Son 9 mil 215 muertos y contando en Guatemala en los 15 meses de declarada la pandemia. Van 293 mil 583 contagios acumulados y las nuevas variantes del virus amenazan con, incluso, atacar a los niños, lo que supondría un problema más grave para un sistema de salud colapsado desde hace décadas.
Múltiples, constantes y reiterativos errores le han costado al país, hasta ahora más de Q600 millones de recursos –de Q1 mil 600 asignados– que ya se comprometieron para vacunas contra el virus, sin embargo, solo se ha cubierto al 0.8% de la población y peligra la aplicación de la segunda dosis a más de 300 mil personas, la mayoría adultos mayores con mayor riesgo de morir a causa de la enfermedad.
En Guatemala, los responsables de que el país empeore en vez de mejorar en la contención de la pandemia tienen nombre, por su acción o inacción durante los últimos 15 meses.
A criterio de Jorge Ranero, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, pareciera que el Gobierno no tiene interés en resolver el problema de la escasez de vacunas, y hasta ahora ningún funcionario asume su responsabilidad.
“Estamos en el peor momento de la tercera ola, esta ineficiencia se traduce en dolor, enfermedad, muerte, sufrimiento para la población y es injusto que a estas alturas del proceso de vacunación tengamos en Latinoamérica uno de los porcentajes más bajos, cuando se tuvo el tiempo y el dinero para resolver el problema”, mencionó.
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Ranero vislumbra un panorama sombrío para el país y sin una solución en el corto plazo, como producto de una mala gestión por parte de las autoridades responsables de la adquisición del fármaco, y del Congreso de la República por “atrasar los procesos para agilizar leyes en pro de adquirir más vacunas”.
Para el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, es la mala gestión en el tema de la vacunación lo que ha provocado el repunte de casos y la proliferación de nuevas variantes del virus en el país. De esa cuenta, urge al Gobierno a agilizar o rediseñar la estrategia de negociación y adquisición de más vacunas.
Demandan intervención
La línea de mando para la ejecución exitosa del plan de vacunación contra el covid-19 tendría que haber iniciado con el presidente Giammattei, explica la ex secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, Karin Slowing.
A decir de Slowing, junto a Giammattei tendría que estar la ministra de Salud, Amelia Flores, y después el canciller, Pedro Bolo. Pero por la envergadura del contrato que se firmó con Rusia para la compra de las 16 millones de vacuas, también se tuvieron que involucrar la Contraloría General de Cuentas, la Secretaría General de la Presidencia y la Procuraduría General de la Nación.
“Se tuvo que haber tenido un dictamen de Finanzas, no solo sobre la disponibilidad de recursos y fuente de financiamiento, sino mecanismos de pagos y cronogramas, además de una revisión de la Secretaría General de la Presidencia y de la Procuraduría General de la Nación, pero nada de esto se hizo”, explica Slowing.
Otro error, señala Slowing, es que el contrato con Human Vaccine lo tuvo que haber firmado el presidente Giammattei o el canciller por ser los únicos representantes del país a nivel internacional, sin embargo, lo hizo Flores.
A la Contraloría General de Cuentas, además, se le señala de no accionar desde el inicio, no solo en el control de los gastos y compras de insumos hospitalarios, sino, ahora, en controlar el pago por adelantado de ocho millones de vacunas sin ninguna garantía de entrega.
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) hace cinco días solicitó a la Contraloría verificar el proceso de adquisición y pago de las vacunas, asimismo como el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación.
También se ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación (PGN) su asesoría legal para determinar en qué posición está el país ante el contrato firmado con Human Vaccine.
Ninguna entidad hasta ahora ha emitido ningún dictámen u opinión al respecto.
Alianza por las Reformas, advierte que el contrato firmado con la empresa privada de Rusia no se ha formalizado en la legislación guatemalteca, por lo que no tendría validez y tampoco mecanismos de defensa para el Estado ante posibles incumplimientos del proveedor.
Ante ello ha pedido públicamente que se declare lesivo el contrato y se trabaje para recuperar los fondos ya pagados.
