Sin embargo, luego del rechazo periodistas y organizaciones de derechos humanos, Brito se comprometió a no publicarlo.
El acuerdo, de 13 artículos, y al que Prensa Libre tuvo acceso, detalla la forma en que se debe implementar el programa y de esa forma establecer un mecanismo de protección a periodistas.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) y la Asociación Artículo 35, cuestionaron el acuerdo al indicar que no se había consensuado con periodistas y que eso es fundamental para su éxito.
De igual manera, se señaló que Morales pasó cuatro años atacando y hostigando a periodistas y medios, por lo que no tiene legitimidad para presentar un plan no consensuado con periodistas.
Uno de los artículos más polémicos era el segundo: “El Programa de Protección a Periodistas, Comunicadores y Medios de Comunicación Social estará incorporado la estructura organizacional del Ministerio de Gobernación (…) bajo la responsabilidad directa e inmediata del ministro de Gobernación, quién determinará a través de un acuerdo ministerial, los procedimientos y responsabilidades pertinentes”.
Es decir que sería el Ministerio del Interior el encargado de elaborar el documento del Sistema de Protección a Periodistas en la cual se debe establecer la ruta a seguir en casos de agresiones, amenazas e intimidaciones a los comunicadores.
En el artículo 9 establecía: “El Ministerio de Gobernación será la autoridad responsable de la planificación, implementación y evaluación del Programa de Protección a Periodistas, así como la coordinación de esfuerzos y recursos con otras entidades y dependencias estatales, así como entidades y organismos internacionales”.
Además, ese ministerio también sería el encargado de destinar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su funcionamiento.
Uno de los principales temores de los comunicadores es que el próximo gobierno tendrá en los principales cargos de Gobernación a militares acusado de violaciones a los derechos humanos.
“Un programa de protección a periodistas debe ser discutido con periodistas, y que yo sepa, eso no se ha realizado”, dijo el periodista, Miguel González Moraga.
Reuniones
La oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en Guatemala por medio de su cuenta de Twitter dio a conocer que han apoyado desde hace varios años la gestión para creación de un mecanismo especial para la protección de periodistas, ya que es parte de su mandato, pero que recientemente no han participado en reuniones sobre el tema.
También indicaron que es imprescindible que participen las principales organizaciones de periodistas del país.
En el año 2010 el Estado de Guatemala durante el Examen Periódico Universal de Guatemala de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adquirió el compromiso de impulsar un programa de protección de periodistas, debido a los riesgos para ejercer esa profesión en Guatemala.
En octubre de 2015 fue presentado un documento denominado: Sistematización Avance en la Propuesta, pero el mismo contenía una serie de deficiencias de acuerdo con defensores de los derechos humanos.
Investigación penal
En 2001 fue creada de Unidad de Delitos Contra Periodistas, adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos, pero su trabajo también ha sido cuestionado por entidades de prensa y comunicadores, ya que la mayoría de los casos no avanzan y se quedan engavetadas.
Luis Daniel Ordoñez, fiscal de esa unidad, dio a conocer que durante este año se presentaron 73 denuncias, incluidas, 29 por amenazas y 15 por coacción.
Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en varias visitas que ha realizado a Guatemala ha manifestado su preocupación por los constantes ataques a periodistas.
Entre los principales problemas que manifestado Lanza se encuentra amenazas, agresiones y acciones de censura.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) mediante el acuerdo 03-2019 creo a principios de noviembre de este año la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Mientras que el 15 de noviembre el Ministerio Público (MP) anunció la creación de la Fiscalía de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
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