El país se encuentra en una situación difícil debido a la usurpación de tierras que afecta a miles de propietarios en todo el territorio nacional, según indica la Asociación en la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro) en su primer informe del 2025, sobre las “Usurpaciones en Guatemala”.

El informe cita datos del Ministerio Público (MP), en los que se indica que entre el 2020 y el 2025 se han presentado 13 mil 245 denuncias por los delitos de usurpación y usurpación agravada. Además, señala que, del total de denuncias contabilizadas en este período, únicamente se han efectuado 99 desalojos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que representa un 0.75%. Mientras tanto, se contabilizan 107 desalojos suspendidos, equivalentes al 0.81% de los casos.

El documento indica que el problema ha cobrado tal magnitud que, en lo que va del 2025, se reportan mil 250 denuncias, lo que proyecta un año de alta incidencia y evidencia una respuesta estatal insuficiente.

A nivel departamental, Guatemala encabeza la lista con 2 mil 799 denuncias (21.13%), seguido por Huehuetenango con mil 361 (10.28%) y San Marcos con mil 147 (8.66%). Casos como la finca Canasec (15 años invadida), finca Santa Rosita (9 años) y finca El Sauce (8 años) ejemplifican la situación del problema en regiones como Alta Verapaz, Izabal y Baja Verapaz, indica el informe.

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Entre los impactos directos de las usurpaciones, Acdepro destaca la pérdida de empleos —especialmente en el sector agrícola—, el aumento de la migración irregular hacia Estados Unidos, la desconfianza de inversionistas nacionales y extranjeros, y la violación del derecho humano a la propiedad privada.

El documento también identifica como principales obstáculos para los desalojos la corrupción, la influencia del crimen organizado, la lentitud y el costo de los procesos judiciales, el uso de niños y mujeres como “escudos humanos”, y la falta de coordinación entre instituciones como el Ministerio Público, PNC y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Además, Acdepro critica el “Protocolo Paz y Paz”, que fue implementado por la exfiscal general Claudia Paz y Paz durante su gestión del 2010 al 2014, relacionado con los desalojos y cuyo objetivo era evitar la violencia y proteger los derechos humanos, ya que —según afirman— ha derivado, en la práctica, en “burocracia e inoperancia”. Indican que dicho protocolo continúa implementándose.

Ante este escenario, la asociación urge la implementación de un protocolo de desalojo unificado y vinculante, mayor eficiencia en el gasto público y la actuación de las instituciones sin sesgos ideológicos.

“El problema no es falta de recursos, sino ineficiencia e impunidad”, concluye el informe, que alerta sobre el colapso del estado de Derecho y la urgencia de restaurar la seguridad jurídica en el país.

Actúan siguiendo los protocolos

Sobre los protocolos utilizados por la Policía Nacional Civil en temas de desalojos, el Ministerio de Gobernación indica: “El actuar de la Policía Nacional Civil es conforme la ley, actuando de manera coordinada con otras instituciones, conforme a las competencias de cada entidad. La PNC es respetuosa de los derechos humanos, y en todo momento promueve y privilegia el diálogo. Es importante aclarar que las órdenes y requerimientos de desalojo que son acatadas por la institución están basadas mediante las órdenes emitidas por juez competente”.

Mientras tanto, la PDH indica que “en cada situación de desalojo los delegados de la institución velan por que las instituciones como el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) apliquen de manera correcta los protocolos establecidos, buscando siempre llegar a una resolución por la vía del diálogo y evitar cualquier conflicto o incidente que perjudique la vida la vida de las personas”.