Esta publicación se da 12 días antes de que venciera el plazo de la tercera ampliación del acuerdo que obliga a los transportistas al pago de dicho seguro de responsabilidad civil contra terceros para el transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga, que era el 2 de febrero.
La publicación se realiza en la semana en la que transportistas había anunciado un paro de labores y bloqueos en carreteras a partir del lunes 24 de enero, si el Gobierno no deroga el acuerdo gubernativo 17-2020.
También en la semana en la que la Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito ofreció una conferencia de prensa en la que exigió al presidente Alejandro Giammattei que no volviera a aplazar la fecha para que entre en vigencia dicho acuerdo, pues consideraban que una nueva prórroga seguía dejando a su suerte a todas las familias y víctimas de accidentes de tránsito en todo el país.
El acuerdo gubernativo 9-2022 publicado este viernes 21 de enero en el Diario de Centro América menciona que la nueva reforma al acuerdo 17-2020 es debido a “la situación nacional que ha generado el virus covid-19”.
En el artículo 1 del nuevo acuerdo se reforma el artículo 14 del 17-20 el cual quedó así: El primer pago y contratación del seguro anual obligatorio de transporte colectivo urbano de pasajeros o de carga para los que realizan dicha actividad anualmente debe efectuarse dentro de 30 meses a la entrada en vigencia del presente Reglamento, y para el caso del transporte colectivo urbano de pasajeros o de carga que se autorice posteriormente a la vigencia del presente Reglamento, a partir de la fecha en que se les haya autorizado para prestar servicio”.
El nuevo acuerdo gubernativo empieza regir al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América, se lee finalmente en el documento.
Los 30 meses a los que hace referencia el acuerdo número 9-2022 se toman a partir del 20 febrero del 2020, con lo cual los empresarios tendrán hasta el 20 de agosto de 2022 para hacer efectiva la contratación del seguro.
Diálogo continuo
El Gobierno de Guatemala publicó en sus redes sociales un comunicado de prensa en el que se refiere a la ampliación por 6 meses de la entrada en vigencia del pago de seguro obligatorio para el transporte.
Menciona que esta medida es producto de un diálogo continuo, que por instrucciones del presidente Alejandro Giammattei, se ha tenido entre las autoridades del Ministerio de Gobernación y sectores interesados, tales como transportistas, municipalidades y representantes de afectados por hechos de tránsito.
Añade que las conversaciones entre las partes continuarán en febrero, marzo y abril con el fin de establecer medidas de seguridad vial en beneficio de la población guatemalteca.
Reacciones
César Bol, vocero de la Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito, dijo que están muy consternados por la ampliación de seis meses que hizo el Gobierno al acuerdo que obliga a los transportistas a pagar el seguro de daños a terceros.
Señaló que la entrada en vigor del seguro era una mínima oportunidad para que se empezara a aplicar la Ley de Tránsito en Guatemala, pero ahora 18 millones de guatemaltecos quedan sin protección nuevamente.
Bol afirmó que esta cuarta ampliación es “un pase para para que algunos empresarios sigan haciendo negocio bajo el dolor y sangre de las víctimas en las carreteras”.
Puntualizó que si bien es cierto muchas veces se sabe que los pilotos de transporte pesado o de pasajeros involucrados en accidentes van en estado de ebriedad o se afirma que los percances ocurrieron por fallas mecánicas, también los propietarios de las empresas son corresponsables, pues no contratan personas calificadas para conducir y no revisan las unidades.
Nunca los convocaron
Bol negó que la Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito haya sido convocada a las mesas de diálogo que según el Gobierno llevaron a cabo con todos los sectores involucrados.
Mencionó que dicha unidad solicitó audiencias con el presidente Giammattei y con el Ministerio de Gobernación para que los tomaran en cuenta, pero nunca lo hicieron.
Bol afirmó que la justificación que dan los transportistas para no querer pagar el seguro siempre es el tema de que están afectados por el covid-19 y porque impactará la canasta básica pero eso no es cierto.
Finalmente, Bol dijo que los abogados de la entidad están analizando presentar un amparo contra la ampliación de seis meses del acuerdo gubernativo 17-2020.
Édgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que esta nueva disposición de ampliar tendrá que ser evaluada muy profundamente y se ha sugerido que haya mesas técnicas para poder corregir lo que esté mal en el cuerpo normativo del acuerdo 17-2020 y que sea realmente una ley funcional que beneficie a la población guatemalteca, tomando en cuenta que estos incrementos por la póliza del seguro los transportistas lo trasladarán a las tarifas del transporte urbano y extraurbano generando probablemente para los usuarios en su economía familiar.
Prórrogas del acuerdo 17-2020
El Gobierno ha efectuado varias prórrogas para la entrada en vigor del pago de este seguro obligatorio para el transporte colectivo y de carga.
El acuerdo 17-2020 fue emitido el 13 de enero del 2020 y entró en vigor el 20 de febrero de ese año. Estableció que el primer pago y contratación del seguro se debía hacer dentro del mes siguiente a su publicación.
En marzo se detectó el primer caso de covid-19 en Guatemala y el Gobierno decretó toque de queda, hubo restricciones de movilidad, se cerró el transporte colectivo y el trabajo no esencial.
El 19 de octubre del 2020 con el Acuerdo Gubernativo 174-2020 reformó el artículo 14 del 17-2020, y estableció en un año (12 meses, a partir del inicio de vigencia del reglamento) el tiempo para que los transportistas pagaran el seguro, es decir hasta el 21 de febrero del 2021.
Entre las consideraciones del Acuerdo Gubernativo 174-2020 se señalaba que la prórroga era por la situación nacional que ha generado el covid-19.
El 10 de marzo de 2021 el Gobierno publicó el Acuerdo Gubernativo 38-2021, con el cual se vuelve a ampliar el plazo para el pago del seguro, en esta ocasión por 18 meses a partir de la entrada en vigor de ese reglamento. Con ello los transportistas debían cumplir con esa obligación de contratar el seguro de responsabilidad civil a partir del 21 de agosto del 2021.
La otra prórroga fue el lunes 2 de agosto de 2021, cuando el Ministerio de Gobernación publicó el Acuerdo Gubernativo 156-2021 que subió a 24 meses, a partir de la entrada en vigencia del reglamento, el tiempo para pagar el seguro que vencían en febrero de 2020.
La cuarta prórroga ocurrió el 21 de enero de 2020, con la publicación del Acuerdo Gubernativo 9-2022, en el que aumenta a 30 meses, a partir de la entrada en vigencia del reglamento, la fecha para que los transportistas paguen el seguro.
Los 30 meses a los que hace referencia el acuerdo 9-2022 se toman a partir de febrero del 2020, con lo cual los empresarios tendrán hasta el 20 de agosto de 2022 para hacer efectiva la contratación del seguro.
262 accidentes en 5 meses
La Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (Agis) recopiló 262 accidentes de tránsito de septiembre del año pasado a enero del 2022 en los que se han visto involucrados transportes pesado, público o de carga.
Según los datos que compartió Agis durante el Foro: El seguro pospandemia, los 262 accidentes dejaron 134 fallecidos y 662 personas heridas, esto representa Q25 millones en daños estimados.
“La mayoría de los costos asociados a este tipo de accidentes de tránsito se cargan al Estado de Guatemala”, señaló Christian Nölck Rodríguez, presidente Agis.
El directivo enfatizó la importancia de que entre en vigencia la totalidad del Acuerdo Gubernativo 17-2020 donde incluye la reglamentación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte de pasajeros y de carga.
