En los últimos años se ha avanzado con la creación de normativas que buscan obligar a las municipalidades al tratamiento de sus residuos y aguas negras; sin embargo, la entrada en vigor de estas reglamentaciones se ha debido de posponer ante la excusa de las comunas de que no hay fondos ni preparación.
En mayo de 2006 se aprobó el Reglamento para las descargas y reúso de aguas residuales, pero el artículo que obliga a las municipalidades a construir plantas de tratamiento se ha prorrogado en seis ocasiones, la última el año pasado, que fija el plazo para mayo de 2025.
Por otra parte, en agosto de 2021 se aprobó el Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes que ordenaba a todos los guatemaltecos hacer una separación secundaria de la basura, y a las municipalidades a contar con plantas de tratamiento en dos años. La entrada en vigor se prorrogó 18 meses y ahora la obligación, en teoría, será a partir de febrero de 2025.
Pero cumplir con ambos reglamentos implica la construcción de infraestructura. En el programa de inversión física (listado geográfico de obras) incluido en el proyecto de presupuesto 2024 que ya está en manos del Congreso se incluyen 54 obras relacionadas a plantas de tratamiento que suman Q180.9 millones, el 0.02 por ciento del total, que se invertiría para estos proyectos el próximo año.
Plantas
En dicho programa de inversión física se incluyen 23 proyectos de construcción de plantas de tratamiento, por un monto de Q94 millones, seis en el departamento de Guatemala, tres en Suchitepéquez, Sololá y Jutiapa, dos Huehuetenango y una en Santa Rosa, Zacapa, Sacatepéquez, Chiquimula, Totonicapán y Chimaltenango.
Mientras que, para tratar los desechos sólidos solo se contempla la construcción 10, por Q31 millones, que estarán en Baja Verapaz, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, Izabal, Zacapa y Jutiapa.
Del total de plantas, una sería construida con fondos del Ministerio de Desarrollo Social —Q29 millones— y el resto estaría a cargo de las municipalidades y Consejos departamentales de desarrollo (Codede).
No son suficientes
En una entrevista ofrecida a Prensa Libre en septiembre pasado, el viceministro del Agua, Luis Rodolfo Castro, indicó que más de 600 plantas de tratamiento de aguas residuales operan a nivel nacional, pero que se requerían por lo menos dos mil.
En esa ocasión, el funcionario expuso que en Guatemala hay más de cinco mil puntos de descarga de aguas residuales —una descarga es una tubería municipal que vierte sus aguas residuales tratadas o no a un cuerpo de agua— y que solo al 30% se le da algún tratamiento.
Félix Aguilar, profesor de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de San Carlos, valora positivamente que se les destinen recursos a los temas de saneamiento; sin embargo, considera que son insuficientes para atender la “gravedad de la problemática de contaminación”, ya que “la cobertura de tratamiento de aguas residuales no supera el 20%”.
“Reconozco el esfuerzo, pero es muy corto”, subrayó el especialista, quien también cuestiona si para estos proyectos se asignaron recursos para su funcionamiento y la capacitación de los entes que las van a operar.
En cuanto al manejo de los desechos sólidos, Aguilar afirma que es un problema más complejo. En primer lugar, porque 10 plantas de tratamiento representan menos del 5% de la necesidad de país, pero también porque no se trata solo de construir infraestructura, sino de crear otros procesos para el manejo adecuado de los desechos, así como crear programas de educación para los entes generadores.
El profesor universitario considera que a la contaminación de las fuentes de agua no se le da la atención que merece por varios factores, entre estos porque atender el problema “no genera votos”. “Al contrario, las plantas de tratamiento se convierten en un problema de la municipalidad si no sabe cómo se deben operar y qué hará con ella cuando está construida”, señaló.
Además, porque el país no tiene un plan maestro de saneamiento de cuerpos de agua que oriente en dónde debe construirse este tipo de infraestructura.
Y en tercer lugar por las constantes ampliaciones a los reglamentos que norman el manejo de desechos y aguas residuales, que los convierte en herramientas sin capacidad coercitiva.
Hay ley, prosiguió, pero se tiene la idea de que se pueden pedir ampliaciones y “si yo soy alcalde pido ampliación y me quito el problema”.
Se debe hacer análisis serio
En similar línea, Werner Ochoa, especialista en Cambio Climático y Sostenibilidad, reconoce que es positivo la construcción de 33 plantas de tratamiento, entre las que procesan desechos sólidos y aguas residuales.
Pero, acota, “Guatemala es un país con una gran diversidad geográfica y población dispersa, por lo que el número sin duda alguna es insuficiente para cubrir todas las áreas que requieren atención”.
Asimismo, dijo que se requiere hacer un análisis serio de los parámetros socioeconómicos y técnicos de cada planta, y considerar su capacidad y eficiencia, así como si su distribución es la adecuada o si están en las áreas más críticas en términos de contaminación de fuentes de agua.
“La construcción de las plantas es un primer paso, pero su eficiencia operativa y mantenimiento a largo plazo son fundamentales para garantizar que cumplan su función de manera efectiva”, añadió Ochoa. En tal sentido coincidió en que se debe asegurar que existan suficientes recursos y personal capacitado para el mantenimiento y funcionamiento óptimo de tal infraestructura.
Los analistas también ven necesario que se invierta en educación ambiental y concienciación pública para promover prácticas sostenibles de gestión de desechos y uso responsable del agua, para aliviar la contaminación desde su origen.
“Es elemental entender y atender las causas y no solo los efectos”, enfatizó Ochoa.
