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Las razones de por qué no están registrados pueden ser varias, según Elizabeth Lemus Toledo, investigadora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar). “Puede ser que como son niñas se espera a que tengan más de 14 años para que los registren, también puede ser que registren a los bebés a nombre de la mamá de la jovencita o de algún otro familiar”, dijo.
No se descartan los abortos espontáneos o el caso de menores fallecidas durante el parto, y estos decesos se hayan anotado por una apendicitis o complicación estomacal, que es lo común en las áreas rurales. Otra posibilidad es que el bebé falleciera al nacer. Pero eso no se registra.
Carolina Escobar Sarti, directora de la Asociación La Alianza Guatemala, menciona que la incongruencia de estos números les ha venido haciendo “ruido” desde meses atrás y es una tema al que debería ponérsele atención. “O no se están registrando bien los datos en una de las instituciones o están desapareciendo niños y niñas, lo cual sería alarmante”, mencionó.
“Habría que hacer una investigación y seguir la ruta desde el nacimiento, haciendo investigaciones más puntuales para ver si es solo un tema de registro o si en verdad hay desaparición de niños y por lo tanto una modalidad de trata que se esté dando fuertemente”, agregó Escobar Sarti.
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Óscar Rodríguez, defensor de la Niñez y Adolescencia del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), mencionó que en este desfase de datos es evidente la falta de sistemas de control y monitoreo de información en relación a la garantía de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.
Entre las razones por las que los números de embarazos con las inscripciones de nacimientos no concuerdan, según Rodríguez, puede ser que al tratarse de embarazos en adolescentes, y más aún si son menores de 14 años, existe temor de las adolescentes de acercarse a un hospital o de inscribir a los niños en el Renap, porque el caso puede ser investigado como una violación sexual. Además, por la corta edad de las jóvenes pueden haber complicaciones durante el tiempo de gestación y haber pérdidas prematuras o durante el parto.
Cualquiera sea la causa, no hay datos certeros y esos bebés están en el limbo. El Osar señala que hay una diferencia grande en los registro, lo que no deja ver la magnitud del problema para dar una respuesta adecuada.
De esa cuenta, hay una propuesta: la creación de una mesa técnica en la que participen tanto el Ministerio de Salud, con el Sistema de Información Gerencial de Salud (Sigsa), el Renap, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas (Svet), el Ministerio de Desarrollo y la participación de la sociedad civil para tener información más apegada a la realidad, sin dejar de lado que hay un subregistro de embarazos adolescentes de más del 30%.
Los acercamientos para poner en marcha este proyecto se están haciendo y en marzo se podría tener las primeras conversaciones con las instituciones involucradas para tener una radiografía de la situación que año con año se incrementa.
“Cuando hablando de embarazos en adolescentes. Debemos pensar que es un fenómeno social que tiene múltiples causas, pobreza, patrones patriarcales, cultura, poco acceso a la educación, lentitud en los procesos judiciales”, indicó Mirna Montenegro, directora del Osar.
Según el observatorio, es necesario dividir que en niñas entre 10 y 14 años se habla de embarazos secundarios a violencia sexual, mientras que en la población de 15 y 19 son embarazos en adolescentes, y que muchas veces están asociados a la falta de educación sexual, baja autoestima, presiones de grupo, falta acceso a información o falta de acceso a métodos anticonceptivos.
Incremento desmedido
Los reportes de la Svet indican que en el 2017 hubo 1 mil 488 embarazos en niñas entre 10 y 14 años. La cifra aumentó al año siguiente a 2 mil 153, lo que representa 665 casos más. Solo en el departamento de Guatemala los casos pasaron de 65 a 208.
Estos embarazos en menores de edad pueden llevar a riesgos, como la muerte. Durante el 2018 se contaron 432 muertes maternas, y de estas el 20% fueron adolescentes. En Huehuetenango se reportaron 71 decesos de niñas y adolescentes, en Alta Verapaz 54, en Quiché 30 y en San Marcos 18, siendo estos los departamentos con las cifras más altas. El 55% de las muertes fue por hemorragias.
Elizabeth Lemus Toledo, de Osar, recalcó la importancia de la prevención de los embarazos y que es necesario hacer conciencia en que abusar de un menor es un delito.“El 98% de los agresores son adultos”, señaló.
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“Ellos saben que están cometiendo un delito, y no se sanciona. Se habla del empoderamiento de las jóvenes, de que denuncien, pero ¿dónde están las sanciones hacia esos hombres?, nunca se visibiliza la responsabilidad de ellos hacia estos hechos”, indicó.
El incremento en embarazos en niñas y adolescentes es preocupante para Rodríguez. “Nos hemos pronunciado constantemente a que este fenómeno sigue en aumento y la solución debe ser de carácter integral con enfoque a la protección integral a la niñez y a la adolescencia. Hemos determinado cómo la falta de información y de educación integral en sexualidad provoca estos números alarmantes en embarazos” en este sector de la población, refirió.
Como una medida para prevenir los abusos hacia las menores, el Osar propone como acciones emergentes que se cumpla con el marco legal: las leyes de Desarrollo Social, la de Planificación Familiar, la de Maternidad Saludable y contra Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas.
Es importante, además, promover las estrategias para el espaciamiento intergenésico (programas de anticoncepción que incluyan a adolescentes), la implementación del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes (Planea 2018-2019), así como la inversión de programas de empoderamiento de niñas y adolescentes.
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