Se pensó que con la Ley de Desarrollo Rural pudiese encontrarse una salida, pero la misma no fue aprobada por el Congreso de la República. Es evidente que en el país existe una mala distribución de la tierra”, criticó Itzep.
2.- Líos por uso de recursos
La industria extractiva, causa división por sus ventajas y desventajas.
El aprovechamiento de los recursos naturales es un tema que enfrenta a empresarios de la industria extractiva y a poblaciones indígenas. Mientras los primeros aseguran que los recursos deben aprovecharse, los segundos se quejan de la falta de consulta y del daño ambiental que implica la extracción de metales y la construcción de megaproyectos hidroeléctricos.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha concedido 285 licencias de explotación para metales y no metales. Además reporta el funcionamiento de 17 hidroeléctricas en el país. “Quisiéramos que el problema se pudiese solucionar con diálogo y con información, pues los conflictos surgen por esto”, asegura Mario Orellana, de la Gremial de las Industrias Extractivas.
Convenio 169
Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), asegura que los empresarios no respetan el Convenio 169, que es de “rango constitucional” y que pide a los gobiernos hacer consultas comunitarias.
“El Convenio 169 nos compromete a dar información de los impactos y las acciones para mitigarlos, pero en ningún momento obliga a realizar un evento electoral”, refuta Samayoa.
Juan Carlos Méndez, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), considera que el cumplimiento del Convenio 169 es responsabilidad del Estado que debe normarlo y cumplirlo. “Las consultas deben aplicarse por parte del Estado cuando haya medidas administrativas que afecten a los pueblos indígenas, pero no deben ser realizadas proyecto por proyecto”.
Ivanova Ancheta, viceministra de Desarrollo Sostenible del MEM, dice que cada conflicto se atiende de acuerdo con las necesidades con el fin de despejar dudas. “Tenemos presencia en la mayor parte de conflictos y les damos respuesta, promovemos la participación y el diálogo”, afirma.
Un líder de las comunidades kanjobal, chuj, acateca y no indígena, quien pidió no ser citado, señala que el Sistema Nacional de Diálogo toma partido del lado de los empresarios, lo que impide llegar a acuerdos.
3.- Conflictos por la energía
Tarifas de alumbrado público y distribución generan desavenencias.
La distribución de la energía eléctrica en el país arrastra muchas complicaciones que causan conflictividad. Uno de los asuntos más sensibles es el referente al pago de alumbrado público, que de acuerdo con el Código Municipal es responsabilidad de las comunas.
Según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), a diciembre del 2013, la conflictividad por este problema afectaba a 40 mil 456 consumidores en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Jalapa, Santa Rosa y Zacapa.
Los usuarios se quejan del desproporcional cobro de alumbrado público respecto del consumo de energía que registran.
Iniciativa
En septiembre último, el diputado Carlos Barreda presentó una iniciativa de ley que busca equilibrar el cobro de este cargo mediante la definición de una fórmula adecuada. “La iniciativa logramos trabajarla con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y varias distribuidoras. Se tuvo un buen consenso para encontrar los equilibrios que permitan garantizar la cobertura de los costes que tienen los alcaldes”, expresó el congresista.
Añadió que esperan que sea aprobada la norma este año.
Gerson López, secretario ejecutivo de Anam, indicó que como asociación han promovido que las comunas apliquen una metodología que esté acorde con el consumo. “Hemos logrado que 19 municipios ya trabajen con ese sistema y 55 más afinan sus acuerdos municipales para implementar esa metodología”, añadió.
Otros conflictos
Carmen Urízar, presidenta de la CNEE, explicó que en el tema energético hay más de un conflicto. “El primero tiene que ver con la generación de energía por medio de hidroeléctricas y por desconocimiento de los beneficios”, afirmó.
También señaló problemas en la distribución, porque hay usuarios que se conectan en forma ilegal, lo cual impacta en las líneas de transmisión y la facturación.
Facturación
Altos cobros
En el 2013 se recibieron 72 denuncias por sobrefacturación, según datos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Además, entre el 2008 y el 2013 se han tramitado 35 quejas por falta de mantenimiento en instalaciones de distribución.
4.- Políticas sociales
Problemas de acceso a la salud y a la educación ocasionan malestar.
