Pero cuando algunas corporaciones municipales toman medidas adicionales, exclusivamente para su jurisdicción, se plantea hasta dónde llega la autonomía de los gobiernos locales y si conculcan derechos individuales.
Uno de los alcaldes que ha tomado ese tipo de medidas es el de San Marcos, Willy Juárez, quien aseguró que pretende frenar los contagios, porque solo en un día se registraron 58 casos.
“Aquí prevalece más el interés común que el interés económico de ciertos grupos. Nosotros vamos a ser respetuosos con el equipo de asesores jurídicos, resaltando que pesa más la salud que grupos de intereses económicos que están tratando de influir”, comentó Juárez.
La medida obedece a una recomendación del centro de Salud local, aunque la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) considera que, en promedio, hay seis o siete comunas con disposiciones similares.
El sector empresarial organizado, representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), emitió recientemente una postura en la que señala a algunos gobiernos locales de abusar de su poder mediante la publicación de reglamentos que violan derechos constitucionales, que limitan el derecho de libre locomoción, industria y comercio.
Javier Zepeda, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, también ve con preocupación las medidas municipales que, según expuso, ponen en riesgo el abastecimiento de alimentos para la población de todo el país.
“Están tomando acciones que contravienen las disposiciones presidenciales. A toda luz es algo ilegal. Podemos entender la preocupación que puedan tener los alcaldes o las corporaciones municipales, para la cual nos hemos puesto a la disposición para coordinar esfuerzos, porque somos los primeros en poner en la balanza la salud de los guatemaltecos, pero tampoco pueden poner en riesgo los insumos básicos de la población”, indicó Zepeda.
El industrial reconoció estar dispuesto a conversar con los gobiernos locales para buscar una solución que proteja la salud de la población, pero que no signifique problemas para la industria y el comercio.
La Constitución Política de Guatemala reconoce la autonomía municipal en el artículo 253, y el Código Municipal explica en qué consiste, en su artículo 3, donde señala que cada municipio “elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes, coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y, en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda”.
Reglamentos
Al momento en que algunos alcaldes han tomado la iniciativa de crear esos reglamentos específicos para mitigar los efectos del coronavirus en sus municipios, regulando servicios de transporte y apertura de centros o plazas comerciales, es cuando se emite una advertencia de los empresarios.
Miguel Ovalle, presidente de la Anam, prefirió ser cauto en sus declaraciones, y reconoció que la autonomía municipal tiene limitaciones que hay que respetar, aunque también reconoció que dirigir un gobierno local tiene sus riesgos.
“Todos los que hacemos gobierno local estamos sujetos a que cualquier persona pueda ponernos denuncias”, manifestó Ovalle.
El también alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, lamentó no respaldar las acciones de algunos jefes ediles, pues considera que atentan contra las normas nacionales.
“No podemos jugar un rol que no sea orientar a los alcaldes a saber cuál es el cumplimiento de sus deberes y cuáles son las atribuciones que les son competentes a su cargo. Que nosotros queramos priorizar la salud sobre la economía, eso lo puede entender cualquiera; pero, realmente, dentro de las competencias del alcalde en un estado de Calamidad, en ningún momento va a ser que tome medidas superiores a lo que la ley permite”, precisó.
El Ejecutivo, a través de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam), explicó que el poder de los alcaldes está limitado en el Código Municipal, y en este caso, la iniciativa privada o las personas que se vean agraviadas están en su libre derecho de poder interponer las acciones que ellos consideren”, explicó su titular, Luis Ruano, excandidato a alcalde de Mixco por el partido oficialista.
Ruano añadió que la función de la Copresam ha sido informar sobre las disposiciones presidenciales emitidas en el marco de la pandemia, así como mediar con aquellos jefes ediles que han dispuesto sus propios reglamentos.
“Por ejemplo, la mayor queja viene por la restricción de la libre locomoción; otra es por los horarios de apertura y cierre del comercio. Cuando se disponía a las 6 de la tarde, ellos cerraban a las 2. Eso ellos no lo pueden hacer, y lo que deben hacer es cumplir con la norma. Algunas cámaras empresariales nos han pedido que intercedamos con ellos cuando se quiere detener la libre locomoción y cadena productiva”, comentó.
Pesa más la vida que la economía
El analista en asuntos municipales y excandidato a alcalde de la ciudad de Guatemala Rocael Cardona comentó que la postura del Cacif, desde su punto de vista, sí fue una violación a la independencia municipal, y calificó el comunicado de amenaza.
Explicó que hay mecanismos legales para pronunciarse por una disposición de un concejo, como recursos de aclaración y revocatorias, antes de hablar de denuncias.
