Algunos de forma abierta y otros que no autorizaron publicar sus nombres negaron haber ejercido influencia para conformar el listado de 119 proyectos de infraestructura cuyo monto rebasa los Q3 mil 100 millones.
“Esa sería una pregunta para los ponentes”, respondió Maldonado a Prensa Libre a la pregunta de dónde había salido el listado de obras incluido en la Ley, si acaso de un banco de proyectos con que cuenta el CIV.
Aseveró que hay dos formas de que una ley pase en el Congreso y que la ampliación presupuestaria otorgada a su cartera fue una iniciativa que nació “exclusivamente” de varios de los congresistas ponentes.
Maldonado precisó que tanto él como su antecesor, Josue Edmundo Lemus, han sido citados en múltiples ocasiones al Congreso para hablar de proyectos de importancia para la nación, por lo que él cree que a raíz de esas reuniones los parlamentarios “fueron formulado este proyecto que ahora es ley”.
Pero la afirmación de los legisladores, ahora, vuelve a dejar la duda de quién propuso los proyectos.
Para aclarar el tema, la Comisión de Finanzas del Congreso había citado para este miércoles 5 de mayo al titular del CIV y a los directores de las unidades ejecutoras a las que se le asignaron recursos, pero en horas de la tarde el ministro se excusó.
En la reunión, según el presidente de dicha Comisión, Cándido Leal, los funcionarios deberán resolver las dudas sobre las declaraciones que Maldonado dio a este medio “refiriéndose a los diputados”.
“Le vamos a dar la palabra al ministro para que se refiera a si los diputados fueron los que tocamos la geografía de las obras distritales”, expuso el presidente de dicha sala de trabajo, al finalizar una reunión de trabajo en el Congreso. Asimismo, negó que él haya sugerido incluir algún proyecto de los 119 que contiene la Ley.
“Eso no es debido, es irregular, ilegal, antitécnico y antimoral. No me presté a seleccionar alguna obra en ningún momento”, enfatizó.
Por su parte, el diputado Carlos Calderón del oficialista Vamos declinó hablar sobre las declaraciones de Maldonado; sin embargo, afirmó que las iniciativas de ley en las que ha sido ponente “son técnica y jurídicamente discutidas”.
“La labor que realizan las comisiones de trabajo gozan de alta calidad técnicas y son espacios de discusiones democráticas y transparentes”, aseguró.
Shirley Rivera, presidenta del Congreso y diputada ponente, dijo que “en ningún momento” los proyectos fueron impuestos al CIV, al mismo tiempo que anunció la conformación de una comisión que se encargará de fiscalizar específicamente los fondos de esta ley, y reconoció que habrá que revisar físicamente los tramos incluidos en el listado de proyectos.
“Esperamos que los fondos se aprovechen y ejecuten de la mejor manera”, subrayó la congresista ya que “todos hemos recorrido las carreteras del país y nos hemos dado cuenta de que hay una gran necesidad”.
Apoyo
Le ley recibió el voto favorable de 112 diputados el pasado 15 de marzo, entre ellos Calderón, quien el día de la discusión dijo que con la aprobación de la normativa el beneficio “llegaría a todos departamentos”.
“Les guste o no, ofendan al gobierno o no (…) esta ley es importante porque vamos a beneficiar a todos los habitantes de los rincones más alejados de la capital”, aseguró en esa oportunidad el legislador, quien además es jefe de bloque.
Pero la ley no contempla proyecto alguno para dichos “rincones alejados” a los que refirió el congresista puesto que el grueso de las obras se dedica a carreteras centroamericanas, algunas a las rutas departamentales y nacionales y ninguna a rutas terciarias.
Otros diputados distritales también mostraron su apoyo a la aprobación de la ley, como Rubén Barrios —Valor—, de Retalhuleu, o Alexandra Ajcip —Viva—, del distrito metropolitano.
Sospechas
Otros legisladores han manifestado su preocupación porque los Q3 mil 100 millones se puedan despilfarrar.
El diputado Samuel Pérez, miembro de la Comisión de Finanzas, expuso que desde un inicio la bancada Semilla consideraba la iniciativa de ley “poco técnica y seria” y que el CIV ahora se enfrenta al problema de que no podrá ejecutar esos recursos.
Añadió que el país tiene múltiples necesidades en cuando a salud, infraestructura educativa y mitigación económica, pero que esta ley está destinada “el saqueo de los recursos públicos y la campaña electoral del próximo año”.
Pérez dijo que la Ley podría ser derogada o bien se tendría que aprobar una nueva readecuación presupuestaria para reorientar los Q3 mil 100 millones, pero el problema es que quien debería proponerla es el Ejecutivo, algo casi imposible de que ocurra.
Orlando Blanco, parte del Grupo Parlamentario de Oposición, dijo que existen dudas de que los recursos para la construcción de obras, al ser estas desconocidas por las propias autoridades del CIV, sean utilizados para beneficiar a ciertos diputados en un año preelectoral.
“Vamos a evidenciar que todo esto no se debió haber aprobado”, señaló Blanco, al indicar que unidades como la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) a la que se le ampliaron Q1 mil 700 millones existe una “corrupción galopante” y que tiene prohibiciones para ejecutar que no se han respetado.
