Hernández manifestó que tiene conocimiento de que las niñas eran prostituidas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y que tiene un video del 2010 donde una niña declaró que ellas eran prostituidas por agentes.
Indicó que incluso la menor comentó que llegaban personas “entacuchadas” y se llevaban a las niñas a prostituirlas.
Piden justicia
Las familias de las adolescentes que fallecieron en el Hogar Seguro se pronunciaron este viernes para exigir justicia, y pedir al MP que investigue la tragedia del 8 de marzo.
En la conferencia participaron seis madres de las 41 fallecidas y el padre de una de las jóvenes que se recupera de las quemaduras, pidieron al Ministerio Público (MP) que investigue este caso.
Las familias pidieron al fiscal general, Thelma Aldana, que provea de suficientes fiscales y personal para que puedan hacer las investigaciones de la mejor manera para este caso, ya que hasta ahora solo hay tres personas capturadas, y uno de los delitos ha sido cambiado.
Rosa Espino, madre de la fallecida Rosa Tobar Espino, exigió que se haga justicia. “Que esos monitores y policías sean castigados con todo el peso de la ley, no por ser trabajadores del Estado no quiere decir que el Gobierno no los pongan donde deben estar, son asesinos de niños”, indicó.
Dasia Ramírez, madre de Ashley Gabriela Méndez Ramírez, afirmó: “Estamos acá por todas las niñas, pidiendo justicia, pidiendo que se aclare, pidiendo que los culpables sean apresados, porque esto no se puede quedar impune, es una muerte violenta lo que sucedió”.
Dasia Ramírez, madre de una menor fallecida del #HogarSeguro, afirma que no han recibido ningún apoyo psicológico ni de otro tipo del Estado pic.twitter.com/utgYcW8Pv4
— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) June 9, 2017
Agregó que dicha tragedia ha dejado marcadas a estas familias para toda la vida, y no puede ser que se quede en la impunidad.
Falta de apoyo
Representantes de la Fundación Sobrevivientes y Colectivo Tijax señalaron, además, que las familias no han recibido acompañamiento de las autoridades después de la tragedia, e incluso que una joven que retornó de Estados Unidos las autoridades indicaron que ya no le podía continuar dando el tratamiento porque había cumplido los 18 años.
Norma Cruz, fundadora de Fundación Sobrevivientes, comentó que le pidieron apoyo al Refugio de la Niñez para que recibiera en uno de sus centros a la joven porque la familia no tiene las condiciones para tenerla en su casa.
Carlos Sotoj, padre de Estefany Sotoj —sobreviviente que retornó al país el pasado 12 de abril— indicó que no le están dando ningún apoyo económico para atender a su hija, ya que tiene quemaduras en los brazos, piernas y rostro, además a la menor le amputaron cuatro dedos de sus manos.
Comentó que solo trasladarla le cuesta Q200, ya que debe pagar taxi, a esto se suma los gastos de cremas y alguna otra medicina que le receta el médico, así mismo debe llevar a su hija a terapias de rehabilitación.
Sigue la crisis
La Secretaria de Bienestar Social, Cándida Rabanales, ofreció una conferencia de prensa, donde dijo que la institución que dirige continúa “viviendo una crisis”, debido a que aún no cuentan con los espacios para atender a los menores a su cargo.
Además, indicó que están en el proceso de expulsar a los monitores que han sido detectados como no idóneos para el puesto.
“Hay situaciones que se están dando que vienen en contra de la acciones que estamos implementando”, refirió Rabanales.