A esta petición se sumó ayer el propio vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, que, advirtió que la PGN ya debería estar analizando el contrato firmado con Rusia porque “se debe saber qué pasó con esos temas”.
Pese a ello, ayer el procurador de la Nación, Luis Donado, reconoció públicamente que no conoce el contrato y aunque sirven asesoría legal al Ministerio de Salud, en ese tema no.
Contra el tiempo
Esta misma semana la ministra Flores reconoció ante diputados del Congreso que desde octubre comenzaron las negociaciones con farmacéuticas para comprar vacunas y conocieron qué requisitos pedían. En enero pidieron al Congreso aprobar el Plan Nacional de Vacunación, pero no incluyeron la cláusula de compensación que ahora detiene las donaciones o compra de vacunas.
La responsabilidad de dicho atraso e ineficiencia es responsabilidad del Ministerio de Salud, señala Zulma Calderón, Defensora de la Salud de la PDH. Comenzando porque desde el año pasado debió prever la necesidad de una legislación para el ingreso al país de vacunas.
“El Ministerio de Salud obvió esa parte administrativa y ese marco legal que hoy nos tiene sumergidos en ese entuerto sin solución, y ahora el riesgo es que quedemos en cero con la disponibilidad de vacunas”, indica Calderón.
Con relación a la firma del contrato con Rusia, lo califica como una “irresponsabilidad” y “negligencia”.
“Se continúa violando el derecho humano a la salud. Toda la gestión gubernamental para la adquisición de la vacuna ha sido opaca, poco transparente y cada vez se sumerge más en el pantano de la corrupción. Con esto se perdieron 16 millones de esperanzas de darle acceso a la vacunación a los guatemaltecos”, agregó.
Juan Carlos Zapata, director de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), señala que la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Salud, “el ente rector es Salud, aunque haya otras instituciones involucradas”.
Para Sofía Montenegro, de la organización Diálogos, el esquema de vacunación no solo debe ser visto como un problema de salud pública, ni todas las competencias son del Ministerio de Salud. “Es un problema de gestión pública y debimos de hacer alianzas entre el Ejecutivo y el Legislativo para asegurar la adquisición y el abastecimiento de las vacunas”, mencionó.
(Nota del Editor, del 5 de julio de 2021)
Postura del Canciller
La Cancillería envió a Prensa Libre el pasado viernes 2 de julio una carta dando su posición sobre esta nota, en la cual médicos y analistas enumeran cuáles funcionarios, a su criterio, tienen relación y responsabilidad con la gestión de compra de vacunas contra el covid-19, producto de la cual Guatemala ocupa una de las últimas posiciones en Latinoamérica en el combate de la pandemia.
Según la misiva “se vierten afirmaciones y opiniones que faltan a la verdad” y en la parte sustancial refiere: “El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el caso de la adquisición de vacunas, solamente se encuentra facultado como órgano de comunicación entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con los fabricantes en países extranjeros, a través de sus misiones diplomáticas. Tampoco compete al Ministerio de Relaciones Exteriores negociar, celebrar o firmar en representación contratos de compra entre el Ministerio de Salud Pública y otras entidades privadas. La especialidad de la Cancillería son las relaciones exteriores y el derecho internacional, y no la de contratos de adquisición de vacunas para uso nacional”.
Asegura que: “ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni el Canciller tienen responsabilidad de participar de forma directa en la negociación y menos en la firma del contrato, tal como lo hizo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, dado que la única competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso en particular ha sido la de servir de canal de comunicación para abrir procesos de negociación, así como durante la visita oficial a Rusia, intermediar ante las autoridades de ese país y el Fondo Ruso de Inversión Directa para exponer la inconformidad de Guatemala por el atraso en la entrega de las vacunas, así como presionar para que agilicen desde la vía diplomática la entrega con mayor frecuencia y cantidad de unidades de la vacuna Sputnik”.
Agrega que: “ha gestionado y obtenido una serie de donaciones de vacunas que han permitido al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social continuar el proceso de vacunación”.
