La nueva normalidad también podría modificar los requisitos para optar a una plaza laboral. En el país, por ejemplo, ya se está pidiendo constancia de que se está libre de covid-19, aunque el Ministerio de Trabajo no ha regulado tal requerimiento.
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) incluso ha documentado tan tres denuncias concretas de personas a quienes les pidieron como requisito indispensable la prueba negativa del coronavirus, aunque se sospecha que la práctica es más común, pero no las quejas, porque los aspirantes aceptan esas condiciones a cambio de obtener el empleo.
Pero la medida no es nueva. Algunos países de Europa, como España, solicitaron el “pasaporte de inmunidad”, que demostraría que habían superado el covid-19.
Aunque la disposición buscaba promover acciones de prevención, no fue bien vista, por considerarse que violaba garantías humanas, entre ellas la confidencialidad en aspectos de salud.
“No es nuevo. Desde que inicia la pandemia algunas empresas, algunos patronos, empiezan a solicitarles a los trabajadores un certificado o constancia donde se demuestre que no son portadores del covid-19”, informó Luis Daniel Reyes, defensor del Trabajador de la PDH.
Las quejas documentadas por la PDH provienen de empleados de una ferretería y dos maquilas, pero la institución sostiene que, pese al bajo número de denuncias, el fenómeno es mayor.
“Solicitar mayores requisitos o documentación donde acrediten el tema de salud es complicado, y va en contra de los derechos laborales, porque se establece que toda la información referente a la salud es confidencial y sensible. Ante ello, los patronos deben tener la conciencia y la responsabilidad empresarial de no solicitar estas pruebas; es un acto que va en contra de las garantías mínimas de los trabajadores”, añadió Reyes.
Busca evitar contagios
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) dijo desconocer qué sectores están requiriendo la prueba del covid-19, pero sus representantes opinan que la razón sería únicamente la prevención, evitar que ciertos puestos de trabajo se conviertan en focos de infección.
“Hay que verlo desde un contexto un poco más general, hay que ver cuál es el criterio con el que están pidiendo las pruebas algunas empresas. Evidentemente, asumo, porque desconozco, ha de ser para querer evitar contagios, no solamente dentro de sus empresas, sino dentro de toda la población, y bajo ese criterio creo que es válido”, comentó Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG.
Zepeda dijo desconocer si este tipo de requisitos están regulados o si es necesario establecer acuerdos con las autoridades del Ministerio de Trabajo. “Si es legal o no es legal, no lo sé, no me compete. Debemos entender muy bien que todas esas precauciones se están tomando en el marco de una pandemia que no ha pasado con anterioridad, que no es normal y que debemos enfocarnos en el objetivo de que haya la menor cantidad de casos”, explicó el representante del sector industrial.
La CIG indicó que por ahora la mayoría de empresas están afinando los protocolos necesarios para una apertura gradual, capaz de frenar la expansión de la pandemia a medida que las actividades laborales continúen.
No es garantía de salud
Aunque algunas empresas estén reforzando sus protocolos de contratación como una medida emergente para contener la propagación del coronavirus, médicos consideran que esta medida no es efectiva, sino por el contrario, únicamente estaría creando estigmas hacia quienes tuvieron la enfermedad y afectaría económicamente a personas desempleadas que buscan un ingreso económico.
Iris Cazali, jefa de Epidemiología del Hospital Roosevelt, dijo que las pruebas que se utilizan actualmente para diagnosticar el coronavirus son menos efectivas para detectar a una persona asintomática, porque esta tiene una carga viral baja. Por esa razón, la especialista estima que tomar una prueba negativa como un criterio de contratación no es útil.
“Las pruebas, desafortunadamente, no son lo suficientemente sensibles como para determinar a una persona asintomática. Las pruebas de PCR, incluso, como las de antígeno, no le van a dar un resultado certero en cuanto al paciente asintomático que tenga el virus; menos los anticuerpos. En algunos países europeos se pensó en pedir este pasaporte de inmunidad, que pretendía que las personas tuvieran anticuerpos para ser contratadas. Lastimosamente, esa estrategia no puede funcionar porque la medición no es adecuada”, indicó.
El infectólogo Hugo Eduardo Pezzarossi también considera que la medida no es efectiva. Indicó que una prueba de antígeno, que cuesta alrededor de Q400, no es efectiva; la ideal sería una PCR, que llega a costar hasta Q4 mil. Lo que el profesional sugiere es que en las empresas se fijen estrategias para cuidar de las personas que no han contraído la enfermedad.
Por ejemplo, Pezzarossi sugiere que, si una empresa que suspendió labores por el covid-19 va a iniciar operaciones de nuevo, debería dividir a sus empleados en dos grupos, de manera que los que hayan padecido la infección desempeñen las tareas donde hay más riesgo de contagio, como la atención directa a clientes, y el grupo que nunca ha tenido el virus esté en lugares más reservados, sin embargo, esta estrategia depende de saber cuántas personas tienen anticuerpos por una infección previa y ahí se hacen indispensables las pruebas.
Al Ministerio de Trabajo se le solicitó su opinión sobre el tema y si habrá alguna regulación para este nuevo protocolo de contratación, sin embargo, aunque se enviaron preguntas a su equipo de comunicación social, no fue posible obtener las respuestas.