Las precariedades en cuanto a salud y educación, así como las presiones de empleados de estos sectores son fuentes de conflictividad, afirma Miguel Ángel Balcárcel, coordinador del Sistema Nacional de Diálogo Permanente.
A diferencia de otros focos de discordia, estos son coyunturales. El funcionario pone como ejemplo la oposición a la reforma magisterial impulsada en el 2013, que causó confrontación que aminoró posteriormente.
“Ahora el tema que genera conflicto es el referente al incremento salarial de los maestros y la dotación de insumos para el regreso a las clases”, indica Balcárcel.
Según Luis Lara, secretario general del Frente Nacional de Lucha, los conflictos ocurren a causa de contar con presupuestos incoherentes con las demandas sociales. Afirma que faltan recursos y personal capacitado.
Salud
En el Área de Salud, según Balcárcel, los conflictos surgen del incumplimiento a pactos colectivos y a prestaciones laborales, que generan disputas entre los sindicatos y el Ministerio de Salud.
En ese sentido, Lara reclama el incumplimiento del pago de aguinaldo a los trabajadores de esa cartera y exige que se acaten los compromisos.
Gustavo Barillas, portavoz del Ministerio de Salud, menciona que existe una mesa mixta con reuniones periódicas para tratar temas laborales. Asegura que ya se pagó la primera parte del aguinaldo a los salubristas y que la otra parte se desembolsará antes de que concluya este mes.
“En el 2012 se pagó el bono de antigüedad, que era un compromiso derivado de un pacto colectivo suscrito por la anterior administración”, dice. El funcionario recalcó el compromiso del Ministerio con cumplir con todos los pactos colectivos y temas laborales, para que la gente se sienta bien.
5.- Límites en disputa
Según datos de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República (SAA), entre 1997 y el 2013 se han registrado 140 conflictos por límites territoriales entre municipios y aldeas.
De estos, 91 han sido resueltos.
El año pasado se registraron 17 nuevos conflictos y se resolvieron 12.
Áxel López, titular de la SAA, explicó que se ha necesitado la coordinación interinstitucional. “Cuando se trata de límites departamentales, se involucra a las gobernaciones departamentales; con casos de límites municipales, se gestiona apoyo con las alcaldías; y en los casos de problemas comunitarios, se pide apoyo a los consejos comunitarios de Desarrollo (Cocode)”, indicó.
Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos, explicó que esa institución brinda acompañamiento cercano con las comunidades para garantizar que se cumplan todos los requisitos y no se cometan abusos ni arbitrariedades. “Nuestro interés es intentar mediar en estos conflictos, ser los árbitros en estos reclamos sociales”, resaltó.
Caso emblemático
Miguel Ángel Balcárcel, coordinador del Sistema Nacional de Diálogo, aseguró que uno de los casos más antiguos y complicados es la disputa por límites territoriales que existe entre Ixchiguán y Tajumulco. Tiene más de 75 años de antigüedad y no ha podido resolverse. “El gran problema es que en este caso nunca quedaron claros los límites territoriales”, añadió López.
El 14 de agosto del 2003, tres personas murieron a causa de un enfrentamiento entre pobladores de la aldea Choapéquez, Ixchiguán, y de Tajumulco.
6.- Ausencia policial
Unos 34 municipios en todo el país carecen de presencia policial, según datos del Ministerio de Gobernación. Esta ausencia se concentra en San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán y Alta Verapaz. Se convierte en foco de conflictividad, debido al aumento de acciones delictivas de grupos que aprovechan esta situación para incrementar sus operaciones.
El Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que se trabaja porque la Policía tenga presencia en toda Guatemala.
El funcionario explicó que los poco más de 25 mil agentes que integran la fuerza pública se distribuyen en nueve regiones y 33 distritos, lo que permite ordenar la presencia en todo el país.
“Tenemos que retornar; hemos creado gabinetes móviles para tomar en cuenta las necesidades en cada lugar. La ausencia de autoridad nos genera situaciones arbitrarias que riñen con la ley, por lo que la presencia es crucial”, resaltó.
Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (Imasp), dijo que es necesario resaltar que muchos de los municipios que no cuentan con presencia policial se debe a que los pobladores han destruido las sedes y expulsado a la fuerza pública, y que no en todos hay alza delictiva.
La experta considera urgente invertir fondos en infraestructura, equipamiento y recurso humano, pero con la información estratégica que permita mejorar el despliegue.
