Además, con el objetivo de contener la pandemia, y ante el fracaso de dos estados de calamidad decretados por el presidente Alejandro Giammattei, los diputados también legislaron para que las autoridades del Ejecutivo tomen medidas efectivas de contención; sin embargo, en lo aprobado, no se incluyeron restricciones a la movilidad o directrices claras para que esto se concrete, como varios médicos lo han planteado.
Las disposiciones dictadas por el Congreso están contenidas en el artículo 32 de la Ley, e incluyen directrices como “actualizar las disposiciones ministeriales emitidas, relacionadas a aforos, cordones sanitarios —y— pruebas de diagnóstico”, la revisión de alternativas al trabajo presencial, así como la vacunación de los menores de 12 a 17 años y garantizar la segunda dosis a aquellos que no la tengan.
La Ley también obliga al Ministerio de Salud a agilizar la vacunación y detección de casos de covid-19 en áreas rurales, hasta el momento las más desatendidas, y a garantizar, mediante la revisión de las normativas para la autorización de nuevos cementerios, que no se niegue la inhumación a ninguna persona que haya fallecido por dicha enfermedad.
Finalmente, el artículo 32 también habla de la necesidad de que el semáforo epidemiológico tenga la certeza de los números que refleja. También faculta al Ministerio de Salud y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que suscriban convenios con farmacias o entidades afines con el objetivo de ampliar la vacunación.
No son las mismas
Las medidas fueron recibidas con escepticismo por parte de médicos que participaron en algunas reuniones con el presidente Alejandro Giammattei y con diputados, quienes afirman que, si bien es cierto, las acciones ordenadas por el Congreso son importantes para controlar la pandemia en un mediano plazo, no resuelven la emergencia en la que se encuentra el país.
Para reducir la creciente ola de contagios es insoslayable, aseguran, restringir la movilidad, algo que está científicamente comprobado y que no se contempla al menos en el Decreto Legislativo 11-2021.
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En los últimos días se pudo notar una disminución de la positividad de las pruebas, que bajó el domingo último hasta un 23 por ciento, esto es el resultado de las cinco noches que estuvo vigente el toque de queda, de las 20 a las 4 horas, asegura Edwin Calgua, epidemiólogo clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos.
Calgua asegura que de las acciones que el gremio de médicos había propuesto a la clase política del país “nada de eso está directamente”, en la Ley aprobada por el Legislativo y que estas “no obedecen a las necesidades urgentes que tiene el país en materia de contención de casos”.
Cualquier medida que pretenda que el país salga de esta emergencia, subraya Calgua, tiene que pasar obligadamente por disminuir la movilidad, por esa razón la propuesta central que presentó el gremio médico iba en esa línea. Entre más se restrinja más posibilidades hay de que disminuyan los contagios, dijo.
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A hablar del semáforo, el sistema de alertas que define las actividades que se pueden desarrollar en determinada área, Calgua señala que podría funcionar “porque dice que en los lugares que están en rojo los cines tiene que estar cerrados y las iglesias deben de tener un máximo de 10 personas”, el problema es que “nadie lo respeta”, dijo.
“Deben hacer algo”
La Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (Agei) reiteró su postura de que es necesario restringir la movilidad como “única opción” para reducir los contagios. Debido a que los guatemaltecos no lo han hecho de manera voluntaria “las autoridades deben hacer algo pues tienen el deber de velar por el bienestar de la población”, añadió.
Las restricciones no deberían exceder las cuatro semanas y al mismo tiempo se tendrían que hacer cierres temporales de los sitios de alta concentración y suspenderse actividades que impliquen la reunión de más de 10 personas.
Por su parte, Iris Cazali, jefa de Infectología del Hospital Roosevelt, afirmó que las medidas aprobadas por el Legislativo “son cortas para hacer una contención real” de la escalada de casos y lamentó que se vuelve a poner en manos del Ministerio de Salud la responsabilidad de medidas que ha demostrado no tiene la capacidad de aplicar.
“Por ejemplo, hablan de cordones sanitarios o actualizar medidas”, pero no hay un respaldo legal para hacerlo, que fue lo que motivó a acudir al Congreso, agregó.
Cazali coincidió con que es urgente restringir la movilidad de las personas puesto que “los fines de semana del toque queda que medio se llevó a cabo hubo una disminución de casos”.
Son de largo plazo
El exvicepresidente Rafael Espada, coordinador del grupo de decanos de las facultades de medicina del país, señaló que las medidas que aprobó el Congreso “están bien”, pero “son cosas que debió haber hecho el Ministerio de Salud desde hace un año”. En tal sentido, estima que los tres meses que tendrá de vigencia el decreto no serán suficientes para implementarlas.
“Los puntos son buenos, pero tiene que decir el qué, cómo y cuándo se van a hacer las cosas y quién las va a pagar”, dijo Espada. “Se tienen que conformar equipos, hacer diseños y planes” y en tres meses esto —los planes— apenas se estará terminando, añadió.
Respecto a las restricciones a la movilidad que ha urgido la comunidad médica del país, Espada considera que estas deberían implementarse de cuatro a seis semanas, ya que está demostrado que también disminuyen los accidentes de tránsito, por los cuales las emergencias reciben de cuatro a cinco personas con lesiones por hora.
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Espada, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Mariano Gálvez, afirmó que en las reuniones que sostuvieron con funcionarios de Gobierno se les planteó la necesidad de acelerar la vacunación y llevarla a la gente y no esperar a que esta acuda a un puesto.
“El vendedor del mercado no tiene un día para irse a vacunar. Hay que llevársela para que en un minuto se le ponga la vacuna y regrese a su venta”, subrayó.
