Para el 2021, la inversión pública en juventudes (ipjuve) representó el 2.4% del Producto Interno Bruto, por lo que, de cada quetzal producido en Guatemala, en promedio se destinó dos centavos para invertir en el desarrollo de los jóvenes, según el informe Rejuvenecer Guatemala, poner las finanzas públicas al servicio de la juventud, que analiza el gasto estatal destinado a esta población en el período del 2015 al 2021.
De acuerdo con el diputado Román Castellanos, de la Comisión de la Juventud del Congreso de la República, urge que el Estado invierta más en la juventud, pues la cantidad actual es poca y apenas aumenta 80 centavos cada año.
Luis Gutiérrez, de la Unidad de Comunicación del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve), menciona que el presupuesto asignado para atender las necesidades de los jóvenes debe fortalecerse, dado la cantidad de población a cubrir. Señala que la pandemia incrementó las necesidades de este grupo, y que estas las atienden con el presupuesto que ministerios y secretarias tienen asignado para dicha tarea.
En el marco de Día Internacional de la Juventud, que se celebra este 12 de agosto, se revisan temas que afectan a los jóvenes en el país y que necesitan ser atendidos para garantizar el goce de sus derechos.
María Luisa Méndez, directora ejecutiva de Paz Joven Guatemala, menciona como punto de partida la falta de una legislación específica para esta población, hasta el momento no hay un marco legal nacional que reconozca a los jóvenes como sujetos de derecho lo cual es un freno para obligar a las instituciones públicas a proteger y aumentar la inversión en favor de ellos. También señala que no se ha ratificado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, un instrumento internacional que vela por el bienestar de este grupo.
“Varias organizaciones estamos dando seguimiento a la actualización de la Política Nacional de la Juventud. Esa actualización lleva dos años y no se ha logrado aprobar, por lo tanto, tampoco existe un marco de política pública nacional a favor de los jóvenes”, menciona, lo que evidencia que no son una prioridad para el Estado.
En el Congreso de la República hay varias iniciativas relacionadas con la juventud que no han sido aprobadas, algunas sin prosperar desde comienzo de los años 2000, según el informe.
Preocupa, pues el 33.6 por ciento de la población guatemalteca tiene entre 13 y 29 años, un bono demográfico que disminuirá en un par de décadas y se convertirán en adultos que, de no mejorar la inversión pública para su bienestar y desarrollo, no tendrán una vejez digna y justa.
Golpe de realidad
En Guatemala la pobreza económica alcanza a seis de cada diez jóvenes, la cifra es más dura cuando se trata de población indígena, pues ocho de cada diez sobreviven en escasez, un reflejo de desigualdad.
Esta condición es mayor entre población de 13 a 17 años, que, en el caso de las mujeres, son edades donde los embarazos y la maternidad temprana constituyen un problema social y sanitario, que pone en riesgo su salud y compromete las oportunidades de acceder a educación y trabajo, y altera proyectos de vida.
De acuerdo con el informe, para el 2018 la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años era de 77.4 por cada mil guatemaltecas, la tercera cifra más elevada de América Latina y el Caribe. Mientras que en el 2020 se registraron 104 mil 497 embarazos en adolescentes y jóvenes de 13 a 19 años. Por lo que, en el país hace falta educación sexual y acceso a servicios de salud integral y diferenciada para atender este problema.
La tasa de mortalidad por cada mil habitantes entre la población joven es de 1.3 a nivel nacional, dicha cifra casi se duplica en el departamento de Guatemala que llega a 2.1. Las principales causas de muerte son las agresiones, los accidentes y las lesiones autoinfligidas.
Mientras que solo uno de cada diez, entre los 13 y 30 años, tiene afiliación a algún servicio de salud, lo que limita sus posibilidades de acceso a consultas y tratamiento médico.
La educación es un derecho que no llega a todos, uno entre 20 jóvenes aún no sabe leer ni escribir, y la posibilidad de culminar los estudios se estrecha mientras avanzan de nivel. El 25 por ciento no logra terminar la primaria, y en la universidad solo uno logra aprobar algún año de estudios. Las limitaciones son mayores entre personas indígenas y del área rural.
De acuerdo con Castellanos, el Estado no garantiza la educación media pública y gratuita para la mayoría de los adolescentes y los jóvenes, pues la tasa neta de escolaridad en el nivel básico es de 47 por ciento y la del diversificado del 25 por ciento. Entre 2019 y 2021 más de 100 mil jóvenes dejaron de estudiar en el nivel medio.
“Si se genera acceso a la educación media pública, gratuita y de calidad, hay grandes posibilidades de evitar la migración, que los jóvenes tengan que aceptar trabajos que nos les brindan las condiciones mínimas para mejorar su calidad de vida, e incluso, puede tener un efecto importante para reducir las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes”, dice el diputado.
En el tema laboral las falencias son grandes. Siete de cada diez de los jóvenes que trabaja lo hace en el sector informal, lo que no les permite tener condiciones y garantías laborales mínimas.
Dicha situación los empuja a migrar para tener mejores condiciones de vida. Si bien un grupo piensa en la migración interna para buscar trabajo o bien estudiar, otros ven el salir del país como la mejor alternativa. Son más los habitantes del área rural los que piensan en ello, y en aumento van quienes toman la decisión en edades tempranas. La pandemia del covid-19 agudizó el problema, pero a criterio de Castellanos esto se debe al abandono de los adolescentes y jóvenes por parte del Estado.
Espacios de participación
Los jóvenes también lidian con las limitadas oportunidades de participación cívica y organizativa. Al respecto, Willy Montoya, de Paz Joven, menciona que, el no reconocer a las juventudes como sujetos de derecho, no permite que el Estado garantice un involucramiento activo de esta población en espacios de toma de decisión, donde se tocan temáticas que son específicas para ellos.
“Se mantiene esa visión adulto-centrista, de que son otras personas las que pueden tomar decisiones por grupos a los que no representan realmente. Se tiene ese estigma de que las juventudes no pueden opinar, pero es valioso escucharlas para ir construyendo las herramientas y mecanismos que les permiten favorecer sus derechos”, agrega.
Cuando los políticos se encuentran en campaña para optar a puestos públicos es el momento en que priorizan en su discurso a la juventud, con el fin de obtener votos, pero desconocen sus necesidades reales, opinan los representantes de Paz Joven.
No es que los jóvenes no quieran involucrarse y participar, pero sus ideas no encajan con las actuales plataformas políticas, un “poder ya viciado” que no permite nuevas opiniones y rostros, por lo que urge propiciar espacios de participación para el cambio.
Ese desencanto se ve en el padrón electoral. Castellanos menciona que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha acelerado el empadronamiento de jóvenes y más de dos millones entre 18 y 29 años podrían no votar, pues no se tiene un plan de empadronamiento ágil y accesible.
Méndez y Montoya refieren que a nivel comunitario la participación juvenil es más activa y sale de lo convencional, los jóvenes se involucran en espacios locales y propician mejoras para la comunidad, lo que se aplaude.
Para el cambio se requiere, entonces, de una mejor inversión estatal para alcanzar el bienestar y desarrollo de este grupo poblacional, con un enfoque descentralizado, que igual se invierta en el área urbana y rural, pero también de una legislación específica que garantice los derechos de los jóvenes, así como de fomentar espacios de participación ciudadana y política.
