Que el país tenga en cuenta sus obligaciones internacionales con sus ciudadanos, debido a los compromisos que tomó, y asumir que son parte integrante de la acción pública, es un desafío, indicó Gatto.
“El desafío principal es poner en marcha medidas concretas que hagan sentir a las personas libres de poder expresar sus opiniones”, añadió.
Unos 70 defensores de derechos humanos como la libertad de expresión, libertad de asociación, derechos laborales y de pueblos indígenas, entre otros, expusieron un panorama difícil en el país.
“Los derechos humanos no son un capricho ni algo que alguien impone, son una obligación universal que todos los países que pertenecemos a la Comunidad Internacional estamos obligados a cumplir en el interés de nuestros ciudadanos”, resaltó el embajador de la UE.
Los defensores también hicieron ver que persiste una “criminalización” de algunos comportamientos que son parte de su tarea de defensa de los derechos humanos.
“Todos tenemos que reflexionar sobre ello, no son una agenda impuesta por nadie, son el cumplimiento de un compromiso que cada uno de nuestros países han tomado, porque todos son miembros suscriptores de la declaración internacional de Derechos Humanos y muchas otras convenciones. Lo que nos dice los defensores es que queda mucho por hacer”, insistió Gatto.
De esa cuenta, los embajadores de países integrantes de la UE y otras regiones ofrecieron acompañamiento y cooperación en materia de Derechos Humanos y el sistema judicial.
Ana María Upegui, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), indicó que esa entidad trabaja en terminar el informe anual que se presenta al Consejo de Derechos Humanos, pero aún no se puede anticipar resultados.
Upegui subrayó la importancia de que avance la elaboración de una política para proteger a los defensores de derechos humanos, la cual está a cargo de la Comisión Presidencial en materia de Derechos Humanos.
“Hay una preocupación sobre la seguridad de los defensores y defensoras en el país, y efectivamente estamos viendo cuáles pueden ser las respuestas que puede dar el Estado para garantizar la protección de los derechos humanos de los defensores”, indicó la representante adjunta de Oacnudh.
