Mientras cada día muere un niño por un hecho violento, el carece de una política nacional para la protección de la niñez y adolescencia y, por ende, mantiene un débil sistema de protección que pueda actuar conforme a las necesidades de esta población.
El Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia está conformado por 21 instituciones que deben velar por la salud, educación, protección y desarrollo de los menores.
Es una red integrada por instituciones como los ministerios de Salud, Educación, Gobernación, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, el Registro Nacional de las Personas, la Policía Nacional Civil, la Secretaría de Bienestar Social, el Ministerio Público, entre otras.
Sin embargo, ante la crisis actual que vive la niñez en Guatemala que no tiene que ver únicamente con la violencia e inseguridad, se percibe un débil sistema que carece de una política y plan de acción para proteger y garantizar la vida de los niños.
“El Estado no está respondiendo, está funcionando de forma atomizada y sin ninguna coordinación”, dijo Luis Fernando de León, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Esta falta de respuesta estatal ante los delitos contra la niñez y las mujeres se ha percibido de forma latente y fue uno de los motivos para la creación de la campaña #TengoMiedo, que se activó el pasado 15 de febrero y que fue criticada por el Ministerio Público.
Aunque los delitos contra la niñez han sido más evidentes en las últimas semanas con los asesinatos de las niñas Sharon y Hillary de 8 y 3 años respectivamente, los niños viven en constantes situaciones de vulnerabilidad.
A decir de De León, la tendencia de alertas Alba Keneth que se activan para la desaparición de niños se mantiene desde el 2019 a la fecha, esto no quiere decir que no se trate de un problema. Por el contrario, es un problema que no se ha atendido como debe ser.
Sin embargo, los atentados contra la vida no son las únicas amenazas. La falta de cobertura educativa, la explotación laboral, la violencia sexual y la desnutrición transgreden constantemente la dignidad de los NNA.
Sin sistema y sin política
Solo en el año 2020 el número de niños y niñas que cayeron en desnutrición aguda se duplicó y hasta noviembre del año pasado se reportaron 4 mil 105 embarazos producto de violación sexual a niñas menores de 14 años.
“Está pasando que no hemos hecho nada. Guatemala no tiene ningún sistema de protección, tenemos 27 instituciones de gobierno pero no están trabajando bajo ninguna coordinación”, dijo por su parte Otto Rivera, del Observatorio de la Niñez y la Adolescencia.
Rivera explica que el débil sistema de protección que tiene el país es producto de la falta de una política nacional para la protección de la niñez.
En marzo de 2018 la asamblea de la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia (CNNA) presentó la Política Pública de Protección Integral para la Niñez y el Plan de Acción Nacional para la Niñez y Adolescencia de Guatemala que demandaba la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia al momento de su aprobación en el 2003.
Pese a que la niñez en Guatemala vive en una crisis constante de violencia, salud y nutrición, esta política no se aprobó con la urgencia que lo ameritaba.
Aunque Rivera explica que la propuesta no se creó con un enfoque de derechos, menciona que se logró actualizar y mejorar. Sin embargo, está detenida en el Congreso de la República y en la Presidencia que desde el año pasado la tienen en el despacho.
Carmen Gularte, secretaria ejecutiva de la CNNA, mencionó que necesitan el dictamen técnico de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República y la aprobación del Consejo de Ministros para que se pueda emitir el acuerdo gubernativo que le dé vida a esta política.
Aunque la Presidencia se ha mostrado anuente a aprobar la política, desde antes de la pandemia, en marzo de 2020, fue compartida para su aprobación, pero aún no han recibido respuesta.
“Estamos en un diálogo constante de si existe o no existe sistema de protección, pero la debilidad del país es desde la institucionalidad, podemos modificar el sistema, pero sino modificamos la cultura institucional ni armonizamos las necesidades de la población, no vamos a poder responder” dijo Gularte.
Según explicó, el sistema de protección de la niñez tiene una debilidad en la carrera administrativa, no cuentan con el personal de formación permanente y capacitado para que trabaje a favor de la niñez independientemente de los gobiernos que estén en curso.
A decir de Gularte, hasta el momento hay muchas instituciones que están dentro del sistema de protección que no tienen claro su mandato. “La política nos puede beneficiar en la tranquilidad de las instancias porque así tienen un respaldo más además de la ley PINA”, dijo.
