Fueron 11 de los 42 consejeros los que hicieron la solicitud y, de acuerdo con sus representantes, lo que se pretende en poner fin al conflicto que se vive en esa casa de estudios, el cual se ha traducido en la toma de instalaciones y la falta de clases presenciales.
Marco Vinicio de La Rosa, catedrático de Medicina y Zootecnia, señaló que es urgente que se atienda la solicitud, pues la Usac no solo se enfrenta al problema de la toma de instalaciones, sino que hay varios temas que el CSU no ha querido atender.
Dijo que lo que se busca es “tratar que se atienda la solicitud de la Coordinadora General de Estudiantes y la Coordinadora General de Docentes para iniciar un proceso de diálogo para ver la problemática de la universidad. No solo es el cierre, sino también otros aspectos importantes a los cuales el Consejo (Superior Universitario) se ha negado.
“Seguimos en un proceso de diálogo después de más de siete meses de esta situación y estimamos que el Consejo no ha cumplido a cabalidad sus funciones porque no ha propiciado el proceso de diálogo”, agregó De La Rosa.
Respeto al documento que entregaron dijo que “lo que estamos solicitando es que haya una participación activa de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), así como de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) como una parte mediadora entre las dos partes, el CSU y grupos de estudiantes y docentes”.
Además, dijo que, respecto a la problemática, hay más de 24 procesos judiciales, “pero ni el Ministerio Público ni el Organismo Judicial no han presentado resultados de esos procesos, pero el diálogo tiene que imperar”.
Postura de la PDH
En tanto, Alejandro Córdova, procurador de los Derechos Humanos, señaló que a lo largo del conflicto se le ha dado acompañamiento en busca de que impere el diálogo.
“Estamos esperando, como terceros, ver de qué forma podemos tratar de resolver ese conflicto”, señaló Córdova.
Añadió que la Procuraduría siempre ha dado acompañamiento en busca de verificar que no se violente el derecho a la educación superior.
“Lo que buscamos es que haya un conceso, pero hemos dejado claro que no podemos establecer las acciones que están judicializadas, en esas no hay competencia de la PDH, en lo judicial no tenemos competencia”, reiteró Córdova.
“Dentro del conocimiento que tenemos, hay más de 20 procesos judiciales pendientes de resolución, esto ya está judicializado y serán los órganos competentes de resolver porque se han impugnado las elecciones. Nosotros como PDH no podemos meternos en la esfera del órgano jurisdiccional y lo que estamos viendo es la apertura de las instalaciones de la Universidad de San Carlos”, señaló el procurador”
“Nosotros tenemos competencia cuando se viola el debido proceso en un proceso judicial, ahí podemos ver que no se le violente el derecho de defensa o el debido proceso. Partes procesales no podemos convertirnos nosotros”, refirió.
