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En noviembre próximo, esta y las demás unidades que tengan más 25 años desde su fabricación no podrán seguir circulando. La ley establece, según el acuerdo gubernativo 408-2014, que deben ser renovadas y no habrá prorroga, según la Dirección General de Transporte (DGT).
Pero ¿cuántas de estas unidades deben ser retiradas por su antigüedad? El dato es incierto. Según el registro del Departamento de Tránsito, hay 12 mil 477 autobuses y buses que datan de 1995, aunque en un informe proporcionado no especifica si prestan el servicio en la capital, municipios cercanos o en la provincia.
“Nadie conoce a ciencia a cierta cuántos autobuses hay ni cuántos son del servicio público colectivo, ya que hay unos que operan no autorizados -30 por ciento-. Se desconoce cuántos tienen 25 años de antigüedad”, menciona Edgar Guerra, defensor de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quien refiere que alrededor de 50 mil camionetas extraurbanas prestan servicio en el país y cerca del 70% tendría que ser cambiado, es decir unas 35 mil.
Sin embargo, la DGT señala que deberían salir de circulación unas cuatro mil. Héctor Ramírez, vocero de entidad, dice que no se tiene un conteo fidedigno porque el cambio de unidades se ha venido haciendo desde tiempo atrás.
Prórroga tras prórroga
El proceso de cambio de buses lleva varios años. La primera prórroga a los transportistas fue en el 2012, la siguiente en el 2014 y se dio un nuevo plazo de cinco años, que vence este 19 de noviembre. Las unidades ya no podrán prestar servicio en ninguna otra ruta de una aldea o municipio.
“Llegado al plazo, si alguien no ha hecho el cambio de autobús, cuando venga a hacer algún trámite a la Dirección, simplemente ya no podrá hacerlo, ni renovación ni traspaso, hasta que cambie el autobús”, señaló Ramírez.
El cambio debe hacerse por unidades con menos de 25 años. “Puede ser por una de 24 o 20 años de vida, pero al pasar el año o llegar a los cinco años de vida, va a tener 25, y al tener más de ese tiempo ya no puede seguir circulando y tendrían que hacer otro cambio de autobús”, agregó el vocero de la DGT.
Pero a criterio de Guerra, la normativa debe ser modificada y especificar que las nuevas unidades no deben pasar de diez años de antigüedad para que realmente sea una medida “contundente y preventiva” en beneficio de los más de seis millones de usuarios.
“La mayoría que saldrá de circulación son las llamadas parrilleras, a las que comúnmente se les arruina el tren delantero y tienen fallas mecánicas, el beneficiario será el usuario que tendrá ahora buses de más reciente modelo y por lo mismo con menos accidentes”, indica Ramírez.
Itiel Ordoñez, representante de la gremial de transportistas, menciona que no han tenido acercamiento con las autoridades y que este cambio “caprichoso” no es realista.
“No hay ningún ofrecimiento por parte del Gobierno de qué hacer con los buses que deberían cambiarse”, argumenta.
Otro de los puntos que menciona complica la renovación de los buses es el mal estado de la infraestructura vía: “Ningún empresario se atrevería a hacer inversiones millonarias queriendo actualizar los modelos por el estado en que se encuentran las carreteras”.
El empresario no tiene certeza de cuántas unidades son las que se tendrían que renovar, pues la DGT continúa dando licencias a transportistas en rutas que ya están saturadas. De esa cuenta, Ordoñez hace el cálculo de que tendrían que cambiarse unas 15 mil camionetas.
Según los agremiados, han propuesto a las autoridades sentarse a dialogar para buscar una mejor solución, pero no han tenido respuesta.
“Con cambiar unidades no vamos a mejorar el servicio, vamos a empeorar la economía del país, porque al cambiar flota de vehículos es lógico que tenemos que cobrar más por el servicio, y la economía de los usuarios no da para más. Tenemos que sentarnos a la mesa y poner a discusión ese artículo”, agrega Ordóñez.
Verificación en ruta
La DGT cuenta con 29 inspectores en ruta que se encargan de verificar el cumplimiento de la normativa. Ellos inspeccionan el tiempo que tiene cada unidad y recuerdan a los pilotos qué unidades están por cumplir el tiempo establecido y que deben solventar su situación, pues de momento la ley no contempla ninguna sanción.
Guerra señala que el personal es poco para supervisar el total de buses que circulan a nivel nacional, por lo que la expectativa de que se dé el cambio de camionetas para noviembre es “demasiado alta”.
A esto se suma que los empresarios de transporte han señalado que requieren de una fuerte inversión para adquirir nuevas unidades y prestar un mejor servicio. Las altas cuotas que deben dar a los grupos de extorsionistas también los limita para hacerlo, así como la falta de financiamiento bancario.
Según vocero de la DGT, para que los propietarios de buses no tuvieran mayores pérdidas se les propuso que vendieran los buses a las empresas que se dedican a la compra de chatarra, lo cual ha sido una opción para varios.
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