“Hay un estudio pero se quedó corto, no desarrollaron uno que pudiera tener una prevención a la situación que se dio. La idea -de las denuncias- es que ellos expliquen la razón por la que no desarrollaron lo que debieron de Ley” agregó el titular de la Contraloría.
El argumento de la acción planteada ante el Ministerio Público (MP) es por: “Falta de monitoreo ambiental y se estableció que la fase agrícola se efectuó sin contar de forma previa con su respectivo estudio de impacto ambiental, en virtud de lo anterior se presume hubiera contribuido a evitar la contaminación ambiental”, dice el señalamiento.
Mencos afirmó que la acción legal fue por incumplimiento de deberes, en contra de las personas encargadas de la unidad Ejecutora de Estudios Ambientales, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
“No denunciamos a las personas propiamente, será el Ministerio Público el que vea los niveles de responsabilidad” detalló el Contralor. Agregó que en las denuncias no figuran ninguna de las anteriores ministras.
“No aparece la ministra de ambiente, pero en todo caso son las personas que tienen a su cargo el área” argumentó Mencos.
Contaminación
El pasado 7 de junio ocurrió un desastre ecológico en el río La Pasión, de manera súbita una mortandad de peces ocurrió en la aldea El Pato, ubicada a 355 kilómetros de la capital. La contaminación continuó por varias semanas y recorrió casi 150 kilómetros río abajo.
Las consecuencias fueron devastadoras para las comunidades que viven en la ribera, se detuvo la pesca, no se pudo usar el agua para consumo personal, riego o para ganado por el temor de que estuviera envenenada.
Durante los días siguientes los comunitarios reportaron que varias personas, entre ellas niños, tuvieron enfermedades cutáneas y la muerte de animales de patio que consumieron agua y peces del río.
Aunque hubo señalamientos hacia la empresa Reforestadora de Palma de Petén S. A. (Repsa) de ser la culpable de la contaminación, la empresa se defendió aduciendo que cumplía con los requisitos impuestos por el Ministerio de Ambiente.
El pasado 17 de septiembre la jueza B de Primera instancia Penal de Petén, Carla Hernández, ordenó el cierre parcial de la empresa Repsa durante seis meses.
La decisión se tomó para que autoridades del MP recabaran evidencias y determinar si Repsa habría tenido responsabilidad en el caso de la contaminación del río La Pasión.
El 16 de octubre una la Sala Regional de Apelaciones de Petén, otorgó a Repsa el amparo provisional para volver a operar.
