Un total de 40 niñas fallecieron por quemaduras, asfixias e intoxicaciones, 19 de ellas en el lugar de los hechos, y 9 permanecen hospitalizadas, 2 en Guatemala y 7 en Estados Unidos, a donde fueron trasladadas la pasada semana.
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Desde que se produjeron los hechos han sido detenidas tres personas, el extitular de esa secretaría Carlos Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del Hogar Seguro Santos Torres.
Los tres, quienes estaban en esos cargos al momento de la tragedia, fueron arrestados el lunes acusados de homicidio culposo, entre otros delitos, y el martes un partido de la oposición presentó una denuncia penal contra el presidente del país, Jimmy Morales, por su presunta responsabilidad.
Las autoridades investigan si las niñas y adolescentes, como denuncian otros internos, estaban encerradas como castigo por intentar escapar el día antes, un hecho que reconoció el mandatario.
La casa hogar tenía a unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400, y en su interior convivían huérfanos, menores conflictivos, niños víctimas de violencia, pequeños con discapacidad y otros que supuestamente habían cumplido alguna pena por haber cometido delitos.
Desde hace años el centro ha estado envuelto en polémica. Decenas de denuncias por agresiones sexuales, físicas y maltratos se hicieron públicas en varias ocasiones, aunque nunca recibieron respuesta.
Tragedia empezó en el 2013
La tragedia, ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, no fue el 8 de marzo pasado, comenzó en el 2013, con las denuncias de las niñas por los abusos a los que eran sometidas en dicho lugar.
Las 40 adolescentes que murieron, producto de un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, fue la tragedia dolorosa consecuencia de un modelo fracasado de protección y cuidado a niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos por parte del Estado, opinan defensores de la niñez y la juventud.
Hasta ahora, las diferentes instituciones a cargo del resguardo de los menores siguen echándose las culpas de lo sucedido mientras el caso se declaró en reserva, sin embargo para algunos sectores esto es el reflejo de la falta de coordinación entre entidades en cuanto a las responsabilidades que tenían.
Andrea Barrios, coordinadora del Colectivo Artesanas, refirió que se presentó una denuncia por tortura y violencia institucional en contra de la autoridades de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), y piden que se resuelva de manera individual la responsabilidad de los agentes de la Policía Nacional Civil que estuvieron el 7 y 8 de marzo en el lugar de la emergencia.
Según Barrios, se ha podido determinar que los adolescentes, mujeres y varones, que quisieron escapar del hogar eran por las situaciones de maltrato y de violencia que estaban viviendo.
El Problema, de acuerdo a Barrios, está en que cuando lograron evadir el proceso de protección se les agarra y regresa al hogar, donde fueron sometidos y puestos a condiciones peores de las que pretendían huir.
Con información de EFE
