El domingo 12 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, una fecha para reflexionar sobre la importancia de garantizar el derecho y acceso a la salud de calidad a todas las personas, para alcanzar su desarrollo y bienestar humano, según menciona la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este año el lema es “Sin dejar atrás la salud de nadie: invertir en sistemas de salud para todos y todas”.
De acuerdo con Zulma Calderón, Defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la cobertura es uno de los indicadores más importantes que evidencian lo injusto e inequitativo que es el Sistema de Salud en Guatemala, en el que la mayoría de la población no tiene acceso a los programas más básicos.
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Cuando la salud es un derecho fundamental, los guatemaltecos deben pagar por la atención y los medicamentos al no existir suficiente capacidad estatal para garantizarlos sin costo para el usuario. El 58 por ciento del gasto sanitario sale del bolsillo de la población.
La inversión del país en Salud es del 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cuando un 6 por ciento es el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que limita el acceso igualitario a la atención sanitaria.
Alrededor de un 70 por ciento de los guatemaltecos recurre al sector público, pero su cobertura es débil. En el 2018 se contaban 0.9 servicios en la red del Ministerio de Salud por cada 10 mil habitantes, y para cubrir a igual número de personas había 3.4 médicos, 1.82 enfermeros profesionales y 12.45 auxiliares de enfermería. Con infraestructura y personal sanitario escaso es difícil que la atención llegue a los puntos más alejados del país.
Tan solo el 18 por ciento de la población es atendida por el Seguro Social, y una cuarta parte de los guatemaltecos cuenta con algún tipo de seguro de asistencia sanitaria.
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Calderón señala que los sistemas de salud más robustos son aquellos que tienen dentro de sus políticas públicas el respeto al derecho humano a la salud, y reconocen que es un derecho universal, pero en Guatemala no sucede y se ha convertido en privilegio para unos cuantos.
“Nuestro sistema también es centralizado, solo para los que viven en las áreas urbanas, los que tienen posibilidades o recursos económicos para acceder no solo a los servicios de salud, sino también a los tratamientos”, agrega.
En el país el enfoque ha sido financiar la enfermedad, una reestructuración del sistema de salud partiendo de la base de que los servicios deben de estar articulados con un sistema de prevención fuerte, es uno de los retos para encaminarse al acceso sanitario universal, dice la defensora de la PDH.
El informe Agenda de Desarrollo: Salud y Nutrición, elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, señala que el Sistema de Salud guatemalteco tiene como principal desafío el “hacer la transición desde un sistema centrado en la enfermedad hacia uno centrado en la salud”, en el que se prevengan las enfermedades, con enfoque en la población más vulnerable que residen en las áreas rurales.
La pandemia dejó claro que Guatemala no estaba preparada para una crisis sanitaria de este nivel, pero también debió ser la oportunidad, según Calderón, de trabajar en fortalecer el Sistema de Salud Púbica, que garantice acceso y cobertura a todos los guatemaltecos. Sin embargo, no hay señales de un cambio.
